Bogotá, 3 de julio de 2026
Respetados economistas:
Me dirijo a ustedes en respuesta al documento –suscrito con otras 63 personalidades– denominado Carta abierta en apoyo al Modelo Económico de Colombia. En él hay afirmaciones controvertibles sobre el “reformismo” en Colombia (de agosto de 2022 a junio de 2026) y se omiten resultados negativos en la política económica. Creo que su aval al “nuevo modelo” se basó en información recibida de buena fe.
Ustedes destacan la disminución de la pobreza, la elevación de los ingresos laborales, una reforma agraria democrática, la política industrial y una transición energética justa como los elementos de la economía del Gobierno de Petro que marcan “otro camino”.
Sin embargo, dos economistas, miembros de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (Acce) y exministros del mismo Gobierno de Petro –Jorge Iván González y Cecilia López Montaño–, esclarecen que no son significativas ni la reducción de la pobreza extrema ni la entrega de títulos a “los excluidos” en la reforma agraria.
González acota que “la pobreza extrema se mantiene y, en el mediano plazo, no baja (…), que no se dan pasos que efectivamente permitan reducir las brechas”. Que haya 4,9 millones de personas en esa condición –una cifra superior a la de 2017– lo define como un “fracaso nacional”. Eso sin considerar que la línea de pobreza extrema es de 2,15 dólares diarios, como la fija la autoridad estadística colombiana, cuando el estándar internacional actualizado por el Banco Mundial es de 3 dólares (a PPA para junio de 2025), en reemplazo del anterior de 2017 (https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/un-fracaso-nacional-4417550).
La exministra de Agricultura, Cecilia López, en un libro de 2026 donde analiza el gobierno de Petro, denuncia la manipulación de las cifras oficiales sobre la reforma agraria. Basta saber que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) registra, sobre las tierras entregadas con títulos, un cumplimiento de apenas el 4,5 por ciento frente a las metas del programa gubernamental, y del 33 por ciento en cuanto a las formalizadas. No hay sustento para afirmar –como dicen ustedes– que a “finales de 2025 más de 2,5 millones de hectáreas fueron incorporadas al proceso de reforma”.
Lo mismo ocurre con la situación laboral. Mientras la tasa de desempleo estuvo estancada de abril de 2025 a abril de 2026, la tasa de participación (la fuerza laboral sobre la población en edad de trabajar) subió apenas 1,4 por ciento en cuatro años, y la informalidad persiste como la principal forma de empleo. Además, en el ingreso mixto incide el factor creciente de las remesas giradas por los emigrantes, que en el último cuatrienio fueron casi dos millones más.
La transición energética “justa” aplicada en estos años hizo perder la soberanía al tenerse que importar ahora el 20 por ciento del gas natural y replica el modelo corporativo oligopólico en la generación. Cuatro compañías, tres transnacionales, controlan 50 por ciento de los megavatios instalados en fuentes renovables no convencionales.
La reindustrialización está en papeles: la participación de la manufactura en el PIB cayó de 11 por ciento en agosto de 2022 a 9,9 en 2025 (Anif) y el PIB industrial descendió de 30,1 billones de pesos en el tercer trimestre de 2022 a 27,6 en el primero de 2026. Se reemplazó por actividades de menor productividad como diversión, administración pública (burocracia), turismo (con ciertas modalidades degradantes) y los ingresos del narcotráfico alzaron del 2,2 por ciento del PIB al 4,4 (Eafit, Tobón S., 2026).
Por otra parte, se tapa que la reforma laboral, diseñada por la Ocde y respaldada por el US Labor Department, “flexibiliza” la jornada y la contratación; que la pensional es el insolidario sistema de pilares del Banco Mundial y que la de salud se nutre de los designios del BID. ¿Es acaso la ruta del sur global para “reformas sociales”?
Se omite que el Gobierno Petro NO cambió la orientación económica. Siguió con los TLC y el libre comercio –con saldo mercantil negativo de 50.00 millones de dólares de 2022 a 2025–; con el libre flujo de capitales; las privatizaciones; el neoliberalismo del Consenso de Washington; la política fiscal alineada con el FMI y, por tanto, con recurrentes déficits “gemelos”, que sumaron más de 8 por ciento del PIB en 2025.
La fuente de financiación fue la elevación de la deuda pública en 50 por ciento, de 800 billones de pesos a 1.200 billones de pesos, a tasas tan altas que la forma principal de inversión extranjera en 2025 fue en títulos del Tesoro –TES– y bonos, y la relación desembolsos-amortización creció a 3,05. La expresión más inexacta, en su documento, es que se desplazó el “modelo basado en la especulación financiera”.
Estas líneas buscan contribuir al debate con evidencia, no con discursos.
Cordialmente,
Aurelio Suárez Montoya.
Académico de número –Acce–