A partir de mis diversas experiencias de vida, me permito presentarle algunas sugerencias democráticas al señor presidente de la República de Colombia.
Primera. En democracia, es deber de obligatorio cumplimiento de todos los gobernantes, en los niveles nacional, departamental y municipal, presentar periódicamente y por escrito la rendición pública de cuentas sobre los principales resultados de su gestión y la de todo su equipo de gobierno.
Reconociendo que el presidente Abelardo De La Espriella informa constantemente sobre los temas relacionados con la seguridad, también es bueno señalar que la gestión del Gobierno colombiano no puede reducirse a ese asunto. Temas tan importantes para el presente y el futuro de Colombia como la solidaridad con las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto y la reconstrucción de las zonas afectadas en diversas regiones, así como todo lo relacionado con las finanzas públicas, el desarrollo económico y el empleo del país, y la prestación integral de los servicios de salud, agua potable, educación, cultura y deporte, entre muchos otros, requieren que los colombianos conozcamos públicamente los avances, las dificultades y los retrocesos registrados en esas materias desde el pasado 7 de agosto. Estamos en mora de conocer esa información.
Una cosa es el activismo de los gobernantes y otra muy diferente es la gestión de los equipos de gobierno en los niveles nacional, departamental y municipal. En esa línea de conducta, es muy importante desarrollar una cultura democrática ciudadana que reconozca que la rendición pública de cuentas es un derecho de la ciudadanía y un deber de obligatorio cumplimiento de los gobernantes.
Segunda. Los gobernantes, sean de derecha, de centro o de izquierda, tienen el deber democrático de gobernar para el conjunto de la población urbana y rural, tanto para quienes votaron por ellos como para quienes no lo hicieron. Esa realidad obliga a los gobernantes de cualquier país democrático a implementar una política de diálogo social con los diversos sectores sociales y políticos, incluidos aquellos que no les son afines, a fin de construir políticas públicas favorables a los acuerdos y aprender a convivir pacíficamente en la diferencia.
Tercera. El poder democrático del voto impone límites que los gobernantes elegidos por voto popular tienen el deber de interpretar y respetar. En tal sentido, como demócrata e independiente, no dejan de preocuparme las recientes decisiones gubernamentales tomadas para limitar las actividades del Museo Nacional, en la ciudad de Bogotá, D. C.
De seguir por ese camino, fácilmente podremos llegar a una cultura amordazada y a una sociedad en la que expresarse política y socialmente pueda conducir a que todas las personas sean consideradas dignas de toda sospecha.
Por eso, el presidente de la República tiene el deber democrático de demostrar con hechos que es una persona de carne y hueso, y que su autoridad como gobernante y como persona radica, fundamentalmente, en tener principios y nortes éticos, como el respeto por la diferencia y la tolerancia cero frente a la corrupción, el despilfarro y la violencia, venga de donde venga y la ejerza quien la ejerza. También debe actuar con firmeza frente a las desigualdades sociales, la contaminación ambiental y todas aquellas personas que siempre ven al Estado como su vaquita lechera.
El sentido común me ha enseñado que el reconocimiento más importante que podemos recibir después de haber ocupado cargos de gran responsabilidad estatal es que la gente, en la calle o en cualquier sitio público, nos salude y nos recuerde con cariño y amabilidad.