"El conflicto está generando una contrarrevolución étnica". Entrevista con el antropólogo colombiano Jhon Antón Sánchez

En 1990 salió de su Condoto natal con una maleta cargada de sueños de libertad y el poco dinero que su madre, una mazamorrera de río, ahorró tras largas jornadas de trabajo en extracción rudimentaria de platino en la región del Alto San Juan. A sus 20 años, no quiso seguir el destino minero de sus ancestros. Sabía que, para los afrocolombianos, el estudio era la manera de combatir la opresión producto de la ignorancia. Lo entendió cuando leyó el libro Etnicidad y estructural social del Chocó y la novela En Chimá nace un santo, de Manuel Zapata Olivella, el escritor de los negros en Colombia.

Hoy, 12 años después, no sólo es especialista en organización y desarrollo comunitario de la Universidad Tecnológica del Chocó, antropólogo de la Universidad Nacional, y candidato a magister en sociología de la misma universidad. También es activista del Proceso de Comunidades Negras y miembro de la Fundación Las Mojarras de Condoto, la cual ha llevado el proceso de titulación colectiva de tierras para los afrocolombianos en la cuenca del río San Juan. Sin embargo, Jhon Antón Sánchez prefiere describirse como un hombre que busca reivindicar los derechos de la raza negra, su raza.

En entrevista con Codhes, Jhon Antón habla sobre la invisibilización de la crisis humanitaria y de derechos humanos en la región del Alto San Juan chocoano, la respuesta estatal a las comunidades desplazadas y lo que ha denominado un proceso de contrarrevolución étnica en el país: la desaparición del proyecto de vida de los pueblos afrocolombianos producto del conflicto armado que azota la región y los intereses capitalistas que insisten en desconocer la visión cultural y productiva de la tierra negra.

¿Cómo caracterizaría la dinámica del conflicto armado en el Chocó?

Como una estrategia sistemática por parte de los grupos hegemónicos por tomarse el territorio de la región del Pacífico, y en especial el departamento del Chocó. Esta estrategia tiene que ver con controlar escenarios estratégicos, territorios étnicos de las comunidades negras asentadas en las distintas cuencas de ríos que vienen siendo titulados gracias al proceso que se logró con la reivindicación del territorio a partir de la Ley 70 del 93. El conflicto armado en el Chocó lo vemos encadenado con una lógica de desterritorialización, de exterminio étnico y de aculturación con el propósito de generar una nueva dinámica de poblamiento y una nueva cultura en la región del Pacífico colombiano. Y el primer sitio estratégico es la cuenca del Atrato, el río madre del departamento del Chocó, y el más caudaloso del mundo.

¿Cuántos predios se han titulado en la región del Atrato a las comunidades afrocolombianas?

La región del Atrato está dividida por subcuencas: la cuenca del Alto Atrato corresponde al territorio colectivo de las comunidades negras de la Opoca (Consejo Comunitario Mayor del Alto Atrato), abarca tres municipios y está en un proceso muy lento de titulación. Llevamos desde el 2001 en el trámite con el Incora y no hemos podido avanzar. La cuenca del Medio Atrato ya está titulada, son 800.000 hectáreas que corresponden a las comunidades de la Acia (Asociación Campesina Integral del Atrato). Y la cuenca del Bajo Atrato son aproximadamente 18 títulos colectivos en subcuencas de río. En el bajo Atrato se inició la apropiación territorial de las comunidades negras en forma experimental, en contraste con el dominio territorial que quieren generar los grupos armados y con las posibilidades de megaproyectos que hay en esa zona. Y fue precisamente allí por donde comenzó a expandirse el conflicto armado en el departamento.

¿Qué megaproyectos estratégicos se están desarrollando en el Atrato?

