VUELVE LA PESADILLA

Los primeros que llegaron fueron los curiosos, atraídos por el estruendo. Algunos se acercaron
a ayudar a los heridos, a liberarlos de los escombros y los hierros retorcidos. Después llegó la Policía, sus
automóviles con sirenas encendidas, las cintas amarillas para demarcar la zona. Luego arribaron las
ambulancias con médicos apresurados y camillas. Tras de los agentes llegaron los funcionarios del CTI, con
bolsas azules para los cuerpos de las víctimas y tizas, para dibujar en el piso las siluetas de los muertos.
Entonces aparecieron los familiares de las víctimas: la calle se llenó de gritos de dolor. Por último llegó el
alcalde Enrique Peñalosa, quien observó el lugar con rabia inocultable, lo recorrió a grandes zancadas y
ofreció su voz de aliento a los heridos.El único que no llegó nunca fue el Presidente de la República. Ni a las
pocas horas, ni esa noche, ni al día siguiente. El presidente Andrés Pastrana no dijo una sola palabra sobre el
tema. Al igual que el día en que las Farc asesinaron a los misioneros de Estados Unidos, el gobierno
decidió adoptar una política cautelosa. El Ministro de Justicia salió a los micrófonos con los decretos de
extradición de tres narcotraficantes en la mano: un colombiano, un cubano y un venezolano. Pero la firma de
esos decretos había ocurri-do algunas horas antes de la bomba y su existencia se daba por descontada
desde la noche del miércoles.Lo anterior no habría sido tan grave si no existiera el precedente de las
declaraciones del presidente Pastrana durante su último viaje a Estados Unidos. De manera coloquial y
haciendo referencia a la operación Milenio, en la que la Policía Nacional capturó a un grupo numeroso de
narcotraficantes, el Presidente advirtió: "Si me hacen terrorismo los extradito a todos". Con una declaración
de esa naturaleza el primer mandatario hizo una invitación a una pesca en río revuelto, a tal punto que hoy
en día los investigadores especulan con escenarios que incluyen la posibilidad de que la bomba haya sido
detonada por alguien interesado precisamente en que ocurriera lo que el Presidente advirtiera días antes.
Evidentemente, la hipótesis de que el narcotráfico esté detrás de esa operación es, en todo caso, la más
fuerte (ver siguiente artículo).Pastrana, el bomberoEs en situaciones como estas que la opinión se
pregunta en qué anda el presidente Pastrana, si se encuentra tan aislado como se ha dicho y si su equipo
de gente es tan conciliador como parece. Pero lo cierto es que el asunto no es tan fácil como se cree y,
aun cuando el manejo del Presidente demuestra insensibilidad y falta de sentido político, el reto que
significa la reaparición del narcoterrorismo en la vida colombiana no es poca cosa.La memoria que tienen los
colombianos sobre el tema está asociada con la figura aterradora de Pablo Escobar. Decenas de colombianos
cayeron bajo las bombas del cartel de Medellín en lugares populosos como el Centro 93, el Bulevar Niza, la
calle 72, la carrera séptima con 59, El Espectador o el edificio del DAS. En esos años salir a la calle era ya un
acto de coraje. Todas y cada una de esas acciones de barbarie estuvieron dirigidas a evitar la extradición de
narcotraficantes colombianos a Estados Unidos. La institución, que fue luego prohibida
constitucionalmente por la Asamblea Constituyente en 1991, logró unificar a los narcos, quienes crearon una
razón social liderada por el propio Escobar: 'Los Extraditables'. Con la extradición como objetivo central,
ellos asesinaron, secuestraron e intimidaron a la clase política, al gobierno y a la sociedad en general.Con
algo de éxito en su momento. Como dice Gabriel García Márquez en su recuento de la época, Noticia de un
secuestro, "la prioridad (del gobierno) era contra el narcoterrorismo pues con las primeras bombas la opinión
pedía la cárcel para los narcoterroristas, con las siguientes pedía la extradición, pero a partir de la cuarta
bomba empezaba a pedir que los indultaran".Lo anterior lo saben los narcos. Pero también lo sabe la guerrilla.
No hay que olvidar que el discurso de Raúl Reyes en la instalación de las reuniones de la mesa negociadora
hace unas semanas se dedicó, en buena medida, a atacar la extradición y que Estados Unidos ha
advertido que espera que los responsables de la muerte de los misioneros le sean entregados luego de su
eventual captura.Lo cierto es que la extradición es quizás el único factor de cohesión entre los paramilitares, la
guerrilla y los carteles de la droga, su único enemigo común. Por distintos motivos los dirigentes de estos
tres grupos al margen de la ley están cada vez más en la mira de los gringos. Los narcos, por obvias razones.
