Lo que usted debe saber de la Reforma a la Justicia

Este miércoles comenzó la discusión en la Comisión Primera del Senado de la reforma a la Justicia, que contra viento y marea, presentó el gobierno. El momento es quizá el menos propicio para que el Congreso aborde una reforma de esta dimensión. El clima de tensión entre la rama judicial y el Ejecutivo ha aumentado, pues el gobierno ha arremetido contra la Fiscalía y la Corte Suprema sin mesura, ante las investigaciones hechas  a congresistas de la coalición uribista sospechosos de haberse aliado con paramilitares para obtener sus curules.

El ministro del Interior y de Justicia, quién lidera la reforma, ha sido salpicado por la detención de su hermano, un alto funcionario de la Justicia en Medellín, por posibles vínculos con el narcotráfico y la oposición pide su cabeza.
 
El inicio mismo del debate de esta importante reforma, empezó con una extraña denuncia del Ministro Valencia contra los congresistas Gustavo Petro y Piedad Córdoba, basada en unas cartas de unos presos, cuya legitimidad ya había sido puesta en duda al principio de la semana. Y esa salida fue sólo el corolario de una embestida del Presidente contra los ex presidentes y líderes liberales que comenzó el martes, pues ante las críticas por un posible complot que se fraguaba en la Casa de Nariño, con su visto bueno, contra la Corte, Uribe apeló a su consabida táctica de poner el espejo retrovisor.

Tampoco es este el Congreso más sólido y legítimo para definir cómo se debe reformar la Justicia, con uno de cada cuatro de sus miembros bajo la lupa de la justicia, denunciados por presunto concierto para delinquir.

A pesar de tener los vientos en contra, sin embargo, el Ministro del Interior presentó la reforma que con seguridad serán motivo de álgidos debates. Para mayor comprensión de qué es lo que está en juego, Semana.com presenta respuestas a las preguntas centrales acerca de la fundamental reforma:

¿Todos los congresistas podrán votar reformas constitucionales?
Para evitar que las reformas constitucionales se hundan, debido a las inhabilidades que presentan algunos de los congresistas, el gobierno propuso en un parágrafo que todos los congresistas podrían votar los proyectos de reformas constitucionales. “En ningún caso los congresistas incurrirán en violación del régimen de inhabilidades, o incompatibilidades o de del régimen conflictos de interés”, dice el proyecto.

¿Quién elegirá al Procurador, al Contralor, al Defensor y al Auditor?
Actualmente al Procurador lo elige el Senado de una terna propuesta por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Presidente. Al Contralor lo elige el Congreso en pleno de una terna enviada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Asimismo el Defensor es elegido por la Cámara de Representantes de una terna propuesta por el Presidente. Y el Auditor es elegido por el Consejo de Estado de una terna propuesta por la Corte Suprema de Justicia.

La reforma busca quitarle a las Cortes el poder de nombrar a quiénes vigilan a los funcionarios del Estado. Según ésta, el Congreso en pleno sería el encargado de elegir al Procurador, al Contralor, al Defensor y al Auditor de la Nación para períodos de cuatro años. Los cuatro funcionarios del Estado serían elegidos de una terna, que sería seleccionada mediante un concurso de méritos convocado por el mismo Congreso.

Aunque la elección de los funcionarios públicos por sus méritos sería una solución al problema del clientelismo en las instituciones del Estado, el hecho de que sea el Congreso quien convoque a Concurso, la misma corporación que elegiría finalmente a los postulados, abre la pregunta sobre cómo garantizar que el concurso sea legítimo y no se preste para una vez más, se trate de un nombramiento producto de arreglos clientelistas.

¿Quién elegirá al Fiscal?
La reforma propuesta por el gobierno no incluye ninguna modificación en el mecanismo para escoger Fiscal General de la Nación. Actualmente, el Fiscal es elegido por la Corte Suprema de una terna propuesta por el Presidente, para un período de cuatro años.

¿Qué cambios tendría la Corte Constitucional?
Los únicos cambios en la institución encargada de salvaguardar la Constitución, son que no se estipula el tiempo para la permanencia de los magistrados (actualmente es de ocho años) y que quienes hayan sido magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, un año antes de la elección, podrán aspirar a ser elegidos (actualmente no pueden).

