Uribe defiende su política de seguridad democrática ante cifra de falsos positivos

No le cayó bien al expresidente Álvaro Uribe el último anunció que realizó la Justicia Especial para la Paz (JEP), que hoy presentó su estrategia de investigación de los falsos positivos y reveló que en Colombia se han presentado más de 6.402 homicidios de civiles por parte de miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, siendo el periodo más crítico entre los años 2002 y 2008, que coincide con el gobierno del exmandatario. Esto generó la inmediata reacción Uribe, quien defendió la política de seguridad democrática y las medidas tomadas entonces.Para Uribe, “este nuevo atropello de la JEP solo busca desacreditarlo. Nunca he eludido la justicia, que cuando se trata de mi persona muchos la presionan o la sustituyen cuando menos sembrando suspicacias”.El exmandatario hizo un recuento de las medidas tomadas en su gobierno: “Recién iniciado el gobierno, en 2003, cuando la Seguridad Democrática empezaba a dar tranquilidad a los colombianos, oenegés contrarias a mis ideas acusaban a las Fuerzas Armadas de asesinar campesinos en lugar de dar de baja a criminales. Asumí públicamente el tema y se ordenó que el cuerpo de alguien dado de baja en combate permaneciera en el lugar, no fuera movido y se esperara la llegada del representante del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía”.Agregó Uribe que “poco antes de la reelección presidencial, en 2006, en Jamundí, se dio el trágico suceso nuevamente entre soldados y policías. El ministro de Defensa, Camilo Ospina, hizo el convenio con la Fiscalía para que este ente asumiera el inicio de investigación en cualquier caso de bajas. Esa decisión fue interpretada por retirados de las FF. AA. como una derogatoria de la Justicia Penal Militar y la Fiscalía llegó al exceso de hacer de cada levantamiento de cadáver un auto de cabeza de proceso contra soldados”.La idea de Uribe con esta medida era evitar manipulaciones de los cuerpos, y si había alguna irregularidad, la Fiscalía la evidenciara en primera medida. Esto incluso generó que las tropas se frenaran en su actuar por temor a las futuras investigaciones derivadas de los operativos militares.En su carta de respuesta a la JEP y las ONG contradictoras de sus políticas, Uribe se refirió a los dos casos emblemáticos de los falsos positivos: las muertes de civiles en Ocaña y los falsos positivos de Soacha, que tienen como sus representantes a las madres de Soacha.Sobre lo sucedido en Ocaña, Norte de Santander, dijo que “en una ocasión me reuní con un capitán del Ejército, testigo protegido, en la sede de Naciones Unidas en Bogotá. Al salir, revelé al país su versión de que en la Brigada de Ocaña habían asesinado inocentes para proteger a narcotraficantes y pretender demostrar que sí perseguían al narcotráfico; los responsables están presos”.Sobre las madres de Soacha, que hoy mantienen críticas contra el gobierno Uribe y consideran que no han conocido la verdad y no han sido reparadas, Uribe dijo: “Me reuní con las madres de Soacha, dije al país lo que les escuché, afirmé que nada justifica el asesinato. Un grupo de madres de Soacha, diferentes a quienes acudieron a la Presidencia, me denunció hace poco ante la Corte Suprema en razón de que en redes repetí lo que había dicho como presidente. Acepté retirar lo dicho en conciliación en la Corte por respeto al dolor de las madres”.Uribe recordó el capítulo en el cual, siendo él presidente y Juan Manuel Santos ministro de Defensa, tomaron la decisión de sacar de las filas a 27 cargos oficiales a finales de 2008. La decisión fue tomada, señala Uribe, por “un informe del ministerio que presentaba indicios de conductas penales en uno de los casos y en los demás falta de rigor en los protocolos operativos que podrían facilitar hechos delictivos”.Dejando de lado la acusación contra su gobierno por ser la época en la que se presentaron la mayor parte de esos 6.402 homicidios de manos de la fuerza pública, Uribe respondió con otras cifras, argumentando que él hacía énfasis en las desmovilizaciones. “Los resultados muestran que en el Gobierno hubo 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros desmovilizados, sin el costo institucional, ni la impunidad total del reciente mal llamado proceso de paz. En nuestro Gobierno las capturas fueron 36.363 y las bajas 13.992”.Uribe sostiene que la política de seguridad democrática fue un éxito y que sí acosaba por resultados a la fuerza pública, pero que eso era lo que requería el país para garantizar la seguridad de los colombianos. “La inacción me habría evitado la acusación, pero el terrorismo se habría acercado a la toma del poder”.Concluyó, ante las críticas, que “no hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación, y creo ser uno de los colombianos, que como gobernador y presidente, más ha hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas”.