Vuelven los mandatos presidenciales de un solo término

El punto más trascendental de la reforma al equilibrio de poderes fue el que menos ruido generó: el que volvió a prohibir la reelección, inmediata o no, de los presidentes. Esto significa que Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos pasarán a la historia como los únicos mandatarios con ocho años en el poder. A partir de ahora, y por la reforma que aprobó el Congreso esta semana, los presidentes solo podrán gobernar durante un cuatrienio.

La norma pasó sin trauma los ocho debates en el Congreso. Se opuso el Centro Democrático cuya cabeza, el expresidente Álvaro Uribe, se benefició en 2006 del cambio del ‘articulito’ que prohibía la reelección. Pero las amplias mayorías en favor del desmonte permitieron que la no reelección regresara a la Carta política, sin dolor ni mucho ruido. Casi no hubo debate. Paradójicamente, en 2006 se había adoptado el cambio en sentido contrario, que permitía la candidatura del mandatario en ejercicio –Álvaro Uribe– en medio de un ambiente político altamente favorable. En ese entonces –sobre todo en el Senado, porque después, en la Cámara, las cosas se complicaron– la reelección fue aprobada con la misma facilidad con que, la semana pasada, volvió a prohibirse.

Lo anterior demuestra que no existe fórmula mágica, ni definitiva, en materia de reelección. La historia constitucional colombiana demuestra que el país ha pasado por todas las alternativas posibles. El régimen legal en esta materia ha estado ligado a la duración del periodo para el cual son elegidos los presidentes. Colombia llegó a tener mandatarios de ocho años y hasta de seis con posibilidad de reelección inmediata pero con la obligación de renunciar un año y medio antes de terminar el primer mandato. El periodo de mayor estabilidad fue el de 1910 a 1990 a partir de Rafael Reyes, quien en una constituyente prolongó su mandato a diez años que en realidad se quedaron en cinco.

Durante este lapso de 80 años la Constitución permitió a los presidentes optar por reelegirse, pero no inmediatamente: tenían que esperar cuatro años para volver a postularse. Solo Alfonso López Pumarejo logró un segundo cuatrienio, aunque no lo terminó, y Carlos Lleras y Alfonso López Michelsen fueron derrotados en sus intentos de regresar al poder. Curiosamente, en ocho décadas de vigencia de la reelección, solo un presidente la alcanzó.

En la Asamblea Constituyente de 1991 se volvió a prohibir la candidatura del titular del Palacio de Nariño. Con amplia presencia del Movimiento de Salvación Nacional y del M-19, la mayoría consideró que la reelección era una figura nociva para la renovación política y para la formación de nuevos liderazgos, y una licencia para perpetuar clanes familiares y para formar caudillos. La nueva Constitución, que tenía el lema de crear “un nuevo país”, prohibió del todo la reelección, inmediata o no.

Pero la fórmula solo duró 15 años. Noemí Sanin, entonces embajadora, y Fabio Echeverri, exgerente de la primera campaña de Álvaro Uribe, propusieron “modificar el ‘articulito’” para permitir una nueva elección de su jefe en 2006. La Corte Constitucional avaló la reforma, pero después tumbó otro intento que habría permitido la candidatura de Uribe en 2010. Vale decir, para quedarse por un tercer periodo. La agitada historia termina con el curioso capítulo de un Juan Manuel Santos reelegido en 2010 con la promesa de acabar con la reelección, que fue lo que ocurrió la semana pasada en el Congreso.

El desmonte de la reelección inmediata significa un regreso al espíritu de la Constitución de 1991. La Constituyente era antireeleccionista. De hecho, la norma aprobada ahora no solo prohíbe el regreso de los presidentes, sino el de todos los altos funcionarios del Estado: contralor, procurador, defensor del pueblo. Bajo el actual clima político, que denota altas cifras de insatisfacción hacia los líderes políticos, esa medida goza de un amplio respaldo.

El hecho de que el regreso a la prohibición se haya realizado con tanto consenso y poco debate no significa que la reforma no tenga profundas repercusiones. El periodo del presidente de la República y sus posibilidades de extenderlo son la columna vertebral del sistema político. En los últimos años, por ejemplo, América Latina ha avanzado en la dirección contraria: varios países han permitido la reelección inmediata y hasta indefinida. El continente había dejado atrás momentos oscuros de inestabilidad o gobiernos dictatoriales y, al facilitar una expresión popular más fidedigna, produjo una cosecha de presidentes que cambiaron la tradición. Llegaron exguerrilleros (Pepe Mujica en Uruguay; Dilma Rousseff en Brasil; Daniel Ortega en Nicaragua), exgolpistas (Hugo Chávez en Venezuela); líderes cocaleros (Evo Morales en Bolivia), exlíderes sindicales (Lula da Silva en Brasil). Este grupo de gobernantes fortaleció la autoridad presidencial y adoptó regímenes reeleccionistas de diferentes características. Con excepción de México, donde la no reelección es un principio tradicional, simbólico y emblemático, en casi todas partes rige algún tipo de reelección.

Colombia acaba de dar un paso en contravía del continente. Las reelecciones de Álvaro Uribe (en 2010) y de Juan Manuel Santos (en 2014) dejaron el sabor de que las candidaturas de quienes están en el poder tienen ventajas y beneficios que desequilibran las garantías en contra de las alternativas de oposición. En el imaginario colectivo actual la reelección facilita el caudillismo, alimenta las roscas y golpea a instituciones como los partidos políticos. Y si en América Latina la mayoría de los países está buscando continuidad y estabilidad –pagando un alto precio en términos de concentración de poder, autoritarismo y deterioro del Estado de derecho–, la Colombia de 2015 le está apuntando a más competencia, pluralismo y garantías.

Por todo lo anterior, el regreso de la no reelección no es un asunto menor. El papel de los expresidentes, por ejemplo, se modifica. No es lo mismo un ‘ex’ con la aureola de que puede volver a ser candidato, que uno que ya está retirado para siempre. Durante el siglo XX, quienes habían ejercido la primera magistratura conservaron siempre un enorme poder porque eran aspirantes en potencia. La Constitución del 91 acabó con esa figura y ahora, hacia el futuro, se volverán a parecer a los famosos “muebles viejos” de los que hablaba López Michelsen. Caso excepcional es el de Álvaro Uribe cuya popularidad –y deseos de vigencia– se extiende con el paso de los años y que se ha jugado su permanencia como senador, al no poder ser presidente.

Pero el ambiente político es antireeleccionista. Tanto, que el Congreso no se limitó a prohibir las candidaturas de los presidentes y expresidentes, sino que la extendió a todos los funcionarios. Y fue más lejos: si a alguien –como a Fabio Echeverri en 2010– se le vuelve a ocurrir volver a cambiar el ‘articulito’, no podrá hacerlo mediante una decisión del Congreso. Solo el constituyente primario, a través de un referendo, podrá ejercer esa atribución, lo cual es aún más difícil. Los mandatarios colombianos se limitarán a solo cuatro años, por ahora y por un periodo largo.