Defensoría del Pueblo reporta violento panorama en Córdoba

La Defensoría del Pueblo en Córdoba informó sobre el desplazamiento forzado de 49 familias conformadas por 224 personas, entre las que hay integrantes del cabildo indígena Senú.

Estos desplazados provienen de la vereda San Antonio, del municipio de Puerto Libertador, donde hay enfrentamientos entre el Ejército y las Farc. Atemorizados, los pobladores de aquel lugar abandonaron sus viviendas y llegaron al casco urbano del corregimiento Juan José.

Según la Defensoría, “los combates se desarrollan como consecuencia de la erradicación de los cultivos de uso ilícito en la zona”.

Otros informes de este organismo dan cuenta de que del corregimiento San Felipe Cadillo, de Tierralta, se desplazaron 12 familias entre el 7 y 8 de julio “como consecuencia de los enfrentamientos armados entre los grupos armados ilegales identificados como "Los Paisas" y "Los Rastrojos", que se disputan el control territorial con las ‘Águilas Negras’”, de acuerdo con un comunicado difundido por ese organismo.

Pero no todos los pobladores han logrado huirle a la violencia. El pasado 5 de julio fue muerto el agricultor Gustavo García en el corregimiento de Juan José “al parecer, por parte de las ‘Águilas Negras’”, según denuncia la Defensoría. En ese mismo corregimiento fue herida otra persona por golpes que le dio un integrante de ese mismo grupo ilegal.

El comunicado emitido por la Defensoría enumera varios casos más de violencia en ese departamento entre los que se encuentran los siquientes:

Homicidio de líder Emberá Katío

La Defensoría del Pueblo, asimismo, tuvo conocimiento que el pasado 6 de julio fue asesinado Héctor Betancurt Domico (39 años), líder indígena Emberá Katio, en el barrio 20 de Julio del municipio de Tierralta.

Betancurt, quien pertenecía a la Asociación de Cabildos y se desempeñaba como Gobernador de la Comunidad Changarra, había recibido amenazas contra su vida por parte de grupos armados ilegales desde 1998, motivo por el cual había abandonado el resguardo y se había radicado en la zona.

Igualmente, lideró diferentes procesos en beneficio de la comunidad, entre los cuales se destacan la oposición a la construcción de la represa de Urrá, por considerarla una amenaza contra la autonomía del territorio indígena.

Aún se desconoce el responsable de esta muerte violenta y se espera que las autoridades adelanten acciones eficaces en el esclarecimiento de este crimen.

Homicidios en Río Verde

En Río Verde, Puerto Libertador, el pasado 3 de julio fue asesinada la señora Silvia Alarcón de 35 años y un hombre de quien se desconoce su identidad, al parecer por parte de las Águilas Negras.

De acuerdo con la información recibida por la Defensoría, este hecho tiene como antecedente un episodio en el que supuestamente las Águilas Negras amarraron a un poste de la plaza principal del pueblo, a una persona señalada de colaborar con la guerrilla, lo que motivó que algunos pobladores, entre ellos la señora Silvia Alarcón, intercediera exigiendo el respeto a la vida.

La señora Alarcón fue asesinada, y las otras personas que mediaron por la víctima temen sufrir represalias de las Águilas Negras.

La comunidad de Río Verde se encuentra atemorizada por las continuas presiones y amenazas de los grupos armados ilegales que operan en la zona y por el incremento de los homicidios en ella, sin que hasta la fecha se hayan aclarado los hechos por parte de las autoridades.

Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes

Para la Defensoría del Pueblo otro de los graves problemas que ha incrementado la crisis humanitaria en la zona rural de Córdoba, es la relacionada con el reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales.

Sobre estos hechos las autoridades de policía del departamento revelaron información acerca de la reciente captura de dos desmovilizados del antiguo Bloque Mineros de las Autodefensas, quienes transportaban en un bus de servicio público, en la vía que conduce a Planeta Rica, a 16 jóvenes, con el fin de reclutarlos para las estructuras armadas de ese grupo armado ilegal.

A partir de la información aportada por un menor de 18 años, que escapó de las filas de esta organización, en el municipio de Puerto Libertador y que fue vinculado por una pareja que le ofreció a él y otros nueve jóvenes la suma de 800 mil pesos a cambio de vincularse a un grupo armado ilegal con presencia en los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador, localizados al sur del departamento, la Policía inició un operativo e instaló un puesto de control en jurisdicción del municipio de Planeta Rica, en donde capturó a los dos reclutadores, quienes desde hacía varios meses adelantaban labores de identificación y reclutamiento en barrios marginales como Furatena, Edmundo López, Pastrana Borrero y Nueva Esperanza de Montería.

