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“No somos capaces de pagar las imposiciones del Invima”: gremio avícola de Santander

Microempresarios contemplan la posibilidad de cerrar ante la crisis financiera que atraviesan.


En total incertidumbre se encuentran los propietarios de las plantas especiales de sacrificio avícola en el departamento de Santander, debido a la falta de recursos económicos para cumplir con los requisitos que les exige el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para su funcionamiento legal.

De acuerdo con voceros del gremio Avícola, la crisis económica surge a raíz del requerimiento que hace el Invima a las plantas especiales de sacrificio de aves, por medio del Decreto 1500 de 2007, en el que, entre otras cosas, exige la presencia de un inspector sanitario enviado por esta autoridad, pero que deben pagar los mismos microempresarios.

“En este momento la mayoría de plantas ya logramos la certificación sanitaria con el Decreto 1500, Resolución 241. Pero, en este decreto se menciona que ahora cada planta especial debe tener un inspector permanente del Invima; estamos de acuerdo con esto, pero no con pagarlo nosotros porque no tenemos la capacidad de pagarlo, ya que son costos muy altos”, explicó Jorge Chacón, vocero de las plantas de sacrificio.

Las más de seis plantas de sacrificio que existen en el departamento de Santander tienen permiso para tratar 3.000 aves por día, la mayoría ya cuenta con granjas certificadas y, en general, con el cumplimiento de los requerimientos del decreto en mención.

Aunque la cifra de sacrificio podría considerarse como alta, no lo es, toda vez que son medidos con los mismos parámetros con las grandes plantas, la cuales sacrifican hasta 30 mil aves diariamente, y sumado a esto enfrentan la competencia de las plantas de sacrificio ilegales.

Por ello, piden que les incrementen el cupo de sacrificio para poder solventar las crisis financiera que atraviesan y que se ha hecho más notoria desde la pandemia de covid-19. “Al no ser capaces de pagar los requerimientos del Invima, las plantas se ven obligadas a cerrar. Entonces son entre 30 y 50 personas que quedarían sin empleo si no pagamos el inspector y, además, hay que pagarlo por adelantado”, sostuvo Chacón.

Y agregó que “somos empresas que tenemos gran incertidumbre en temas de viabilidad financiera; por ello interpusimos un recurso de reposición ante el Invima solicitando que replanteen la imposición del inspector. Con 3.000 aves es muy difícil sacar utilidad, necesitamos que nos incrementen el cupo y nos midan con el mismo nivel de igualdad”.

A esta petición se suman las más de 60 plantas de sacrificio especial que hay en el resto del país, pues consideran que están siendo víctimas de una persecución por parte de las entidades estatales, ya que cada vez que cumplen con todos los requisitos exigidos, les imponen uno nuevo.

“Estamos muy preocupados con esta situación. En mi caso somos las únicas plantas especiales de sacrificio de aves que quedan en el Valle del Cauca, porque el resto las cerraron; la persecución es tenaz. Nosotros ya atendimos el requerimiento del Invima de solicitar la visita del funcionario a nuestra planta, pero eso representa costos que nos queda difícil asumir”, dijo Javier Santamaría, directivo de la planta especial del Valle del Cauca.

Asimismo, aseguró que no son comercializadores, sino prestadores de servicio y no pueden costear los gastos que representa tener un inspector de tiempo completo en las plantas. “Estamos contemplando la posibilidad de cerrar, porque nos están haciendo un ataque frontal”.

Por su parte, el Invima aclaró que el Decreto 1500 y los requerimientos exigidos no son expedidos por el Invima, sino por el Ministerio de Salud y a su vez el Ministerio del Interior y Cultura. Además, indicó que todo es parte de un proceso de transitoriedad que se ha venido dando en el país desde el año 2007.