Está el proyecto de canal interoceánico Atrato-Truandó y la carretera hacia el Tapón del Darién. Pero hay un megaproyecto que avanza en este momento y ha golpeado sistemáticamente a las comunidades negras: los cultivos de palma africana. Actualmente se desarrollan experiencias en la cuenca del río Curvaradó. Los cultivos de palma africana son contraproducentes a las lógicas productivas de nuestras comunidades, son una extensión del latifundio del Urabá bananero y genera rupturas sociales contundentes en nuestro núcleo social. Detrás del cultivo de palma hay un gran proyecto de la derecha colombiana. Por otro lado, está el proyecto de monocultivo de la hoja de coca que ciertos grupos armados están tratando de imponer en la región del bajo Atrato. Es decir, el bajo Atrato es una encrucijada de intereses: los de las comunidades afrocolombianas que buscamos un ordenamiento territorial a partir de la titulación colectiva; los del Estado que busca desarrollar en esa zona del país grandes megaproyectos; y los del capital privado que busca avanzar en la extensión de latifundios y monocultivos, golpeando la seguridad alimentaria de las comunidades.

¿Y qué sucede en la zona del Alto San Juan?

Es estratégica porque es la salida del eje cafetero hacia el mar Pacífico a través de la carretera Pueblo Rico-Tadó-Animas-Nuquí. Sabemos que hay una gran presión de la hegemonía del eje cafetero para desarrollar un puerto en el golfo de Tribugá. El mismo Presidente, a través de su Ministro de Transporte, ha manifestado la voluntad de que en su gobierno se ejecute la carretera al mar, es decir, construir los 70 kilómetros que faltan del tramo Animas-Nuquí. Por otro lado, la conexión entre el Alto San Juan con la cuenca del Atrato es un corredor estratégico de los grupos armados para movilizarse y replegarse cuando hay enfrentamientos militares. A eso se suma el alto potencial minero de oro y platino de la región. Desde comienzos del siglo XX, hasta mediados de los años 70, Itsmina, Tadó, Condoto y Nóvita fueron explotados, primero, por la compañía inglesa British Platinium Company y después por la norteamericana Compañía Minera Chocó Pacífico. Hoy el potencial aurífero del Alto San Juan es controlado por los mineros industriales del nordeste antioqueño y del bajo Cauca, los famosos retreros, quienes han introducido prácticas productivas y una nueva valoración del capital en una región que se ha mantenido sosteniblemente gracias a la explotación rudimentaria y tradicional del oro y el platino.

¿Cómo es la participación de los grupos armados en la zona del Alto San Juan?

En la carretera Tadó-Santa Cecilia operan todos los grupos armados del departamento del Chocó: las Farc, con la columna móvil Aureliano Rodríguez; el ELN con un grupo que se hacen llamar Bencos Biojó o frente Cimarrón; un reducto del EPL que opera entre el Baudó y el Alto San Juan; el ERG; los paramilitares que pertenecen al Bloque Metro y tienen una base en Itsmina; y el batallón Manosalva Flórez por el lado del Chocó, y el San Mateo, por el lado de Risaralda.

¿Cómo calificaría la situación de DH en esta zona del departamento?

El conflicto armado en el Chocó no debe mirarse sólo desde la óptica del Atrato. En la región del alto y medio Baudó suceden cosas muy graves. La violación a los derechos humanos y las infracciones al DIH en la zona del Alto San Juan es una de las más críticas en el departamento del Chocó. Primero, por la misma invisibilidad de la zona; segundo, por el cerco que viven las comunidades campesinas del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan; y tercero, por la presencia desde hace más de 10 años de los grupos armados en las carreteras. En más de una oportunidad hemos solicitado a los organismos del Ministerio Público y a los organismos multilaterales de derechos humanos y DIH jornadas de verificación y de alertas tempranas por el inminente riesgo. Incluso, hemos solicitado al comité de DH de la OEA medidas cautelares para proteger los derechos civiles, políticos y culturales de las comunidades del Alto San Juan.

¿Cuál es la dinámica del conflicto en la zona?

