El próximo gobierno colombiano deberá asumir, desde el primer día, que enfrenta un alto riesgo de desestabilización política y terrorista promovida por sectores radicalizados y estructuras criminales fortalecidas bajo la política de paz total, razón por la cual resulta indispensable ejecutar un plan de choque integral que restablezca la capacidad disuasiva del Estado, garantice el control territorial y evite que el caos, los bloqueos y la violencia vuelvan a imponerse como instrumentos de presión política contra la democracia y las instituciones.
Hoy más que nunca cobran vigencia las advertencias formuladas en su momento por el doctor Germán Vargas Lleras (Q. E. P. D.), quien, de manera premonitoria, señaló: “Si logramos sacar a Petro del Gobierno el 8 de agosto de 2026, por las vías democráticas, él y sus fuerzas aliadas van a iniciar el proceso para regresar al poder, y el próximo presidente se va a tener que enfrentar a una situación muy adversa, porque van a parar al país. Por eso no puede ser cualquier persona, y habrá que notificarle al presidente Petro que, si se inicia una guerra civil, él será el único responsable”.
Una advertencia que, vista en el contexto actual de polarización, tensión institucional y creciente confrontación política, adquiere una dimensión particularmente inquietante para el futuro de Colombia, más aún cuando a diario surgen toda clase de conjeturas, especulaciones, amenazas, atentados y acusaciones anticipadas de fraude, promovidas incluso desde sectores cercanos al propio presidente Petro y a la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. En ese escenario, genera especial preocupación la hoy fortalecida capacidad de convocatoria de las mingas indígenas a nivel nacional bajo el liderazgo de Aida Quilcué, quien, para muchos, representa el sector más radical y confrontacional de ese movimiento político y social.
Colombia ya vivió en 2021 un proceso de desestabilización que, bajo la apariencia de protesta social, evidenció —según lo señaló el Tribunal Administrativo de Cundinamarca— componentes guerrilleros y terroristas orientados a bloquear el país, afectar la economía y desafiar la autoridad del Estado. Diversas decisiones judiciales dejaron claro que muchos de esos actos excedieron el derecho legítimo a la protesta, al configurarse delitos como obstrucción de vías, vandalismo y terrorismo urbano, con participación de estructuras violentas e infiltración criminal. Por ello, no puede descartarse que un eventual nuevo gobierno enfrente, desde sus primeros días, una versión 2.0 de ese escenario si los resultados electorales no satisfacen a sectores radicalizados. La amenaza es real y debe asumirse con absoluta seriedad.
Existen puntos neurálgicos cuya vulnerabilidad ya fue demostrada durante episodios anteriores: la vía al puerto de Buenaventura, fundamental para el comercio exterior colombiano; la carretera Panamericana en el suroccidente; los accesos a Cali; así como los principales centros urbanos del país, entre ellos Bogotá, Medellín y Cali, donde en el pasado se registraron acciones de violencia organizada, destrucción de infraestructura pública y afectaciones severas a la movilidad, el abastecimiento y la seguridad ciudadana.
De allí que la prioridad del próximo gobierno no pueda limitarse a administrar políticamente la crisis, sino —si las circunstancias lo exigen— poner en ejecución desde el primer día un verdadero plan de choque orientado a recuperar la capacidad disuasiva del Estado y el control efectivo del territorio. La seguridad nacional demanda liderazgo firme, acompañamiento irrestricto a la Fuerza Pública, inteligencia anticipativa, coordinación interinstitucional, capacidad de reacción rápida y una clara decisión política, sin ambigüedades ni concesiones, para impedir que el país vuelva a ser sometido al caos, al bloqueo económico y a la violencia sistemática disfrazada de protesta social.
Resultan desafortunados los señalamientos de Aida Quilcué contra las Fuerzas Militares tras el atentado de Cajibío, al insinuar supuestas fallas de inteligencia e incluso una conspiración política. La decisión del Gobierno de negociar y otorgar beneficios a unas disidencias mientras combate a otras ha generado una peligrosa confusión operacional, fortaleciendo y fragmentando las estructuras criminales y dificultando la acción de las Fuerzas Militares en el terreno. De hecho, el argumento de una supuesta conspiración perdió sustento cuando el propio Iván Mordisco reconoció la autoría del atentado, en medio de su confrontación con el Gobierno por el supuesto favorecimiento a las disidencias de alias Calarcá, dejando en evidencia las profundas contradicciones y el evidente fracaso de la política de paz total.
Otro hecho que genera profundas preocupaciones es la decisión del Gobierno Petro de suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, incluidos varios solicitados en extradición, medida que, para muchos, no solo podría fortalecer la capacidad de coacción y control territorial de esa organización criminal, sino también dejar políticamente condicionado al próximo gobierno. En medio de un panorama marcado por intereses ocultos, cálculos electorales y creciente deterioro del orden público, cobra fuerza la preocupación de que un eventual gobierno de derecha deba enfrentar una escalada terrorista prolongada, favorecida por el debilitamiento progresivo de la Fuerza Pública y el fortalecimiento de los grupos armados.
El plan de choque debe priorizar el alistamiento integral de la Policía Nacional, con apoyo coordinado de las Fuerzas Militares en casos graves de alteración del orden público, así como el despliegue de unidades de reacción rápida, con inteligencia dominante y alta movilidad, para impedir bloqueos sobre corredores estratégicos como la vía a Buenaventura, la carretera Panamericana y los accesos a ciudades clave como Bogotá, Medellín y Cali. La protección de estos puntos críticos requiere vigilancia aérea, control de infraestructura estratégica y reservas móviles capaces de responder de inmediato frente a sabotajes o disturbios masivos. El riesgo es evidente: que estructuras criminales infiltren manifestaciones y promuevan una escalada terrorista aprovechando las actuales debilidades logísticas y operacionales de la Fuerza Pública.
El mensaje estratégico debe ser contundente desde el primer día: el Estado no puede volver a permitir la paralización del país ni la captura violenta de territorios urbanos y corredores logísticos por parte de estructuras criminales o actores que pretendan doblegar al gobierno mediante el terror, el bloqueo económico y la intimidación colectiva. Si Colombia no recupera con urgencia la autoridad, la capacidad disuasiva y el control efectivo del territorio, el país corre el riesgo de entrar en un ciclo de desestabilización prolongada, en el que la criminalidad organizada termine imponiendo sus condiciones sobre la democracia y las instituciones.