Los novelones y la podredumbre en la Uniautónoma del Caribe

La suerte de 10.000 estudiantes –la mayoría de familias humildes-, 600 profesores y de los demás trabajadores de la Universidad Autónoma del Caribe, vuelve a tambalear por estos días por la incompetencia del Ministerio de Educación para detectar y contrarrestar las actividades irregulares de sus últimos dos rectores.

Hace 50 años Mario Ceballos, Julio Salgado y Osvaldo Consuegra fundaron la universidad que muy rápidamente logró aceptación y prestigio en Barranquilla y en toda la costa Atlántica. Gracias a ello creció en calidad académica y como empresa durante varias décadas.

La suerte cambió en los años ochenta, en Cartagena, el día que Ceballos, líder y rector del plantel, conoció a una vedette y bailarina argentina llamada Silvia Gette a quien tiempo después hizo su mujer. La nombró directora administrativa, y posteriormente vicerrectora. En 2003, tras la muerte de su esposo, llegó a la rectoría. Tuvo desde el comienzo la oposición de María Paulina Ceballos (hija única del exrector) y de su marido, el ganadero Fernando Cepeda y no les respondió suavemente. Inició un proceso penal en su contra y logró hacerlos encarcelar. Tiempo después su abogado, John Jairo Ramírez, confesó que para lograrlo había sobornado autoridades judiciales con recursos de la universidad. La señora Gette pasó de acusadora a acusada y fue privada de la libertad.

El caso cambió de color en 2002, cuando el abogado Ramírez Vásquez fue asesinado en Barranquilla. Un año más tarde, en esa misma ciudad, un sicario asesinó de un tiro en la cabeza a Fernando Cepeda. En 2011 dos paramilitares -Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio y Jhonny Acosta, alias 28-, confesaron que Silvia Gette ordenó y pagó por el asesinato de Fernando Cepeda. Estuvo presa entre 2013 y 2015 en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá –en la actualidad tiene detención domiciliaria- y además de homicidio enfrenta procesos por soborno en actuación judicial, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En 2013, expertos enviados por el Ministerio de Educación encontraron múltiples irregularidades y un déficit por más de 35.000 millones de pesos en la universidad.

La Autónoma sobrevivió a esos años oscuros de saqueos y paramilitarismo porque los padres de familia nunca pararon de pagar las matrículas y porque los profesores contrarrestaron con su trabajo las deficiencias académicas y morales de la rectora, casi inamovible bajo el sencillo método de tener los órganos de dirección a su servicio. Solo la captura de Silvia Gette en 2013 permitió que la Sala General y el Consejo Directivo aceptaran el cambio de rector. Ahí llegó el abogado Ramsés Vargas Lamadrid, quien había trabajado con Naciones Unidas en Irak y Afganistán, hijo del primer secretario general de la Autónoma, también miembro del Consejo.

Anunció que se dedicaría a recuperar el buen nombre y la estabilidad de la universidad en lo financiero con la ayuda de algunos bancos y en lo académico con la contratación de más profesionales. Antes de que aparecieran las nuevas tormentas, se ufanaba de haber incorporado 165 por ciento más doctores y 85 por ciento más magíster, con los cuales habría logrado un incremento del 2.480 por ciento en producción científica. Desplegó al mismo tiempo una activa estrategia mediática. Llevó a la universidad a muchos de los más influyentes políticos y periodistas del país y –a costos importantes- a grandes personajes como los Premios Nobel Jody Williams, Rigoberta Menchú y al expresidente de México Vicente Fox.

Su imagen positiva se vino abajo el año pasado cuando se hizo evidente el atraso en el pago de salarios a profesores y empleados, cuyos reclamos y denuncias captaron la atención de los medios locales y del periodista Julio Sánchez Cristo  que pusieron al descubierto que la universidad seguía por senderos borrascosos y que con la misma estructura de complacencias y complicidades con los órganos de gobierno, estaba creciendo otro episodio de despilfarro, corrupción y malos manejos que, con la importante excepción de los homicidios,  no tenía mucha diferencia con la era Gette.

Una investigación del periodista José Granados para Zona Cero.com y Emisora Atlántico señala que como la universidad se quedó sin liquidez, además de préstamos bancarios y con particulares, el rector Vargas optó por financiar sus gastos, con ventas, leasing inmobiliarios e hipotecas de edificios y otras propiedades que determinaron la pérdida de un porcentaje muy importante del patrimonio.

Tarde aparecieron el Ministerio de Educación y la Fiscalía que ahora confirman “hallazgos preocupantes” y “situaciones graves”: deficiencias administrativas y financieras, irregularidades en contrataciones, pagos, gastos y manejos contables, giros cuantiosos y sospechosos a la sede de la universidad en Miami, el nombramiento de directivos sin cumplir requisitos legales y manejos oscuros en la aprobación de becas, descuentos y auxilios educativos. Cayó el rector Vargas y la universidad fue intervenida y será sometida a una operación de salvamento.

De nuevo, en el compromiso de buscar una vida mejor para sus hijos, las familias mantuvieron a flote la nave con el pago de las matrículas. Y otra vez los profesores respondieron por lo académico, aunque a algunos les deben siete meses de sueldo.

El caso muestra con toda nitidez la podredumbre que devora a buena parte de la educación superior en Colombia y que aquí es posible y fácil que personas y familias sin escrúpulos se apoderen de entidades de educación superior, las exploten a su antojo y hasta se permitan mezclar durante varios años, aprendizaje, investigación y cultura, con tramas de corrupción, nepotismo, paramilitarismo y delito, de frente y en casi total impunidad.