La empresa air-e suministra energía en el departamento de Atlántico.
La empresa air-e suministra energía en el departamento de Atlántico. | Foto: A.P.I

NACIÓN

Demanda de nulidad ante el Consejo de Estado por incremento de tarifas de energía en el Caribe

Se espera lograr una reducción en las tarifas que pagan los usuarios de los operadores Air-e y Afinia.

23 de junio de 2022

El pasado jueves 9 de junio se llevó a cabo la Cumbre de Alcaldes de Capitales del Caribe, realizada en la ciudad de Barranquilla, donde se habló de la prestación del servicio de energía eléctrica por parte de las empresas Air-e y Afinia.

Los alcaldes asistentes: Jaime Pumarejo, de Barranquilla; William Dau, de Cartagena; Carlos Ordosgoitia, de Montería; Andrés Gómez, de Sincelejo; José Ramiro Bermúdez, de Riohacha, y Mello Castro, de Valledupar, cuestionaron el papel del Gobierno nacional frente a la vigilancia de la prestación del servicio, lo que ha derivado no solo en altas tarifas, sino también en continuos cortes y suspensiones. Por eso, emitieron una declaración conjunta, en la cual hacen un llamado al próximo presidente a asumir la financiación necesaria para que los precios regresen a los niveles normales.

En la mañana de este jueves 23 de junio, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, en la sección primera del Consejo de Estado interpuso una demanda de nulidad contra la resolución de la Comisión para la Regulación de Energía y Gas (Creg), con el objetivo de lograr una reducción en las tarifas que pagan los usuarios de los operadores Air-e y Afinia.

El mandatario expresó en la Cumbre de Alcaldes de las Capitales del Caribe, semanas atrás, que “se trata de un acto de justicia y equidad con los usuarios de la costa”. El esquema regulatorio de la Creg derivó en un incremento acumulado de la tarifa plena del 62,5 % –o si se compara con la llamada “Opción Tarifaria”, del 33,4 %–, entre junio de 2021 y abril de 2022, ubicándose el mayor aumento en el componente de ‘pérdidas reconocidas’.

Por esa razón, la región Caribe quedó pagando las tarifas más caras en el país por el servicio de energía: un hogar de estrato uno de Bogotá paga, en promedio, $36.039, mientras que una familia del mismo estrato en Barranquilla, a causa de una mayor necesidad de consumo por las condiciones climáticas de la región y por el difícil efecto de tener la tarifa más alta de Colombia, recibe una factura promedio de $90.526.

“Estamos hablando en nombre de millones de familias que injustamente pagan un servicio caro, porque no se hicieron las inversiones que en su momento se requerían. Por eso nos hemos unido los alcaldes de las capitales del Caribe para buscar alternativas. Lo que queremos es, desde nuestros mandatos, seguir ayudando a que la costa norte de Colombia pueda seguir superando la pobreza, el desempleo, y esta es una situación que, sin duda, se convierte en un obstáculo”, expresó el alcalde Pumarejo.

A esta iniciativa de buscar una reducción en las tarifas de energía se sumaron los alcaldes de las ciudades capitales del Caribe: Montería, Riohacha, Cartagena, Sincelejo y Valledupar, quienes firmaron una declaración en la que expresan su inconformidad ante la situación.

“Una manera de llevarlo a cabo sería la creación de un Fondo Regional de estabilización de precios, con recursos públicos que compensen de manera directa los incrementos de los costos de la energía, para lo cual también convocamos el acompañamiento del Congreso de la República que se instalará el próximo 20 de julio”, proponen los alcaldes en el documento.

Hay que resaltar que, la región Caribe colombiana cuenta con condiciones climáticas diferentes, particularmente las altas temperaturas disparan el consumo energético y el costo del servicio de electricidad, a diferencia de otras regiones del interior del país.

El incremento en las facturas está afectando de manera notable la economía de las familias de los estratos 1 y 2 que, según el Dane, representan el 54,4 % de la población general; adicionalmente, el 94 % de la subnormalidad eléctrica se concentra en el Caribe colombiano. La afectación es a todos los niveles de consumo residencial y amenaza la productividad económica de la costa.