Indecisión del gobierno sobre futuro del Seguro Social agudizó crisis de la entidad

Han pasado tres meses desde que el Presidente Álvaro Uribe anunció su intención de liquidar el Seguro Social y aún el alto gobierno no se pone de acuerdo sobre la forma y los tiempos en que lo harán. Esta indecisión no sólo puso sobre el tapete la falta de claridad en cuanto a las políticas públicas de salud, sino que generó una avalancha de desafiliaciones que ya supera las 60 mil solicitudes y que tiene a la entidad en una crisis peor que la que existía antes del anuncio presidencial.

De momento lo único que se sabe es que el gobierno contempla tres opciones: reestructurar a fondo la actual entidad, liquidarla para fundar una de carácter estatal que sea más pequeña, pero eficiente; o eliminarla definitivamente y entregar la administración de su sustituta a manos privadas.

“El gobierno no ha sido claro con la opinión pública. Su indecisión incluso hace pensar que podríamos terminan en un esquema de aseguramiento privado, lo que sería una catástrofe para el país”, sostiene la senadora Cecilia López una de las más criticas con el gobierno en este tema.

La crisis de la entidad es estructural y se convirtió en una bola de nieve que viene creciendo desde que el Seguro nació hace más de medio siglo porque no fue adecuadamente tratada por los gobiernos de turno. Su actual director, Gilberto Quinche, acepta con resignación que sólo en el tema de la salud el déficit supera los 450 mil millones de pesos anuales.

Ante semejante situación, que amenaza con dejar sin cobertura a millones de colombianos y que de cuando en cuando obliga a los gobiernos a buscar partidas de emergencia para garantizar el pago a los pensionados del Seguro, hasta los congresistas de la bancada uribista le pidieron al presidente mayor claridad sobre el futuro de la institución y promovieron sendos debates contra el Ministro de Protección a quien le piden adoptar medidas para evitar que la situación empeore.

Al mismo tiempo, el Congreso se prepara para discutir la reforma a la Ley 100, que tiene en alerta a las entidades prestadoras de salud de carácter público. Para el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios del Seguro Social, Ricardo Gallo, a cada nueva solicitud de desafiliación debe agregarse una peor: que tres nuevos colombianos se abstienen de afiliarse a la entidad y prefieren las privadas. “Los ciudadanos más pobres y vulnerables están alarmados ante la suerte que pueda correr la entidad y la eventual carencia de una institución que les preste sus servicios de salud”, sostiene Gallo.

60 años de tropezones

Para Quinche la entidad se ha convertido en una especie de elefante blanco que está al borde del naufragio por la mala administración del pasado, la falta de previsión y la politiquería. Según él, las pesadas convenciones colectivas han generado un pasivo pensional de más de 600 mil millones de pesos, que cada día aumenta. “El principal benefició de esta convención colectiva es jubilarse cinco años antes de cumplir los requisitos a que están obligados los demás colombianos, sin tener el capital constituido para respaldar el pago de jubilación”, señala el funcionario, quien considera que por esta vía el Seguro ha asumido deudas sin tener el fondo suficiente para cubrirlas.

Otro aspecto que afecta al ISS es su atraso tecnológico. Si la entidad no invierte grandes sumas en modernización, en equipos, en avanzadas bases de datos sobre sus usuarios y en capacitar a sus empleados, llegará el momento en que ni siquiera podrá correr detrás de sus competidoras privadas. Algunos expertos consideran que en la carrera contra el sector privado, hace rato que el Seguro se quedó sin aire. Como recuerda la senadora López, en el gobierno Gaviria se aplicó el modelo chileno de los Fondos privados de pensiones y también empezaron a surgir las EPS privadas. Ante este nuevo entorno de competencia al Seguro no se le inyectaron recursos ni tecnología. Hubo una desbandada y sólo se quedó con las mujeres, los ancianos y los enfermos de alto costo.

El gobierno Uribe intentó remediar el tema con una drástica reforma que en 2003 dividió la institución en tres partes independientes: la EPS pública, la Administradora de Riesgos Profesionales y la entidad que administra las pensiones. Esta estrategia de escisión no fue suficiente y desembocó en la crisis actual. Sin embargo, la directora de Planeación Nacional, Carolina Rentaría, cree que tuvo sus bondades porque permitió descubrir que la EPS y el sector de pensiones no eran rentables y que la ARP es bastante lucrativa. Este diagnóstico va a ayudar a determinar la reforma actual.

El presidente Uribe dice que es conciente de que el gobierno debe resolver esta problemática social, pero que también debe ser cuidadoso en las soluciones. Sabe que la caja del gobierno no está muy boyante y que más que destinar partidas millonarias para resolver de momento la crisis de la entidad, lo que necesita es garantizar su viabilidad. Así lo hizo en el reciente acuerdo para salvar el Hospital Materno Infantil de Bogotá, en el que la Nación decidió aportar 60 mil millones de pesos condonables si la entidad se recupera, pero reembolsables en caso contrario. Lo importante es que las decisiones lleguen pronto, pues mientras el gobierno sigue pensando qué hacer, el Seguro sigue muriéndose y los colombianos más pobres son quienes sufren las consecuencias.