Alcaldes amenazados regresan a sus pueblos.

La seguridad para los mandatarios locales mejoró, a pesar de que la amenaza de muerte de las Farc sigue vigente.

La huída masiva de los alcaldes locales inició en la última semana de mayo del año pasado, cuando las Farc lanzaron una amenaza perentoria contra los alcaldes del Caquetá: o renunciaban a sus cargos o serían asesinados. Y para demostrar su determinación, mataron al mandatario de Solita, el 7 de junio.

Pero no se limitaron a Caquetá. Esa misma semana la amenaza se extendió a los alcaldes del Huila, y finalizando el mes ya eran todos los jefes municipales del país los que estaban declarados como objetivo de guerra. Y con ellos, los concejales, fiscales y funcionarios municipales.

Fueron 450 alcaldes los que resolvieron salir de sus municipios. Un año después, según reporte de la Federación Colombiana de Municipios, 200 mandatarios locales han regresado a sus pueblos o viajan a menudo a ellos, hacen presencia, resuelven los asuntos prioritarios y al cabo de unos días regresan a las capitales.

La "operación retorno" de los alcaldes se ha manifestado, sobre todo, en Antioquia, Chocó, Bolívar, Cesar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Meta, Arauca, Putumayo, Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. En estos sitios, la casi totalidad de mandatarios ha regresado y está despachando normalmente.

Aunque su regreso no obedece precisamente a un cese del conflicto y de las amenazas. Son algunas condiciones de seguridad, como escoltas, chalecos antibalas, armas y hasta traslados en helicóptero, las que han permitido su regreso. En otros casos, la entrada en operación de los soldados campesinos y el retorno de la Fuerza Pública han sido el mejor argumento para volver.

Pero todos los regresos no han sido voluntarios. Por ejemplo en Guajira, la alcaldesa de Riohacha, Yolima Carrillo; el de San Juan del Cesar, Casimiro Cuello; Villanueva, Juan Félix Daza; La Jagua del Pilar, Waldin Soto; Barrancas, José Francisco Gómez; Fonseca, Jaime Alonso Daza; Urumita, Enrique López, despacharon en la distancia hasta que el procurador de La Guajira, Everardo Armenta, les exigió que regresaran, hace cinco meses.

Por otro lado, Nariño, Huila y Caquetá son los lugares donde la situación sigue siendo más complicada, pues en el primer departamento 37 de los 64 mandatarios despachan desde la capital, mientras que en Neiva lo hacen 29 de los 35, y en Florencia, 15 de los 16 alcaldes caqueteños.

En este momento, los alcaldes están cumpliendo con el deber que le asignó el pueblo al votar por ellos. Pero no ya no es cómodo hacerlo, pues siempre hay una amenaza de muerte latente contra ellos y su familia. Por ello, le piden al gobierno que no prorrogue su mandato, de manera que puedan dejar el cargo en el menor tiempo posible. Así lo manifestaron algunos de los alcaldes entrevistados que prefirieron mantener en reserva sus nombres.