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Denuncian que un hotel, una finca y una compañía embotelladora se estaban robando el servicio de agua con conexiones ilegales en Cartagena
Los casos se habrían presentado en los corregimiento de Bayunca y Pontezuela.
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Aguas de Cartagena, la empresa encargada de suministrar el preciado líquido en la capital de Bolívar, denunció tres casos en los que, al parecer, se estaba captando el servicio de manera ilegal en los corregimientos de Bayunca y Pontezuela.
En palabras más sencillas, técnicos de la compañía habrían detectado conexiones ilegales en tres inmuebles, por medio de las cuales buscaban beneficiarse con mayor cobertura del servicio, evadiendo los costos relativos.
En Bayunca, por ejemplo, Aguas de Cartagena encontró que una empresa embotelladora manejaba una acometida conectada de manera no autorizada a la red principal de distribución de agua potable. El hallazgo tuvo lugar en una bodega, ubicada sobre la carretera La Cordialidad, a la altura del kilómetro 17. En ese sitio opera la embotelladora de razón social La Latina.
De acuerdo con la compañía, con este tipo de prácticas se consumieron ilegalmente 3.816 metros cúbicos, equivalentes a $15.180.435.
Entre tanto, en otra revisión técnica al medidor y puntos hidráulicos internos en la finca La Ponderosa, ubicada en el kilómetro 2 del corregimiento de Pontezuela, se habría encontrado una conexión irregular acoplada a la red que abastece de agua al sector; este dispositivo, según la empresa que suministra el servicio, no permitía registrar correctamente los consumos. Aproximadamente se dejaron de percibir $1.033.623.
Un tercer hallazgo se registró en el Hotel San Antonio Estación de Servicio, ubicado en Bayunca, en donde la empresa encontró una supuesta doble acometida para no registrar elementos de medición y con la cual los grifos internos llenaban una alberca con agua. En total la defraudación habría alcanzado los 1.991 metros cúbicos, equivalentes a $7´809.714.
Aguas de Cartagena informó que ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes los hechos encontrados para que continúen con las investigaciones de rigor y se impongan las sanciones que la ley determina para estas malas prácticas.
Además de estas medidas administrativas adoptadas, el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia establece infracciones que dan lugar a la aplicación de multas que oscilan entre, $393.440 (16 Salario mínimo legal mensual vigente. y $786.880 (32 Salario mínimo legal diario vigente.), a quien incurra en uno o más de tales comportamientos.
Igualmente la empresa hace un llamado a la ciudadana, para que no sea permisivo ante actos de defraudación y denuncie las conexiones no autorizadas a través de la línea 116, desde un teléfono fijo o desde un celular, marcando el número 605 6943337, las redes sociales de la empresa o al correo: co.denunciaelfraude.acuacar@veolia.com
Robo de luz en Atlántico
Air-e, la empresa que suministra el servicio eléctrico en el departamento del Atlántico, denunció un nuevo caso de robo de energía que se habría registrado en el municipio de Malambo, área metropolitana de Barranquilla.
El caso se presentó, supuestamente, en un centro recreacional de razón social El Gladiador, ubicado en la carrera 5 Sur con la calle 3B. Técnicos de la compañía habría encontrado líneas directas conectadas a la red.
De acuerdo con la compañía, “el monto de la defraudación de fluidos es del orden de los 30 millones de pesos mensuales, teniendo en cuenta el uso de electrodomésticos, iluminación, equipos de refrigeración y la operación de piscinas”. Adicional, explicaron desde Air-e, “estaba reconectado sin autorización de la empresa, ya que había sido suspendido anteriormente por una deuda de consumo de $468 millones”.
La empresa energética informó que “luego de ser suspendido de manera drástica, una semana después del procedimiento técnico por parte de Air-e el responsable del establecimiento hizo un acuerdo de pago por la deuda y la irregularidad detectada”.
De acuerdo con Fermín de la Hoz Torrente, gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, la compañía está trabajando en la lucha contra el robo de energía no solo en las ciudades capitales, sino en cabeceras municipales e inclusive en zonas rurales.
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