¿Está buscando el gobierno una ley de punto final para las AUC?

En Colombia es muy famoso el refrán popular “cuando el río suena, piedras lleva”. Lo usan las abuelas para advertir, con la voz de la experiencia, que no es conveniente descartar de plano las versiones de pasillo sobre tal o cual tema. Esa misma máxima es la que la oposición le aplica por estos días al presidente Álvaro Uribe respecto de los más recientes acontecimientos en el proceso de paz con las autodefensas.

Excelso comunicador y hábil manejador de los temas de opinión pública, Uribe dedicó la semana pasada a recordar en cuanto foro hablaba que es necesario conocer la verdad “completa” sobre las relaciones entre política y grupos armados ilegales. Su mensaje fue interpretado en primer momento como una nueva versión del ventilador que tanto cuestionó como candidato y que en varias oportunidades ha empleado como presidente. Con el paso de los días la tensión por sus palabras sigue creciendo y sube también el número de personas con sospechas sobre la verdadera razón que se esconde detrás de ellas.

La situación alcanzó su máximo grado de tensión este sábado, cuando el mandatario aprovechó el consejo comunal de Pereira para solicitar “un juicio al Estado” por permitir el crecimiento de las "condiciones para que todos estos terroristas (guerrilleros y paramilitares) se apoderaran de las regiones, porque el Estado ignoró la seguridad". Su alusión al Estado fue, para muchos, la confirmación de lo que se sospechaba desde hace casi tres meses: al gobierno le interesaría abrir una discusión más profunda sobre las raíces de la violencia paramilitar con el fin de ambientar una ley de punto final para sus crímenes.

Ni siquiera las aclaraciones del mismo presidente respecto a su voluntad de continuar adelante con la aplicación de la ley de justicia y paz lograron calmar el ambiente. El ex presidente Alfonso López, en diálogo con la W Radio calificó la idea de Uribe como "una tentativa de aplicar el espejo retrovisor para enjuiciar a los jefes de Estado anteriores". El también ex mandatario liberal Ernesto Samper dijo que “ahí está la Procuraduría, están los jueces y la comisión de acusación. Supongo que esos serán los escenarios en los cuales se lleva la discusión de este tema”. Y el senador Juan Fernando Cristo, vocero del Partido Liberal, aclaró que “el único juicio aceptable es el de la Corte Suprema de Justicia que está en el deber y en la obligación de emitir unos fallos y de tomar decisiones con respecto a la para-política en Colombia”.

Desde dirigentes pastranistas como el ex comisionado de paz Camilo Gómez hasta voceros de la izquierda como el senador Gustavo Petro (quien destapó el escándalo de la ‘parapolítica’) coincidieron en que el ‘juicio al Estado’, tal y como lo planteó Uribe, es una idea que busca beneficiar a los paramilitares desmovilizados. Al decir de Petro el tribunal competente para este tipo de juicios es la Corte Penal Internacional. Gómez, sostiene que está dispuesto a dar el debate sobre el pasado aunque aclaró que no le ve mucho provecho.

Pero quizá la respuesta que más causó sorpresa fue la del presidente del Polo Democrático Alternativo (PDA), ex senador Carlos Gaviria. El jurista antioqueño dijo que no tiene problema en que lo investiguen, pero que “paralelamente (investiguen) la del doctor Uribe, a ver si encuentran más nexos de él con los paramilitares o nexos míos con la guerrilla".

El tono de Gaviria fue similar al que usó en noviembre pasado, cuando por los pasillos del Congreso comenzaron a escucharse rumores que señalaban que ante la magnitud del escándalo por la ‘parapolítica’ el gobierno estaría interesado en ambientar la ley de punto final para suspender los procesos judiciales contra los desmovilizados y evitar que la bola de nieve siga creciendo.
 
En aquella oportunidad, Gaviria dijo que “cuando el proceso apenas está en marcha, una ley de punto final no tendría sentido porque de pronto obstruiría lo que el país necesita y es que se conozca toda la verdad”.  Su afirmación parte de la idea de que mientras no se sepa exactamente qué fue lo que ocurrió y quiénes fueron los responsables de la tragedia vivida en el país por culpa del paramilitarismo será imposible construir una sociedad democrática.

Entre los argumentos de quienes estarían interesados en la ley de punto final está la dificultad de juzgar a tantas personas involucradas, especialmente en casos como el de Caucasia (Antioquia) municipio en el que más de 10 mil personas aceptaron públicamente que respaldaron a los grupos de autodefensas.
 