Hay una agudización total del conflicto armado. Hace algunas semanas el Ejército Manosalva Flórez dio cuenta de la victoria de ciertos combates en la zona de la carretera Tadó-Santa Cecilia, pero nosotros sabemos que es absolutamente controlada por la guerrilla y los paramilitares. Cuando quieren, decretan paro armado, cierran las carreteras Medellín-Quibdó, y Tadó-Pereira, la zona queda totalmente incomunicada, las comunidades prácticamente secuestradas y se genera en toda la subregión del San Juan una crisis alimentaria. Además, derriban las torres de energía eléctrica y atentan contra todos los derechos porque sin luz los hospitales no pueden funcionar, no hay agua potable, no hay seguridad ciudadana en las principales concentraciones urbanas. Lo que se vive en el eje Medellín-Quibdó, Quibdó-Pereira es una situación de incertidumbre y de control absoluto por parte de los grupos armados.

¿Cuál ha sido la respuesta del Estado frente a esta situación?

Siempre dicen lo mismo: aumentar el pie de fuerza y asegurar la zona. Pero sabemos que es una falacia. Por eso las mismas comunidades hemos propuesto un acuerdo humanitario, primero, para que se nos respeten nuestros derechos territoriales y nuestra seguridad alimentaria; y segundo, para que se entienda que, en tanto actores vulnerables, hacemos parte del conflicto. No somos neutrales. Somos actores victimizados de la guerra, y tenemos una posición de autonomía y resistencia frente al conflicto armado.

¿Cómo se han visto golpeados los procesos organizativos de la zona?

El conflicto armado rompe el tejido social, le hace perder los referentes territoriales y organizativos a una comunidad. Una comunidad a la cual le asesinan, le intimidan, le secuestran a sus líderes y representantes, pierde su norte. Hoy están amenazados los Consejos Comunitarios Locales de Mumbú, Guarato, El Tabor, Santa Cecilia, Playa de Oro, El Tapón, Corcovado y Angostura, en el municipio de Tadó. Y en el río Iró, el conflicto armado está desestructurando procesos organizativos de comunidades como Santa Rita de Iró, Santa Bárbara, Papagayo y Calle del Cedro. En el Alto Condoto las comunidades de Río Grande, El Paso, Aldrian, la Guama, y dos comunidades indígenas, están totalmente desalojadas. Se resisten a regresar a sus lugares de origen porque saben que tienen una amenaza en ciernes.

¿Estos Consejos Comunitarios tienen territorios colectivos?/b>

Sí. El San Juan está completamente titulado colectivamente para las comunidades afrocolombianas e indígenas, gracias a las acciones que comenzamos con Fundación Las Mojarras a partir del año 97. Pero el impacto del conflicto armado genera pánico individual y colectivo, procesos de desterritorialización, y sobre ellos, repoblamiento de nuevos sujetos sociales. Por eso creemos que el conflicto está generando una contrarrevolución étnica en el Pacífico colombiano, sobre todo en el Chocó.

¿A qué se refiere con contrarrevolución étnica?

En ninguna parte de América Latina se había demostrado con tanta contundencia, y en tan corto tiempo, que los movimientos sociales étnicos lográramos reivindicar nuestros derechos territoriales. En menos de cinco años, en el Chocó hemos titulado más de 3.500.000 hectáreas a favor de las comunidades afrocolombianas, un hecho sin precedentes en el mundo. Y el conflicto armado amenaza directamente este proceso.

¿Cuál es el panorama del desplazamiento en la región?

El primer impacto del desplazamiento en la cuenca del San Juan fue en el año 97 cuando se desplazaron todas las comunidades del río Iró hacia Itsmina y Condoto por enfrentamientos entre guerrilla y autodefensas. Luego en los años 98 y 99 comenzó una campaña sistemática de control de la población de los centros urbanos por parte de las autodefensas, y comenzaron una serie de asesinatos y desapariciones forzadas, de los cuales muchos quedaron impunes. En el 2000 sufrimos desplazamientos en el Alto Tamaná, en el municipio de Novita. En enero de 2002 se desplazaron las comunidades de El Tapón y Playa de Oro hacia Tadó. Y en noviembre lo hicieron las comunidades de Río Grande, El Paso, Aldrian y la Guama, en el Alto Condoto.

