Energía
Gobierno y EPM buscan revivir Porce IV
El ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría, dijo que acepta el llamado que hacen la comunidad y los líderes de la región para entablar un diálogo social acerca del proyecto, que se encuentra suspendido indefinidamente.
15 de marzo de 2012, 12:00 p. m.
Empresas Públicas de Medellín y los líderes de la comunidad de Porce estarían buscando un acuerdo para darle vía libre a la construcción de la central hidroeléctrica Porce IV, localizada entre los municipios de Amalfi y Anorí en Antioquia.
El ministro de Minas dijo a través de su cuenta de Twitter que “el Gobierno Nacional acepta el llamado que hacen hoy comunidad y líderes de Porce para entablar un diálogo social que permita revivir PorceIV”.
Este proyecto ha sido el epicentro de disputas legales que amenazan con llegar a las últimas consecuencias en los estrados judiciales, debido a que por la suspensión fortuita, EPM fue multada con $23.000 millones.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ejecutó las garantías bancarias que pesaban sobre el proyecto de generación eléctrica, al comprobar que efectivamente se presentó un retraso que impide su entrada en operación el primero de enero de 2015.
Pero EPM alega que la suspensión del proyecto fue originada en un hecho de fuerza mayor, debido a la invasión de terrenos de personas que no son de la región y que reclaman millonarias indemnizaciones.
El Gobierno Nacional aceptó, entonces, mediar, en busca de una solución al conflicto que derivó para EPM en la ejecución de garantías bancarias y pérdida del cargo por confiabilidad de la central de 400 megavatios.
El ministro de Minas dijo a través de su cuenta de Twitter que “el Gobierno Nacional acepta el llamado que hacen hoy comunidad y líderes de Porce para entablar un diálogo social que permita revivir PorceIV”.
Este proyecto ha sido el epicentro de disputas legales que amenazan con llegar a las últimas consecuencias en los estrados judiciales, debido a que por la suspensión fortuita, EPM fue multada con $23.000 millones.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ejecutó las garantías bancarias que pesaban sobre el proyecto de generación eléctrica, al comprobar que efectivamente se presentó un retraso que impide su entrada en operación el primero de enero de 2015.
Pero EPM alega que la suspensión del proyecto fue originada en un hecho de fuerza mayor, debido a la invasión de terrenos de personas que no son de la región y que reclaman millonarias indemnizaciones.
El Gobierno Nacional aceptó, entonces, mediar, en busca de una solución al conflicto que derivó para EPM en la ejecución de garantías bancarias y pérdida del cargo por confiabilidad de la central de 400 megavatios.
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