Sin embargo, la oposición considera que de lo que se trata es de un enorme reto que la justicia tiene que afrontar con decisión. De otro lado, una ley de punto final no garantizaría el cierre de las heridas abiertas por la violencia y podría ocurrir, como en Argentina, que después de instaurada sea revocada.

En defensa del Presidente
 
Ante semejante ambiente en contra, el presidente no tuvo más remedio que poner a su leal espadachín, el asesor José Obdulio Gaviria, a que hablara por los medios aclarando que el juicio propuesto al Estado es político e ideológico y no jurídico. “Con los anteriores gobiernos hay que dar el debate, con los criminales la única solución es el proceso judicial”, dijo el asesor por todos los medios.

Semejante aclaración tan afanada puede interpretarse como el interés por evitarse más problemas con los ex presidentes por culpa de un error en el mensaje. Pero si hay algo que le gusta a Uribe es cazar peleas y discusiones ideológicas. Luego, es probable que sus palabras hayan sido a propósito con el fin de tomarle la temperatura al debate.
 
Si el asesor Gaviria dice lo correcto, Uribe no está buscando salvar a los paramilitares de las ya rebajadísimas penas contempladas en la ley de justicia y paz. Pero el mismo gobierno dijo algún día que no estaba interesado en la reelección ni en otras propuestas que finalmente terminó impulsando. Es por esta razón que muchos en el Congreso piensan que el país debe estar preparado por si aparece pronto una propuesta similar a la de la ley de punto final disfrazada con algún matiz gramatical o lingüístico.

No a la reelección
 
La decisión fue notificada personalmente al senador conservador Ciro Ramírez, principal promotor del proyecto que busca reformar otra vez la Constitución para permitir una nueva reelección del presidente Álvaro Uribe. El mandatario dijo que no, que por ahora está interesado en otros temas y que desea dedicarse a gobernar. Ramírez, sin embargo, dice que el tema debe ser estudiado y que el país tiene que decidir basado en su percepción sobre el segundo mandato de Uribe.

Según Uribe, se dedicará a desarrollar el programa que le prometió al país. Su mensaje, difundido este martes en entrevista con Caracol Radio, no sólo le quitó alas a Ramírez, sino que se convirtió en una respuesta negativa al industrial Julio Mario Santodomingo, quien hace dos semanas respaldó una hipotética nueva reelección presidencial.

Con esta posición Uribe no sólo pretende cerrarle el espacio a la oleada de críticas que el tema desencadenó desde comienzos de este año (especialmente entre la misma bancada uribista) sino que envía un mensaje a la opinión pública en el sentido de que es consciente de que su obligación es gobernar en vez de pensar en perpetuarse en el cargo. Si bien su imagen sigue siendo muy favorable en los sondeos de opinión, muchos analistas consideran cuando menos equivocado proponer la reelección de alguien que ni siquiera ha comenzado a gobernar. La plataforma de mandato de Uribe en su segundo cuatrienio tiene una serie de propuestas que no ha comenzado a ejecutar especialmente en el área social.

No obstante, el senador Ramírez, célebre por su obstinación en el tema (según él desinteresada) y eufemísticamente conocido en el Congreso como “el padre de la reelección”, sigue pensando que la idea es pertinente.

En su diálogo con Caracol Uribe también insistió en su controvertida idea del juicio al Estado por la propagación del paramilitarismo y en que los jueces deben establecer las razones por las cuales se perdió la soberanía en el país en las zonas controladas por grupos al margen de la ley. Aunque algunos analistas consideran que esta idea busca abrirle espacios a una propuesta de ley de punto final (que suspendería los procesos judiciales contra los ex jefes paras) el presidente aseguró que ese no es su objetivo y que la justicia colombiana debe seguir operando de acuerdo con lo establecido en la ley de justicia y paz, que impone penas mínimas a los ex jefes desmovilizados.

En el caso específico de los políticos uribistas vinculados con el paramilitarismo y suscriptores del acuerdo de Ralito señaló que “hay que revisar si eso ocurrió por coacción insuperable, gestión humanitaria o ánimo delictivo”. Los once congresistas involucrados en el tema están a la espera de la decisión que la Corte Suprema de Justicia adopte sobre el caso, mientras que la Procuraduría ya anunció investigaciones contra ellos.