Los guerrilleros, por el caso de los misioneros. Y los paras por los temas de derechos humanos y su
relación con el narcotráfico, la cual es similar a la de la guerrilla según el Departamento de Estado.La bomba
en la avenida Pepe Sierra toma al gobierno en un pésimo momento. La coyuntura económica, política y
social es mucho más frágil que la de hace 10 años. Hay un ambiente de pesimismo e incertidumbre sobre
el futuro. A las dificultades que vive el colombiano común hay que agregarle ahora el regreso de la paranoia
y el terrorismo sicológico. El viernes hubo una llamada sobre la existencia de una bomba en un avión de
línea que viajaba a Popayán y, ante la amenaza de ataque guerrillero en tierra, la aeronave tuvo que ser
escoltada hasta el aeropuerto de Popayán por dos helicópteros artillados del Ejército. En no pocas
edificaciones y en los centros comerciales se ha regresado a la utilización de los perros antiexplosivos ante la
posibilidad de un ataque con carro bomba.La verdad es que los terroristas lograron ya buena parte de sus
propósitos. La ciudadanía está angustiada. El tema de Estados Unidos, que durante varios meses estuvo
dedicado a la lucha contra los cultivos, la ayuda militar, el Plan Colombia y la Brigada Antinarcóticos,
ha vuelto a un escenario que es sólo negativo: el de la extradición. El gobierno, por su parte, ha quedado
como los héroes de las tragedias griegas: con cara pierde y con sello también. Pero esto último no se debe a
la bomba misma sino a la ausencia total de reflejos por parte del Presidente y de su equipo. Hoy al
gobierno sólo le queda una alternativa, que es la de extraditar, y ya es mala porque aparece poniéndola en
práctica varios días tarde ante dudas sobre la autoría del atentado y bajo presión de Estados Unidos.El
regreso del narcoterrorismo pondrá de nuevo en el tapete el debate que ha signado la vida nacional durante
tantos años: el de la utilidad de la extradición como instrumento para hacerle frente a los carteles. Y ese
debate se lleva a cabo habitualmente ante una opinión pública cuya capacidad para resistir los embates
indiscriminados de los criminales, como se evidencia en la cita de Gabo, no es ilimitada.Pero al fin y al
cabo por eso se dice que los gobiernos no toman decisiones entre lo bueno y lo malo sino entre lo malo y
lo peor. En este caso, como en tantos otros, el Presidente sale ante la opinión no con galones de general
sino en su ya habitual traje de bombero.
El viacrucis de la extradición
La historia jurídica colombiana muestra que durante más de un siglo la extradición fue un tema de menor
alcance que durante años se rigió por estatutos legales y procedimentales y no por mandatos
constitucionales. Colombia fue desde el siglo pasado uno de los primeros países en suscribir tratados
internacionales de lucha contra el crimen, consciente de que el delito tenía que ser atacado más allá de las
fronteras patrias y para evitar que el territorio nacional se convirtiera en un refugio de delincuentes, según
consta en las motivaciones expuestas en años anteriores. El siguiente es el camino que ha sorteado la
extradición en Colombia.
1888: Durante la presidencia de Carlos Holguín, Colombia suscribió un tratado multilateral de extradición. Por
primera vez se mencionó el tráfico de sustancias controladas como delito causal de extradición. Se fijó la
extradición por vía administrativa como mecanismo aplicable.
1936: En el mandato de Alfonso López Pumarejo se introdujo en la ley colombiana, por primera vez, el tema
de la extradición para actualizar y adecuar lo que ya estaba en tratados internacionales. La extradición de
colombianos se contempló en el Código Penal de ese año.
1938: Se estableció en el Código de Procedimiento Penal el trámite para aplicar la extradición introducida en
1936. Quedó estipulado cuándo se asegura el trámite previsto en los tratados y cuándo en el trámite de la ley
colombiana.
1979: El entonces embajador de Colombia en Washington, Virgilio Barco Vargas, suscribió el tratado de
extradición con Estados Unidos con el secretario de Estado Cyrus Vance. Quedó establecido que el trámite
para extraditar será mixto: el gobierno podrá extraditar previo concepto de la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia.
1980: El Congreso colombiano aprobó el tratado y lo incorporó a la legislación interna como la Ley 27 de
1980. El nuevo Código Penal y la figura de la extradición de colombianos se mantuvo.
1982: Llegó a la presidencia Belisario Betancur Cuartas y anunció que no extraditaría por razones
filosóficas.1983: La sala penal de la Corte conceptuó favorablemente varios pedidos de extradición pero el
gobierno, discrecionalmente, los negó, entre otras extradiciones las de Lucas Gómez Vengrieken y
Emiro de Jesús Mejía. 1984: El 30 de abril fue asesinado Rodrigo Lara Bonilla. El presidente Betancur cambió
su criterio de no extraditar y el 2 de mayo anunció que extraditará colombianos para que sean juzgados por
justicias extranjeras.Y la nave va... Después de que la Corte Suprema y el gobierno reactivaran la extradición
hay más de 30 personas en la lista de espera para subirse al avión de la DEA. La gran pregunta es: ¿Qué
pasará con los grandes capos que están actualmente en las cárceles colombianas? Para que estos 'peces
gordos' sean extraditados a Estados Unidos se necesita probar que hayan delinquido desde la cárcel después
de 1998 y que tengan juicios pendientes en Estados Unidos. Estos personas, y otros 24 capturados más
durante la operación Milenio, son solicitados en extradición por la justicia norteamericana. Sus expedientes
están pendientes de pasar a estudio a la Corte Suprema. La extradición de estos cinco narcotraficantes está
siendo estudiada por la Corte Suprema de Justicia colombiana. Luego del visto bueno dado por la Corte
Suprema de Justicia y de la autorización del gobierno, estos tres narcotraficantes tienen prácticamente un
pie en el avión. Sólo les queda un recurso de reposición. n el viacrucis de la extradición
1985: El 5 de enero fueron extraditados los cinco primeros colombianos hacia Estados Unidos, entre ellos el
dirigente deportivo Hernán Botero Moreno.
1986: Una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, presentada por Tito Noel Barrios, logró que se
declare inexequible la Ley 27 de 1980, aprobatoria del tratado de extradición con Estados Unidos._El fallo
de la Corte, dictado el 12 de diciembre, faltando pocos días para el cierre del año judicial, advirtió que la
ley aprobatoria fue sancionada irregularmente por el ministro delegatario con funciones presidenciales
Germán Zea Hernández. El 14 de diciembre, 48 horas después, el presidente Virgilio Barco resancionó el
proyecto de ley y restableció la extradición hacia Estados Unidos a través de la Ley 68 de 1986.
1987: El 12 de febrero fue extraditado hacia Estados Unidos Carlos Ledher pocas horas después de su captura