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| Foto: SEMANA

DENUNCIA

En video: “Jamás me imaginé que no iba a volver a ver a mi hija viva”

Por el accidente en el que murió una estudiante del English School, no hay personas judicializadas. La familia denuncia parcialidad de la Fiscalía por un presunto conflicto de intereses del exfiscal Montealegre.

15 de agosto de 2016

Desde que murió María Camila Velandia Prieto, el 2 de octubre del 2014, el cuarto que ella habitaba permanece intacto. Los dibujos sin terminar, los libros que no alcanzó a leer y el morral morado que dejó en el piso –al lado de la cama- siguen ahí, como si el cuarto hubiera quedado en pausa. Allí, acuden todos los días sus padres, que desde ese día no volvieron a ser los mismos, saludan en las mañanas y se despiden en la noche. Ahí no hay nadie, excepto la energía de la menor, que según ellos continúa en el lugar.
 
Camila tenía 17 años. En 2014, como parte de una salida pedagógica que hacen anualmente en el colegio Inglaterra The English School, ella y otros compañeros de clase viajaron al Amazonas para cumplir con una labor social. Sin embargo, una presunta cadena de errores ocasionó que todo terminara en una tragedia para la familia Velandia Prieto.
 
El día que falleció la menor, ella, sus compañeros, los guías y los profesores que fueron al viaje salieron por el río Amazonas, a las 3:00 a. m., hacia la reserva natural peruana de Marasha en una lancha. Esto, a pesar de que esa hora de zarpe estaba prohibida, que las condiciones climáticas habían estado complicadas en los últimos días y que la empresa que los transportó – Transportes Amazónicos S.A.S- no cumplía con las normas para esa salida.

Así, mientras el bote navegaba cerca de la Isla de Los Micos, hacia las 4:00 a. m., colisionó con una embarcación peruana de nombre Flipper ocasionando que todos los que estaban a bordo cayeran al río. Luego de varias maniobras todos los menores fueron rescatados, menos María Camila, que murió ahogada.
 
Por las irregularidades que habrían causado el accidente cuatro personas son investigadas por la Fiscalía: el lanchero, el contratista con el que firmó el colegio para el viaje y dos guías de Bluefields –la empresa organizadora de la salida académica. A ellos la Fiscalía les va a imputar el delito de homicidio culposo con lesiones agravadas. Sin embargo, cerca de cumplirse dos años del hecho, todavía no hay ningún imputado.
 
Que todavía no haya ningún responsable penalmente tiene inconformes a los padres de María Camila. Pero lo que más desazón les ha generado en los últimos 22 meses y medio es que en el colegio no han asumido la responsabilidad de lo que ocurrió.
 
Según ellos, la salida hacia Marasha estaba planeada desde Bogotá pero nunca les solicitaron la autorización a los padres. Luego, cuando pasó el accidente y la madre de la menor preguntó a las directivas del colegio por qué los estudiantes estaban navegando en uno de los ríos más caudalosos del mundo a las 3:00 a. m., le respondieron que “no sabían”.
 
“Nosotros esperábamos ayuda para que nos dijeran qué había pasado y lo único que nos repetían es que siempre salían a esa hora y que nunca les había pasado nada. Pero nunca hubo una explicación más”, le relató a Semana.com Mónica Prieto, madre de Camila.
 
Y agregó: “Pedimos explicación de cómo pasaron las cosas porque uno quiere conocer cómo murió el hijo de uno, uno quiere conocer hasta los últimos detalles de los últimos momentos de su hijo, nunca nos dieron ni siquiera esa facilidad de saber qué pasó”.
 
Un año después del accidente el rector del colegio, Luis Eduardo Rivas, emitió una carta en la que se refirió al hecho. Aseguró que había ocurrido por cuenta de la embarcación peruana que chocó con la lancha en la que iban los estudiantes, resaltó la labor de los profesores que iban a bordo para rescatar a los menores y lamentó la muerte de María Camila.
 
En esa ocasión, también señaló que la institución educativa había estado a disposición de las autoridades competentes para establecer la realidad y la responsabilidad en los hechos. Pero para los padres de Camila esto no ha sido suficiente pues manifestaron que en el colegio sólo les ha tocado cumplir con ciertas cosas porque, en general, han sido indiferentes frente al tema.
 
Hasta ahora, el ente acusador no ha vinculado al proceso penal a nadie del English School por el accidente. Al respecto, Carlos Velandia y Mónica Prieto creen “que no habría justicia si las personas involucradas del colegio no responden al igual que los otros”.
 
Ellos argumentan que a quienes le entregaron a su hija fue al English School. “Ellos tienen sobre nuestros hijos una posición de garantes  y un deber de cuidado que es indelegable. No entendemos por qué la Fiscalía no quiere ver que si los de Bluefields tenían responsabilidad, los del English School tenían una aún mayor porque es a ellos a quienes les entregamos nuestros hijos”, manifestó Prieto en diálogo con este portal.

Según los padres de Camila, nadie del colegio ha sido investigado por la estrecha relación que mantiene el exfiscal Eduardo Montealegre con la institución educativa puesto que su hijo estudia allí y, como el English School es una fundación, “los papás son los dueños del colegio”, dijo Prieto.

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Por esta razón, según ella, habría una parcialidad en la Fiscalía frente al caso y, teniendo esto en cuenta, le solicitó al nuevo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a través de un derecho de petición, que lo revise y de esta manera “trate de hacer justicia y siente un precedente que proteja a los niños que todos los años van con sus colegios a salidas pedagógicas”.

Así las cosas, el objetivo final de esta familia es que la muerte de su hija no quede en la impunidad y que cada una de las partes asuma su responsabilidad en el trágico hecho en el que falleció la menor de 17 años, que amaba la mezcla de flores fucsias y rosadas y que nunca pudo llegar a la universidad para prepararse para ser escritora.

*Semana.com intentó contactar al exfiscal Eduardo Montelegre pero no se logró comunicar con él porque se encuentra en Alemania.