El libreto de la confrontación: victimización y vandalismo

Desde la descertificación en la lucha antidrogas y la pérdida de visas a altos funcionarios, hasta los gestos ideológicos en política exterior —como el respaldo abierto al régimen del dictador Maduro o el llamado a un boicot económico contra Israel—, todo se articula en una estrategia propagandística que proyecta un liderazgo internacional ficticio, mientras erosiona la institucionalidad y desvía la atención de los problemas más graves del país.

El resultado es doblemente preocupante: en el plano externo, una nación cada vez más aislada de sus aliados estratégicos, Estados Unidos e Israel; en el interno, una sociedad sumergida en la violencia, la desconfianza en sus instituciones y la ausencia de soluciones concretas. Lo que debería ser un Gobierno enfocado en atender las urgencias nacionales termina actuando como un actor en campaña permanente.

La orden de adelantar operaciones militares y coordinaciones de inteligencia con Venezuela resulta insólita y plantea serias dudas operacionales y de seguridad. Las Fuerzas Militares colombianas disponen de inteligencia documentada que vincula determinados territorios del vecino país con apoyo y refugio a cabecillas del ELN y disidencias de las FARC. ¿Cómo garantizar entonces que información sensible, fuentes humanas y operaciones estratégicas no terminen filtrándose hacia quienes hoy actúan como enemigos? Más allá del gesto político, la decisión compromete la integridad de los procesos de inteligencia, la seguridad de agentes y la eficacia de las operaciones.

En el escenario internacional, aún está por conocerse la respuesta del grupo terrorista Hamás —señalado de haber iniciado con ataques terroristas la sangrienta confrontación de hoy en día en Gaza— frente a la propuesta de alto al fuego impulsada por Estados Unidos. Entretanto, gana fuerza el consenso internacional para la creación del Estado de Palestina. En Colombia, sin embargo, la causa palestina ha sido asumida como bandera propia del presidente de la República. Más que una postura de política exterior, parece inscribirse en una estrategia comunicacional orientada a proyectar liderazgo internacional y reforzar, en el ámbito interno, un relato de victimización que se nutre de la confrontación y, lo más grave, del vandalismo que tanto daño le ha hecho al país.

La orden perentoria de revisar el TLC con Estados Unidos, la cancelación del acuerdo comercial con Israel y la expulsión de sus funcionarios diplomáticos —como respuesta a la retención de dos colombianos tripulantes de la flotilla humanitaria Global Sumud, que habría intentado ingresar a una zona bajo bloqueo naval frente a Gaza— no son simples gestos coyunturales. Estas decisiones constituyen hechos de gran gravedad que debilitan aún más las relaciones con dos de los principales aliados estratégicos de Colombia. En el plano geopolítico, implican un riesgo directo para la estabilidad de las alianzas tradicionales del país, deterioran la confianza internacional y proyectan la imagen de un giro ideológico que podría aislar a Colombia en un entorno global marcado por tensiones crecientes en seguridad, comercio y cooperación.

Lo más preocupante es que estas posturas terminan sirviendo de combustible a sectores radicales que, bajo la bandera de la solidaridad con Palestina, han encontrado un pretexto para promover consignas violentas que afectan tanto la infraestructura como la convivencia ciudadana. En Colombia, movimientos internacionales como el Global Movement to Gaza están siendo instrumentalizados, transformando lo que debería ser una causa legítima de apoyo humanitario en actos de hostigamiento y vandalismo contra sectores residenciales y, en algunos casos, contra empresas con vínculos comerciales legítimos y transparentes con Israel. De manera irresponsable, incluso la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ha sido blanco de señalamientos, pese a que no tiene relación alguna con los negocios particulares entre empresarios colombianos e inversionistas judíos, convirtiéndose en objeto de represalias injustificadas por parte de grupos violentos.

Mientras tanto, el pueblo colombiano reclama acciones reales frente a la crisis interna, antes que batallas ideológicas externas. En 2025 ya han sido asesinados 41 uniformados y heridos 182, mientras en 2024 las minas dejaron 719 víctimas, la cifra más alta en ocho años. A ello se suman 72 masacres con 267 muertos y 89 líderes sociales asesinados en 2024; y en lo corrido de 2025, 22 masacres y 69 líderes asesinados, incluidos 20 firmantes del Acuerdo de Paz. Más que estadísticas, estos datos reflejan el debilitamiento del Estado en las regiones, una erosión creciente de la legitimidad institucional y un deterioro evidente del orden público.

Como si no bastara, el reencuentro con antiguos jefes paramilitares bajo la bandera de la paz total despierta suspicacias sobre el uso instrumental de sus testimonios en plena coyuntura electoral, lo que pone en duda si se trata realmente de un aporte a la reconciliación o de una estrategia con fines políticos. Al mismo tiempo, el gabinete enfrenta una crisis sin precedentes, marcada por choques entre ministros y altos funcionarios, mientras se anuncian relevos diplomáticos que afectan a quienes no se alinean con la agenda oficial. Todo ello proyecta un estilo de Gobierno más cercano a la imposición que al consenso.

En definitiva, lo que se observa es un guion político que convierte cada revés en un acto de victimización y cada confrontación en un recurso electoral. Esta estrategia no resuelve los problemas de fondo: por el contrario, profundiza la polarización, deteriora las relaciones internacionales y socava la confianza en las instituciones. El resultado es claro: un país atrapado entre un discurso incendiario, una política exterior errática y una violencia interna en ascenso. Ese es el verdadero rumbo que se está imponiendo y constituye una seria amenaza para la estabilidad democrática y la seguridad nacional.