La millonaria extinción de dominio a los bienes del ‘zar’ de la chatarra

Un juez especializado de Extinción de Dominio de Bogotá tomó la primera decisión para que James Arias, más conocido como el ‘zar’ de la chatarra, pueda reparar a sus víctimas, en este caso, la DIAN. Lo hizo ordenando el traspaso a favor del Estado de 277 bienes inmuebles entregados por Arias y Luis Eduardo Luengas, también involucrado en el proceso.

El zar fue condenado el pasado 6 de septiembre por entregar documentos que les servían a empresarios con organizaciones de fachada para simular operaciones comerciales y luego reclamar a la DIAN el valor del IVA.

Según el expediente de la Fiscalía conocido en su momento por Semana.com, Arias Vásquez hacía parte de una red de lavado de activos en la que había un acuerdo que “consistía en adquirir material de contrabando procedente de Venezuela, a través de la frontera con Norte de Santander”.

“Luego se legalizaban inventarios como si se tratara de compras nacionales (con ayuda de asesores contables y tributarios) y con estos soportes documentales y la expedición de certificados al proveedor de C. I. Mundo Metal y C. I. Metal Comercio -empresas pertenecientes al zar-, solicitaban de manera fraudulenta la devolución ante la DIAN y la mercancía como tal seguía su rumbo a mercados internacionales”, dice el documento.

A través de esas actividades el ‘zar’ se hizo a un importante capital. Por eso, él ofreció bienes avaluados en más de 300.000 millones de pesos con el fin de resarcirse y de buscar una rebaja de pena. Así, con la decisión del juzgado, ese capital pasará a manos del Estado.

Además de resolver rápidamente la situación judicial del zar por la colaboración con la justicia  y la reparación, él recibirá un beneficio más. Según la Fiscalía, él y su socio, Luis Eduardo Luengas, se quedarán con el 3 % del ese dinero. Esto quiere decir que Arias recibiría cerca de 3.000 millones de pesos. 

Los bienes hacen parte de las sociedades empresariales Grupo Aliados S.A.S y Grupo Empresarial L.R S.A.S. Estas firmas fueron creadas para darles apariencia de legalidad a los dineros obtenidos ilícitamente, según el ente acusador.

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