¿Qué pasa con las comunidades desplazadas que no pueden retornar? ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado?

Esa respuesta tiene que ver con las exigencias que las comunidades negras le hacemos al Estado: que se nos respeten nuestros derechos colectivos, que se nos garantice el retorno a nuestras tierras, que se nos garantice la apropiación del territorio y la seguridad alimentaria. En últimas, exigimos que se nos garantice el derecho a la vida con dignidad en nuestros territorios. Pero el Estado ha demostrado completa indiferencia a cumplir con estas exigencias de los grupos étnicos.

Pero el Estado ha plateado los Predios de Paso como una opción viable para los desplazados que no pueden retornar a sus territorios.

¿Qué lectura hacen las comunidades del Alto San Juan?

No estamos de acuerdo con los Predios de Paso. Creemos que son confusos, no están bien reglamentados y obedecen a una política poco planificada acerca del impacto que pueden tener sobre nuestra cultura y nuestros derechos territoriales adquiridos.

¿Cuáles son las críticas fundamentales a esta propuesta?

Se plantea, por ejemplo, traer comunidades desplazadas de una cuenca de río a otra totalmente diferente, sin procesos de concertación con las comunidades locales. Los predios son como refugios de concentración. La propuesta es mantenernos en resistencia hacia nuestros territorios y el Estado debe garantizar la permanencia a las comunidades en sus territorios. Más que hablar de Predios de Paso, hablamos de retorno con dignidad.

¿Cómo entender el retorno con garantías sabiendo que el conflicto armado no se acabará de un día para otro?

Es una obligación constitucional del Estado garantizarle la vida y honra de todos los ciudadanos colombianos. Para eso legitimamos un Estado, para eso elegimos un gobierno, para eso respaldamos un sistema democrático. Ese aparato al cual respaldamos, justificado en una Constitución, tiene que garantizarles, mediante los medios necesarios, la seguridad a todos los ciudadanos. Si eso no es posible, entonces replanteemos las estructuras del Estado.

Frente al tema de una nueva concepción de la estructura del Estado, ¿cuál es la propuesta que vienen manejando las comunidades afrocolombianas?

El Estado tiene que responder al espíritu de una nación multiétnica y pluricultural, reconocido en la teoría, pero que no se aplica en la realidad. Creemos que hay que avanzar hacia la construcción de un Estado que reconozca la diversidad cultural y regional. En ese sentido, propendemos un ordenamiento territorial que le reconozca su carácter real a los territorios colectivos tanto afrocolombianos como indígenas. El Pacífico colombiano es una región autónoma de grupos étnicos afrocolombianos e indígenas, con unas condiciones ambientales especiales, donde podemos concretar un modelo de desarrollo diferente al hegemónico y neoliberal. Le apostamos a la construcción de un nuevo país expresado en una nación diferente.

¿Es federar el país en regiones?

No. Planteamos tener la oportunidad de regir nuestros propios destinos desde el punto de vista político, económico y social. La propuesta de ordenamiento territorial para los afrocolombianos apunta a dos cosas: primero, a reconocer el Pacífico como una región autónoma de grupos étnicos, con su institucionalidad propia, con su régimen descentralizado, donde los territorios colectivos sean reconocidos. Eso implica generar una verdadera descentralización. Pero no como se quieren montar regiones ahora, subordinadas a centros de poder electoral y económico.

¿A qué se refiere?

