¿Hay politización en las altas cortes? Habla el presidente de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia tratará diversos temas en este nuevo año, que seguirá trastornado por la pandemia, aunque se espera que proceda con mayor normalidad que el primer año de covid-19.SEMANA conversó con Jorge Quiroz, presidente del Alto Tribunal, para conocer sobre los retos y las decisiones que vendrán en 2021 para la rama judicial y, específicamente, para la Corte Suprema de Justicia.En lo que tiene que ver con la virtualidad, uno de los cambios abruptos en la vida de colombianos y habitantes de todo el planeta, por culpa del coronavirus, también supuso un esfuerzo para la justicia.“No ha sido un proceso sencillo ni fácil para ninguno, en particular para la rama judicial y los jueces de la República (...) Fue un cambio que nos obligó a meternos de lleno en la virtualidad, un llamado que nos estaba haciendo la regulación desde el año 96. La ley estatutaria de la administración de justicia nos hizo el llamado a que utilizáramos los medios tecnológicos y virtuales”, explicó Quiroz.Por esa razón, si bien ha sido complicado, la Corte ha logrado “metas satisfactorias” en la medida de las posibilidades, y según Quiroz no cesaron ni un solo día en la administración de la justicia.Por otra parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia habló del presupuesto para su campo: “Comenzamos cojeando”, sostuvo, ya que, según él, la asignación no es suficiente para alcanzar los logros esperados. El número de jueces, dice, tampoco es suficiente, porque los índices internacionales exigen 65 por cada 100 mil habitantes, mientras que Colombia tiene 12.Para él, uno de los temas más importantes para 2021 será la reforma a la rama judicial, ajustes, pues “hay inconformidad al interior”. Quiroz dijo que la rama de la justicia siempre ha estado dispuesta a que se hagan cambios necesarios y que está a disposición de dar el debate ante el país. “Somos los primeros en admitir que eso es necesario, yo creo que el escenario natural es el Congreso de la República”, explicó.Por otra parte, en lo que tiene que ver con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las denuncias de que, supuestamente, a sus integrantes no los dejan operar en el Palacio de Justicia, dijo que la decisión fue sorpresiva.A propósito, SEMANA conoció una carta enviada por los recién elegidos magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a los presidentes de las altas cortes en las que señalan que no los quieren dejar trabajar en las instalaciones del Palacio de Justicia, como lo hacen la Judicatura, la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.La carta, conocida por SEMANA, tiene fecha del 6 de enero e inicia señalando: “En nuestra condición de magistradas y magistrados electos de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de acuerdo a la competencia establecida del Numeral 1 del artículo 97 de la Ley 270 de 1996, nos dirigimos respetuosamente ante ustedes para manifestarles nuestro desacuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura en relación con que esta Corporación no reciba las instalaciones de la eliminada Sala Jurisdiccional Disciplinaria ubicadas en el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía”.“Tengo entendido que estaban justificando el cambio de sede para la Comisión, por la presunta necesidad de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en espacio físico en el Palacio de Justicia (…)“, explicó el magistrado Quiroz, lo que, según él, sorprendió a los presidentes de dichos tribunales, puesto que “hacinamiento hay (…) en todos los despachos judiciales”. No obstante, dijo que nunca han pedido el espacio que ocupaba la sala disciplinaria.Por otra parte, el magistrado dijo que todas las decisiones son apolíticas, respondiendo a las acusaciones de algunos sectores sobre la supuesta politización de la justicia en Colombia.“Le garantizo que las decisiones son apolíticas, desde el punto de vista de la concepción politiquera no hay una decisión en la rama judicial que tenga un componente politiquero. Obviamente, son políticas institucionales que van de la mano de cualquier decisión judicial”, aseguró.