La izquierda es un artífice en encontrar las palabras, las frases o los símbolos necesarios para engañar a la sociedad con su perversa ideología, haciéndoles creer que el blanco es negro, que los crímenes son actos justicieros, que el Estado y sus representantes son siniestros y que ellos son víctimas de un sistema opresor que los persigue porque defienden al proletariado de las garras de un capitalismo avasallador.
Organizaciones del crimen organizado esgrimen las banderas de la democracia, de la lucha contra la corrupción, de la libertad, de la defensa de los oprimidos y de los derechos humanos, tratando de justificar sus delitos ante una sociedad altamente crédula, pero también en la búsqueda de apoyo general del pueblo. La espada de Bolívar es sin duda un símbolo para cualquier organización que trate de obtener aceptación y amparo dentro de la población, pues con ella se puede manipular fácilmente la mente de sus seguidores y hasta logran justificar muchas atrocidades y delitos.
Esta semana los colombianos han contemplado con asombro algunas aberraciones que afectan a la sociedad en lo más profundo de su sentir; de una parte, la celebración del comienzo delictivo de una organización subversiva que cometió crímenes de lesa humanidad, donde desde el Ministerio de Cultura, insultando el intelecto de nuestra sociedad, tratan de convencer a los incautos que los actos programados por el Estado para esta vergonzosa celebración no son una apología al delito; el ministro manipula el lenguaje y adorna las respuestas eludiendo la realidad del impacto que esperan lograr con el festejo por los delitos.
Es interesante analizar lo que posiblemente pudo representar para el actual jefe de gobierno el ordenar que le trajeran la espada de Bolívar en el momento de su posesión. Esto podría interpretarse como un desafío a la sociedad, como el “aquí estoy y aquí me quedo” de Samper, como el reto a la autoridad y a la ley que habiéndola violado se burló de ella gracias al indulto que recibió frente a la condena de 18 meses de cárcel por porte ilegal de armas.
De otra parte está el acto indigno firmado por el Gobierno, mediante el cual se declara la pérdida del derecho al uso de unas condecoraciones militares a un héroe de la patria, el señor general Jesús Armando Arias Cabrales. La historia del país posiblemente no será comprendida en un futuro, especialmente si la escriben los zurdos manipulando la verdad, como es su costumbre, o leyendo que quien salvó la democracia fue sentenciado por cumplir su deber, mientras que los delincuentes se pavonean en la plaza pública. Esto sólo puede ser cierto en un mundo bizarro.
Hay muchas paradojas en la vida y estamos frente a una de ellas; medios de comunicación mencionan que cuando se produjo la captura del integrante del M-19 Gustavo Petro en 1985, quien firmó esta captura fue el general Arias Cabrales, lo cual ha sido confirmado por el mismo capturado. Lo que se puede deducir es que posiblemente la decisión de quitarle el uso de las medallas al señor general Arias Cabrales responde a una retaliación personal, es parte del libreto para afectar la moral de las tropas, es un aparente triunfo de la izquierda contra quien representó el poder legítimo del Estado que combate legalmente a los diferentes grupos delincuenciales.
Seguramente al señor general Arias Cabrales no lo afecta esta absurda decisión del Gobierno, porque es un hombre íntegro, cumplidor de su deber y orgulloso de su compromiso con la patria. Esto atenta contra la democracia que está siendo agraviada, contra el estamento castrense que está siendo insultado y claramente muestra la verdadera intención de acabar con la fuerza pública. Es posible que en poco tiempo produzcan degradaciones, no paguen las asignaciones de retiro, incorporen a los integrantes de las guardias (léase milicias) y de la primera línea a las filas castrenses; ya comenzaron con el Hospital Militar, ¿qué seguirá?
Todo lo anterior permite pensar que sin lugar a duda el movimiento subversivo M-19 no se ha desmovilizado aún, burlándose de todos los colombianos y poniéndose de ruana la ley y la democracia del país. La lucha para mantenerse en el poder, él empleando todos los medios de lucha, sigue perfectamente activa.
A la democracia y a la justicia colombianas les ha hecho mucho daño el ‘delito político’ que se menciona ocho veces en nuestra Constitución, porque con ello se encubren todos los crímenes y delitos, otorgando impunidad a los transgresores; si no hay justicia, no hay paz. Modifiquemos la Constitución para ponerles freno a los bandidos.