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Opinión

  • | 2019/09/28 04:02

    Las muertes de los Pizano

    Si hoy estuviera activa la investigación por la muerte de Alejandro Pizano, tampoco habría pruebas.

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*El audio de este artículo está hecho con inteligencia artificial.

El próximo noviembre se va a cumplir un año de la repentina muerte de Jorge Enrique Pizano, uno de los más importantes testigos del escándalo de Odebrecht-Aval y de su hijo Alejandro Pizano, quien murió envenenado con cianuro a los dos días del deceso de su padre, luego de que tomó agua de una botella que encontró en el escritorio de él.

Ambas muertes me siguen pesando en el alma. A Jorge Enrique lo conocí en mayo de 2018 cuando me reveló sus hallazgos sobre la corrupción en el Consorcio de la Ruta del Sol 2, no sin antes confesarme que con lo que me estaba contando él se jugaba su vida. Cuando me dio a conocer los audios, que luego saldrían en Noticias Uno, me los mostró con un temor que le hacía temblar el pulso: “Son mi seguro de vida”, fueron sus palabras.  

Las dos muertes, la del padre y la del hijo, pese a que se produjeron en medio de extrañas circunstancias por decir lo menos, hoy siguen siendo un misterio de los tantos que nos dejó la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez.

Muchas cosas no cuadran desde entonces. Se sabe que la Fiscalía decidió abrir investigación por la muerte de Jorge Enrique Pizano, luego de que encontró una botella de agua con cianuro y se estableció que Alejandro su hijo, habría bebido de ella y que eso le había causado su muerte.

Sin embargo esa investigación criminal no aparece en el SPOA, el Sistema Penal Oral Acusatorio, que es de público acceso.  El SPOA tiene varios criterios de búsqueda: por el nombre, por la cédula o por el número de la noticia criminal que siempre es de 21 dígitos.

La investigación por la muerte de Jorge Enrique Pizano no aparece bajo ninguno de esos criterios. O fue una investigación tan fugaz que ni siquiera ameritó quedar registrada en el SPOA, hecho que ya es irregular o nunca se abrió, con lo cual quedaría muy mal parada la Fiscalía de NHM, que anunció lo contrario.

La que sí aparece es la que se le abrió al hijo de Jorge Enrique Pizano, Alejandro. En el SPOA se dice que esta investigación se archivó en enero de este año, es decir, dos meses antes de la sorpresiva renuncia del fiscal Martínez Neira. Se archivó por “atipicidad judicial”. Cuando una investigación se cierra bajo esta causa significa que no se encontraron pruebas de la comisión de ningún crimen. En otras palabras, para la Fiscalía de NHM Alejandro Pizano murió por accidente, al tomar agua de una botella que contenía cianuro, que era de su difunto padre.

La investigación concluyó que el cianuro era de propiedad de Jorge Enrique Pizano y que él mismo lo había comprado y manipulado, dando a entender que Pizano planeaba envenenarse cuando le dio el infarto.

Si hoy estuviera activa la investigación por la muerte de Alejandro Pizano, tampoco habría pruebas.

No obstante, el entonces director de Medicina Legal llegó a una conclusión distinta que habría ameritado la apertura de investigación al asegurar que no encontró rastros de cianuro en el cuerpo de Pizano.

Otro misterio que nunca se resolvió fue la manera irregular como se hizo la diligencia judicial en la finca de los Pizano luego de la muerte de Alejandro, hecho que denuncié en una columna denominada ‘Batiendo récords’. Los investigadores se llevaron no solo el tarro de cianuro, sino todos los computadores y los celulares de Pizano donde había información en torno a sus hallazgos sobre la manera como se había ido sacando cerca de 50 millones de dólares de la Ruta del Sol 2, a través de contratos falsos. Muchas de esas denuncias comprometían a personajes de Odebrecht y de Corficolombiana y ponían el foco sobre el propio fiscal Martínez Neira. 

Toda esta valiosa información que se llevaron los fiscales no fue legalizada sino cinco días después, excediendo el plazo estipulado por la ley, que es de 36 horas, por lo que no fue aceptada por el juez de garantías.

Es decir, si hoy estuviera activa la investigación por la muerte de Alejandro Pizano y no se hubiera archivado, tampoco habría pruebas que pudieran llevar a los investigadores a rastrear a los posibles autores del presunto crimen, porque estas no fueron legalizadas ante un juez. Si esto no es misterioso, pues por lo menos sí es bastante inexplicable.

Este año en enero, la abogada de Jorge Enrique Pizano, Luz Estella González, decidió presentar una declaración juramentada ante el fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa. Es claro en su declaración que acudió a él a sabiendas de que Espinosa no tenía a su cargo esa línea de investigación porque no confiaba en el fiscal Néstor Humberto Martínez. En esa declaración, la abogada, presa del miedo, dice que hubo manos criminales en las dos muertes y expone cómo, tanto la Procuraduría de Carrillo como la Fiscalía de Martínez Neira, se confabularon para cercarlo.

Esta declaración juramentada cuyos apartes han salido por la Nueva Prensa, fue enviada a la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, lo que produjo la apertura de la única investigación que hay activa actualmente por la muerte de Jorge Enrique Pizano. Sin embargo, sigue dormida. 

Tengo todavía muy presente el último intercambio de mensajes que tuve con su hijo Alejandro horas antes de su muerte: “Yo quiero sacar esa verdad y todo lo que le hicieron a mi padre. Yo lo vi y fui testigo. No hay derecho. Se tiene que saber lo que le hicieron porque mi papá era un hombre cabal y correcto”.

Lástima que no podamos cumplirte Alejandro. Pero hacemos lo que podemos.  

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