Amarga semilla

La versión primera del Acuerdo de Paz suscrito en La Habana no incluía estipulación alguna que obligara a las Farc a colocar, para la reparación de las víctimas del conflicto, los recursos económicos acumulados a lo largo de muchos años de actividades ilegales.  

En aquella época se afirmaba que no había sido posible hallar, en contra de la opinión generalizada de muchos expertos, bienes de cuantía significativa en poder de la guerrilla. Ocurrieron luego dos episodios importantes que obligaron al Gobierno a cambiar de posición: el adverso resultado del Plebiscito, y la llegada de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía General.

El panorama, entonces, cambió de manera radical. En el Acuerdo del Teatro Colón se incluyó una estipulación expresa mediante la cual las Farc se obligaron a realizar lo que en rigor contable denominamos un balance general, y a entregar los bienes que configuran su patrimonio para la reparación de las víctimas. Para efectuarlo se fijó una fecha que venció la semana pasada.

De lo anterior se desprende una consecuencia notable. Si bien está estipulado que para gozar de los beneficios de la justicia transicional es indispensable haber cesado toda actividad criminal a más tardar en la fecha de entrar en vigencia el acuerdo, esa regla tiene una excepción: la tenencia de bienes de origen ilícito –o sea todos los de las Farc– que pudo mantenerse hasta el fin de las zonas de concentración. Nada que objetar. Mantener a raja tabla la regla general, habría convertido a buena parte de la dirigencia fariana en delincuentes comunes. No se negocia un proceso de paz para hacerlo fracasar.

Entre tanto, Néstor Humberto y sus pupilos, volando a velocidades supersónicas, han realizado un inventario cuyo valor, entiendo, que duplica el de los bienes denunciados por las Farc. ¿Habrán estas mentido?

En beneficio suyo, hay que advertir que tienen totalmente claras las consecuencias de manipular las cifras de los bienes que integran su patrimonio. Lo dijeron en un comunicado reciente: “Es bueno recordar que quienes menos interés tienen de incumplir los acuerdos somos nosotros mismos (…) por cuanto incumplirlos nos pondría por fuera del acuerdo, con todas las consecuencias que ello trae, incluida la acción penal del Estado”.

Para justificar eventuales omisiones e inexactitudes igualmente anotaron que “No hemos sido una persona jurídica; nuestro accionar se ha desarrollado por fuera del orden existente; la información de la organizacio´n ha sido compartimentada; la dinámica de la guerra condujo a la pérdida de información, mucha de ella a manos del adversario”. No sé si esto es verdad, pero es razonable. Las Farc han sido una federación de organismos ilegales en guerra contra el Estado. No es posible pedirles el rigor contable que le exige a una compañía de seguros la Superintendencia Financiera.   

De otro lado, asombra a muchos que en el inventario se incluyan activos fijos representados por obras de infraestructura vial. Esos bienes, por su propia naturaleza, no sirven para reparar a las víctimas. Si son útiles una vez cesada la confrontación, son bienes públicos que todos podemos utilizar; si no, carecen de valor. Pero, desde la óptica de las Farc, revelarlos tiene sentido para explicar qué hicieron, en parte, con los dineros producto del secuestro y el narcotráfico.

Pasa con estos rubros de su reporte lo mismo que con el armamento entregado, el cual, según se sabe, no está integrado propiamente por escopetas y machetes: conforme a lo estipulado –y es conveniente que así suceda– va a ser destruido y, en una fracción, utilizado para construir dos monumentos conmemorativos del fin de la confrontación (sapo que hay que tragar sin repulsa). Deberá tenerse en cuenta que su adquisición en el mercado negro debió costar sumas elevadas que inexorablemente disminuyen la capacidad de acumulación de riqueza utilizable para reparar a las víctimas. Estas, en alguna medida, tendrán que resignarse con las ceremonias de reconciliación que organizará la Comisión de la Verdad: cánticos, sahumerios y, quizás, algún dinero.

No es fácil saber, en último lugar, si la inclusión de ciertos elementos de cocina, aseo y medicinas, cuyo valor es insignificante, obedece a socarronería campesina al estilo de Sancho Panza, o a una previsión jurídica para evitarse problemas. Recordemos que cualquier omisión de bienes, sea cual fuere su cuantía, excluye a los responsables de los beneficios pactados.

Desde la otra cara de la moneda, dos rápidos comentarios. Las Farc han usado con regularidad testaferros a quienes hay que identificar para confiscarles los bienes que tengan en su poder. Hay indicios sólidos de que tienen en el exterior bienes cuantiosos, los que igualmente hay que perseguir.

En todas estas operaciones se requieren dosis altas de prudencia para que no nos engañen, aunque también para no colocar en riesgo la estabilidad de un proceso de paz que debemos preservar en muchos de sus componentes (no en todos).

Posdata: Los espacios de la democracia no pueden ser usados para destruirla, tal como lo hicieron Hitler en Alemania y Chávez en Venezuela. Suponiendo que respetará esta simple premisa, sea bienvenido el partido de las Farc a la contienda política.