El progresismo dejó un país totalmente descuadernado, empobrecido, polarizado y con una numerosa población odiando a la democracia y a sus autoridades; el comportamiento permisivo del saliente jefe de Gobierno frente a la violencia ‘le dio alas’ a los delincuentes que buscaron y siguen buscando implantar la anarquía, como se pudo constatar en las marchas del pasado 14 de octubre citadas por Petro, Cepeda y sus alfiles, contra el Gobierno de De la Espriella, esgrimiendo cínicamente inconformidades por desastres que ellos mismos crearon.
La izquierda citó para estas concentraciones a los sindicatos comunistas, a los fieles vasallos de Fecode, a los estudiantes afectados por el virus de la transformación ideológica inadvertida que les ha sido inyectada en las aulas, a organizaciones indígenas y a unos personajes que por su ‘disfraz’ se ve que no son la representación de la juventud colombiana. Es vergonzoso ver en las redes sociales lo que parece ser una ‘estación de refuerzo’, donde algunos jóvenes aparentemente están disfrutando de ‘un toquecito’ para apoyar la manifestación; esto confirma la bajeza de muchos de los que apoyan esta corriente ideológica.
Aunque las autoridades reportaron tranquilidad durante las marchas, algunos desadaptados sociales produjeron daños a estaciones de Transmilenio, afectando como siempre a los ciudadanos del común, así como algunos delincuentes, posiblemente bajo efecto de sustancias ilícitas, amenazaron a miembros de la Fuerza Pública con armas blancas, botellas, piedras y produjeron otras afrentas a la autoridad; ojalá se logre la captura y judicialización de estos delincuentes, no solo para que paguen por los daños causados, sino por el peligro que representan para la sociedad.
“A grandes males, grandes remedios” reza el aforismo atribuido a Hipócrates y es por ello que el Gobierno está tomando medidas para acabar con la violencia que generan los que quieren convertir la ‘protesta social’ en un ‘estallido social’ que degenere en una guerra civil; con el decreto 1525 de 2026, el Gobierno establece un ‘Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana’, dando garantías a quienes participan serenamente en estos eventos y fortaleciendo las herramientas para que la Fuerza Pública pueda actuar, dentro de la ley, para restablecer el orden cuando este sea perturbado, no para violentar a la población, como lo quieren hacer ver los enemigos de la paz.
Igualmente, el gobierno ha previsto llevar al Congreso un documento vital para neutralizar la anarquía que dejó sembrada el progresismo: el Estatuto Antiterrorista; este documento fue presentado recientemente al Consejo Nacional de Política Criminal, habiendo obtenido una aprobación por mayoría. Pero este Estatuto y el Decreto relacionado con la protesta social tienen sus detractores, especialmente por parte de los mamertos que apoyan a los grupos fuera de la ley, quienes, tratando de impedir su aprobación y utilizando el mismo libreto de siempre, argumentan que son un riesgo para la democracia y que afectarán los derechos humanos.
En la misma dirección que marcha el gobierno de acabar la amenaza y lograr una paz duradera, el legislativo ha radicado, con ponencia positiva, un proyecto de ley por medio del cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997 que trata de los ‘instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y otras disposiciones’; el proyecto de ley da claridad a los instrumentos legales con que el gobierno puede tratar, entre otras, el tema de la entrega de delincuentes, sin ser permisivos, ni otorgar prebendas políticas a los mismos. Entre las motivaciones está el hecho de que, como consecuencia de la protección e impunidad ofrecida a los delincuentes por el último gobierno, estos crecieron un 90 % en los cuatro años.
El presidente le ha dado una importancia capital a la seguridad y es por ello que a la cabeza de la fuerza pública adelantan operaciones para neutralizar a los capos y a las organizaciones criminales que tanto daño han causado al país; sin embargo, es importante notar que los narcoterroristas han adquirido unas capacidades ofensivas muy importantes y el empleo de los drones causa un desequilibrio que debe ser neutralizado en el menor tiempo posible; por su parte, la Fuerza Pública debe ir adelante en la prevención y no solo en la reacción ante las amenazas, lo cual se logra con la inteligencia militar y policial que cínicamente Petro debilitó.
Dentro de las formas de lucha empleadas por los bandidos, además de las armas, está la instrumentalización en forma miserable de los niños, como se ha visto en las redes sociales, donde una congresista de la izquierda está celebrando las palabras de una niña aleccionada para odiar la democracia, las instituciones y en especial a las autoridades legítimas del Estado. Esta aberración debe ser castigada por la ley en forma ejemplar; se acabó la apología del delito.
La izquierda está intimidando desde el Congreso al gobierno y al país en general, invocando la movilización social, como lo hicieron durante el gobierno de Duque; pero no son declaraciones independientes, sino que deben ser parte de un libreto perfectamente establecido, pues la representante del Pacto Histórico, Ana Erazo, públicamente dice “…vamos a salir a las calles a tumbar este Gobierno…” y Cepeda también amenaza manifestando después de la marcha que “…apenas estamos calentando motores…”.
Lo anterior muestra los desafíos a la democracia y a la legitimidad del Gobierno, que, aunque existe la libertad de expresión, no se pueden permitir estas amenazas a la seguridad y a las libertades de los colombianos, porque parece que la izquierda, en lugar de ser una oposición constructora, busca el derramamiento de sangre para llegar al poder.