Víctimas en vilo

El proyecto de Ley de Víctimas está a punto de naufragar. Este miércoles, a pesar de que la plenaria de la Cámara reanudó su último debate, no hubo acuerdo entre la ponencia del gobierno y la ponencia liberal para su aprobación. La iniciativa deberá volver a debatirse el próximo lunes festivo. Si no hay votación antes del 20 de junio el proyecto, que lleva varias legislaturas de discusión, se hunde por vencimiento de términos.

Después de la 1 de la tarde comenzó la discusión. Los representantes, Humberto Mantilla (conservador) y Guillermo Rivera (del Partido Liberal), presentaron ponencias distintas.

La plenaria de la Cámara decidió dejar por fuera la ponencia del representante liberal, que fue la redactada en común acuerdo con las organizaciones de víctimas, con el Centro Internacional para la Justicia Transicional y con acompañamiento de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, entre otras organizaciones.

Por esta razón Rivera denunció que esa decisión era ilegal, pues la ponencia de Mantilla no recogía las recomendaciones de las organizaciones de víctimas, ni incluye la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de los tribunales internacionales para la reparación de las víctimas del conflicto armado. Vea el artículo Reparar no es asistencia social: Corte Constitucional

A la decisión de la Cámara se sumó la prohibición de las intervenciones, salvo las de los ponentes, y la votación del articulado nominalmente. Es decir, al final no se sabía cómo iban a votar los representantes.

El ministro del Interior, Fabio Valencia, quien estuvo presente en el debate, también pidió a la coalición uribista que retirara cualquier proposición para darle trámite al proyecto de manera ágil.

No obstante, la propia coalición persistió en radicar más de diez proposiciones con ajustes al texto. Por esta razón, la Cámara nombró una comisión que se reunió a puerta cerrada para redactar una versión conciliada del proyecto para después votarlo a pupitrazo.

A esta comisión fue invitado el representante Rivera, quien se negó a participar de la redacción de un proyecto que en su criterio desvirtúa el propósito con el cual fue concebido el proyecto de Ley para reparar a las víctimas del conflicto armado.
Pese al intento de Tarquino Pacheco, representante de Cambio Radical quien estaba presidiendo la sesión, por conciliar un proyecto que contara con el visto bueno del gobierno y la oposición, no hubo acuerdo.

Trascendió que el Ministro del Interior le dijo al representante Rivera que aceptara que se hiciera la votación de la ponencia mayoritaria, pero éste le puso dos condiciones: que se incluyera en la reparación a las víctimas de agentes de Estado y que se incluyera la restitución integral de bienes e inmuebles para las víctimas. Pese a este acercamiento, no hubo acuerdo y la plenaria de la Cámara decidió discutir los proyectos que seguían en la agenda. Estos dos temas, durante todas las discusiones, han causado una álgida tensión entre integrantes de la oposición y el gobierno.
 
Quedó un sinsabor para las víctimas y organizaciones que han impulsado el proyecto liberal, pues este fue el cuarto intento por votar la iniciativa. Además se notó la urgencia del uribismo por evacuar el proyecto sin discusión y a la carrera. No obstante, la plenaria sí le dio tiempo a condecoraciones y actividades culturales (bailes folclóricos) que sucedieron al debate.
 
La mesa directiva de la Cámara citó a los representantes para el próximo lunes a un nuevo debate. Si el proyecto es aprobado según la versión del gobierno, tendrá que ser conciliado un nuevo texto entre el Senado y la Cámara, pues habrían salido dos proyectos distintos en cada corporación.

Y si finalmente se impone la versión del gobierno, varias organizaciones planean demandas para que la Corte Constitucional lo enderece, pues en su criterio esta versión del proyecto no incluyó principios constitucionales de reparación.

Estos son algunos de los puntos más polémicos de la iniciativa del gobierno:

1. Discrimina a las víctimas de agentes del Estado

Las víctimas de agentes de Estado fueron excluidas de la reparación integral que era el propósito medular de la iniciativa. A pesar de que se mencionan en la Ley, quienes han sufrido por acciones de agentes estatales deberán contar con una sentencia proferida por un organismo judicial, para poder acceder a la reparación.

Este trato es discriminatorio, han argumentado varios analistas.

2. Montos de la reparación fijados por decreto

Según la norma aprobada, el monto de reparación es el que está contemplado en el decreto 1290, lo cual desconoce la diferencia entre la reparación a la que tiene derecho una víctima de otra. Es decir, los jueces deberán fallar las reparaciones de las víctimas basados en las escalas de reparación que fijó el gobierno.

3. Solidaridad versus responsabilidad del Estado

La iniciativa original, que fue redactada por los liberales con el acompañamiento de organizaciones sociales, establecía como principio el deber de garantías del Estado para proteger a las víctimas. Pero en la propuesta aprobada, los representantes de la Comisión I de la Cámara eximieron al Estado de la responsabilidad, para expresar que si reparaba era por “solidaridad”.

Esta concepción de la reparación desconoce que el Estado debe ser garante de la protección de los derechos de los ciudadanos.

4. Principio de favorabilidad

Otro de los puntos que fueron retirados de la iniciativa original, fue el principio de interpretación en favor de la víctima contemplado en el artículo 14. Este consistía en que si uno de los artículos aprobados tenía una doble interpretación, se adoptaría el que fuere favorable a la víctima. Este principio está contemplado en la legislación internacional pero fue eliminado del proyecto.

5. Además de las tierras, el patrimonio

La ponencia Liberal planteaba no sólo la restitución de los inmuebles de las víctimas, sino de todo su patrimonio. Sin embargo, los daños o pérdidas que sufran de sus bienes no serán reparados, según el proyecto aprobado en la Comisión I. Solo las tierras. Pero la Corte dice que para que una justa indemnización, además debe ser por los daños morales que ha sufrido una víctima.

6. No hay reparación simbólica

La mayoría del gobierno eliminó la propuesta de crear el Museo de la Memoria Histórica, una suerte de institución para recuperar testimonios de las víctimas y documentación. El propósito de esta figura era reparar simbólicamente a quienes han sufrido en carne propia los vejámenes del conflicto y sensibilizar a la ciudadanía para que los hechos de violencia no se repitan.