También se conoció que jóvenes de escasos recursos, con edades entre los 15 y 25 años, recibieron ofertas por parte de los reclutadores hasta de un millón de pesos mensuales.

La Defensoría del Pueblo documentó otro caso en el que un joven de 16 años fue reclutado en marzo pasado por las Águilas Negras, junto con otras 24 personas.

Los reclutadores trasladaron al joven a la zona selvática del departamento de Nariño y posteriormente fue sometido a tratos crueles y humillantes. En mayo el muchacho logró evadirse y su paradero se mantiene en reserva.

Asesinato de líder de desplazados

La Defensoría del Pueblo también tuvo información del asesinato del líder comunitario Jhon Jairo Martínez Videz el pasado 28 de junio en la localidad El Quindío, ubicada en la vía a Tierralta, jurisdicción del municipio de Montería (Córdoba).

El señor Martínez Videz se desempeñaba como Presidente de la Asociación de Desplazados de ese lugar y se encontraba vinculado a la cooperativa Comfavic, organización que adelanta gestiones en favor de la población desplazada en Córdoba.

Sobre las circunstancias de la muerte del líder campesino, las autoridades explicaron que dos hombres llegaron a la residencia de Martínez Videz y en varias ocasiones dispararon sus armas a quemarropa, ocasionándole la muerte de forma inmediata.

La Defensoría del Pueblo rechaza este nuevo crimen sobre líderes comunitarios de Córdoba comprometidos en la defensa de los derechos de la población desplazada y adelanta las gestiones de rigor, ante las autoridades competentes, para que se avance en las investigaciones para esclarecer los móviles de este crimen execrable.

Asesinado dirigente político

La Defensoría del Pueblo también obtuvo información sobre la muerte del dirigente político Wilmer José Pérez Padilla, quien resultó asesinado frente a su residencia en la ciudad de Montería por dos sujetos que se desplazaban en una moto.

Pérez Padilla estuvo vinculado a la firma del Pacto de Ralito y había recibido amenazas de muerte, una de las cuales se concretó el 26 de noviembre de 2006 cuando fue atacado con granadas de fragmentación en su residencia.

Llamados de la Defensoría

La Defensoría del Pueblo ha instado a las autoridades judiciales para avanzar en el esclarecimiento de estos hechos perturbadores de la seguridad ciudadana y del derecho a la vida.

Las acciones de la Defensoría del Pueblo han estado dirigida especialmente al departamento de Córdoba en las últimas semanas, ya que este ha sido el epicentro de una serie de hechos de violencia en donde campesinos e indígenas están sufriendo los rigores de la confrontación armada de los grupos ilegales autodenominados “Águilas Negras”, “Los Paisas” y Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la guerrilla de las Farc.
El control territorial, social y económico, y particularmente el manejo del negocio del narcotráfico y de otras actividades ilícitas, son las razones de la disputa por parte de los grupos armados ilegales, que está generando graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, la integridad y libertad personal de mujeres, hombres, niños y niñas que integran las comunidades campesinas y pueblos indígenas que habitan en Córdoba.

Monitoreo del SAT

El Sistema de Aletas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, en coordinación con la Defensoría Regional de Córdoba, ha adelantado un monitoreo permanente de la situación de riesgo en la que se encuentran las comunidades campesinas e indígenas que residen en el departamento con el propósito de impulsar acciones de prevención y protección con el fin de salvaguardar la vida de mujeres, hombres, niños y niñas que hacen parte de comunidades campesinas y pueblos indígenas que habitan esa región del país.

La Defensoría del Pueblo señala que en la actualidad se encuentran vigentes seis informes de riesgo emitidos para los municipios de Montelibano, Puerto Libertador, Tierralta, Valencia, Montería y San Pelayo.

En los informes de riesgo se advirtió de manera anticipada la probable ocurrencia de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de las nuevas estructuras armadas ilegales y la guerrilla de las Farc.

Misiones de verificación

Asimismo, la Defensoría del Pueblo Regional Córdoba ha realizado misiones de verificación y de acompañamiento a las comunidades afectadas para implementar, con las autoridades locales y regionales, las acciones necesarias para proteger a la población civil.

El Defensor del Pueblo, ante la delicada situación de de derechos humanos de los pobladores del departamento de Córdoba, insta a las autoridades del nivel departamental y nacional a implementar de manera urgente medidas de protección para las comunidades campesinas e indígenas que se encuentran en situación de riesgo para prevenir homicidios selectivos o múltiples y desplazamientos forzados.