A que quieren fraccionar el Pacífico en tres regiones: entregarle el Chocó a Antioquia, el Pacífico central al Valle del Cauca, y el Sur del Pacífico a otros intereses. Nosotros propendemos por una región única, sólida, comprometida con su realidad cultural y ambiental. Lo segundo es convertir los territorios colectivos en verdaderas unidades mínimas del ordenamiento territorial. En este momento el Pacífico colombiano está titulado para indígenas y negros, pero los títulos colectivos no avanzan como un reconocimiento territorial especial desde el punto de vista fiscal, de gobierno y de justicia. Eso sólo lo tienen los municipios. Planteamos que los territorios colectivos indígenas sean Entidades Territoriales Indígenas (Etis), y los territorios afrocolombianos sean Entidades Territoriales Afrocolombianas (Etas). Es un reto al poder y a la distribución de la riqueza, una verdadera participación democrática.

¿Cómo creen que este proyecto pueda insertarse en medio de dos lógicas a las que se ve enfrentado: el funcionamiento actual del Estado y los intereses de los actores armados?

Los actores armados tienen su propuesta de ordenamiento territorial, que no la dan a conocer, pero que es evidente en la medida en que se apropian estratégicamente de ciertas zonas de nuestro territorio. El Estado, a través de su organización tradicional, también tiene un ordenamiento territorial y jurídico. Y los grupos étnicos también tenemos nuestro propio ordenamiento territorial. En últimas lo que está pasando en el Pacífico es una tensión de poderes alrededor del ordenamiento territorial donde los grupos étnicos, con nuestra propuesta de revolución étnica, planteamos una forma de ordenamiento territorial de acuerdo con nuestras lógicas culturales, con nuestras dinámicas funcionales y con nuestra estrategia de poblamiento y de intercambio de productos.

¿Una propuesta así no va en contra de las necesidades de desarrollo del país, en la medida en que frena la posibilidad de canalizar inversiones que permitan generar recursos para la Nación?

Pero ¿de qué desarrollo estamos hablando? El desarrollo se entiende como una estrategia para el bienestar de las personas en un territorio. Cuando hablamos de visiones del desarrollo, nos referimos a lógicas de poder, a imposiciones culturales, a modelos económicos hegemonizantes, a estrategias de globalización y aculturamiento. Nosotros planteamos en el Pacífico una lógica del desarrollo a partir de nuestra visión ancestral y cultural que Occidente no entiende. Por ejemplo, para nosotros la riqueza, la acumulación, el bienestar, tienen concepciones completamente culturales de acuerdo con nuestra relación con la naturaleza y con el cosmos. Pero nuestra visión de desarrollo está siendo amenazada por el proyecto dominador de Occidente. En el Pacífico hay una contrariedad de lógicas de desarrollo: la de los grupos armados; la de Occidente responde a otra; y la de los grupos autóctonos.

El Chocó sólo aparece en el mapa público del país cuando hay hechos contundentes del conflicto armado. ¿Por qué considera que este tipo de dinámicas territoriales e intereses son invisibilizados?

Porque no hacen parte de los intereses de la hegemonía, porque son contra públicos, son propuestas revolucionarias que provienen desde los suburbios, contra discursos que vienen de una sociedad subordinada que se reclama libre contra la hegemonía, venga de donde venga.

¿No temen afectar intereses estratégicos y lógicas de poder?

Esta es una propuesta revolucionaria y nos mantenemos. Proponemos el cambio estructural de la Nación, que varios modelos de desarrollo se encuentren y generen oportunidades de bienestar a todos los colombianos. Necesitamos alternativas para vivir en un país multiétnico y pluricultural, un país donde quepamos todos. Y más dificultades que el derecho a la vida no podríamos soportar. Esa es nuestra principal urgencia: el derecho a la vida que nos han negado. Porque detrás de las masacres, del etnocidio, del desplazamiento lo que hay es una negación al derecho a la vida de las comunidades negras, de comunidades que sólo proponemos vivir en paz, con dignidad y en libertad.

*Periodista de CODHES