¿Quién elegirá a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura?
Los magistrados de estas corporaciones serían elegidos por el sistema de cooptación, es decir, saldrían de las mismas corporaciones mediante el mecanismo que se fije en una Ley específica, o el que fije una normatividad diseñada por la Sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura.

Serían elegidos para doce años, lo que en caso de una nueva reelección presidencial afectaría gravemente el sistema de pesos y contra pesos entre las ramas del poder, pues para cuando termine su período en 2010, el actual Presidente habrá tenido injerencia en el nombramiento de la mayoría de los magistrados, y si a estos se les extienden los períodos, la probabilidad de que una mayoría uribista reine en la Cortes por muchos años es muy alta.

Este sistema de cooptación también genera críticas de analistas y juristas. Hay quienes aducen que aprobarlo sería volver al sistema anterior a la Constitución de 1991, que se prestaba para clientelismo al interior de la rama judicial. Paradójicamente este sistema profundizaría el “roscograma” judicial, tan criticado en días pasados por el Presidente, cuando se refirió a que los magistrados terminan nombrando a sus clientelas en la corporaciones.

Sin embargo, también hay quienes ven en esta propuesta, una movida sana pues despolitiza la injerencia que hoy tiene el Congreso en nombrar algunos magistrados en el Consejo Superior. La Corte Suprema siempre ha nombrado sus magistrados por cooptación.

¿Qué cambios habría en el Consejo Superior de la Judicatura?
Estaría integrado por dos salas la de Gobierno y la Disciplinaria. La de gobierno estaría integrada por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado y tres magistrados comisionados por cada corporación. Los integrantes de la disciplinaria (7 magistrados) serían nombrados por el sistema de cooptación.

Actualmente en esta corporación también hay dos salas: la administrativa y la disciplinaria. La diferencia más significativa es que la disciplinaria, encargada de examinar y castigar la conducta de los integrantes de la rama judicial, es nombrada por el Congreso de ternas propuestas por el Presidente. Debido a que hubo reelección presidencial en 2006, al final de este año la sala disciplinaria quedará compuesta solo por magistrados nombrados por el gobierno Uribe. Si son ellos los que nombren a los próximos magistrados, la influencia del urbisimo en esa Corte durará por muchos años.

Desde otro punto de vista, el cambio puede ser saludable porque les quita injerencia a los políticos sobre el cuerpo judicial que vigila la conducta de los jueces.

¿Quién investigará a los congresistas?
El encargado de investigar a los congresistas, según la propuesta del gobierno, sería el Fiscal General de la Nación. Y el proceso de juzgamiento se llevaría a cabo en la Sala Penal de la Corte, en primera instancia. La segunda instancia se surtiría en la Sala de Gobierno el Consejo Superior de la Judicatura.

En la actualidad, la institución encargada de investigar y juzgar a los congresistas es la Corte Suprema, como sucede en el caso de la parapolítica. Debido a que la Corte Constitucional a través de un fallo pidió separar los procesos de investigación y de juzgamiento, varias voces han reclamado la doble instancia para los congresistas que están procesados por la parapolítica. Sin embargo, el hecho de que se deban separar los procesos de investigación y juzgamiento, no implica crear una doble instancia.

El ex magistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes, en entrevista con Semana.com explicó que “La sentencia (de la Corte Constitucional) considera constitucional que en el futuro se presente ese cambio (la separación de los procesos), pero eso se puede hacer con la simple reforma al Estatuto de Administración de la Justicia, que es una norma del código de procedimiento penal. El gobierno fue más allá de la sentencia de la Corte. No hay una urgencia evidente para el cambio, que sí puede traer consecuencias gravísimas”, explicó Cifuentes.

Aunque el proyecto de ley establece que estas reformas solo se aplicarían a los delitos que cometan los congresistas a partir de la vigencia de la aprobación de la ley, surge la inquietud por si la reforma no abriría la puerta para que los ya procesados por parapolítica, apelen con el argumento de que no tuvieron doble instancia.