El “pacto” entre Petro y Maduro para traer gas

Desde agosto de 2022, la agenda energética de Gustavo Petro ha estado obsesivamente centrada en lograr una “integración histórica” con Venezuela, basada en el intercambio de gas y petróleo entre ambos países. Fue tras su visita oficial a Caracas el 18 de noviembre de 2023 cuando Petro afirmó: “Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas y petróleo en Venezuela”. Así, el Gobierno colombiano reabrió la posibilidad de importar gas natural desde Venezuela, mientras al mismo tiempo decidió no firmar nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en el país.

A partir de ese momento, se sucedieron los anuncios rimbombantes. En noviembre de 2023, Ecopetrol confirmó públicamente que evaluaba la oferta de PDVSA para iniciar importaciones de gas a partir de diciembre de 2024. También se reactivó el debate sobre la puesta en marcha del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, inactivo desde 2015, aprovechando la flexibilización temporal de sanciones de EE. UU. al régimen venezolano aprobada en octubre de ese mismo año.

Pero el panorama volvió a complicarse en marzo de 2025, cuando Estados Unidos impuso un arancel adicional del 25 % sobre el petróleo y gas venezolanos, aplicable desde el 2 de abril. Esta medida añadió un nuevo obstáculo a cualquier acuerdo comercial con PDVSA, sin una exención específica de la OFAC. Posteriormente, el 10 de mayo, se filtró un documento interno de PDVSA Gas Sucursal Colombia que aseguraba que el transporte de gas hacia Colombia comenzaría el 1 de diciembre de 2025, basándose en el contrato firmado en 2007 con Ecopetrol. Sin embargo, el ministro de Minas, Edwin Palma, negó conocer análisis oficiales que respaldaran esa afirmación.

La narrativa cambió en julio de 2025, cuando ambos gobiernos firmaron un nuevo acuerdo binacional. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, celebró la firma de un memorando de entendimiento para crear una “zona económica binacional”, que incluiría interconexión eléctrica y un proyecto de transporte para conectar zonas estratégicas.

En ese ambiente, el 3 de septiembre de 2025, durante el foro ‘Visión Frontera 2025′ en Cúcuta, Edwin Palma reiteró que el gobierno esperaba traer la “primera molécula de gas” antes de finalizar el año. Pero al día siguiente, el 4 de septiembre, la presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol, Mónica de Greiff, fue categórica: “debido a las sanciones de EE. UU., Ecopetrol no puede comprar gas ni hacer negocios con empresas públicas venezolanas”, esa declaración frenó en seco todos los anuncios oficiales.

Importar gas desde PDVSA es una amenaza directa al comercio exterior colombiano. Estados Unidos ha sido claro: las empresas que comercien con Venezuela enfrentan sanciones severas. Un acuerdo con PDVSA pondría en riesgo a más de 3.200 empresas y alrededor de 600.000 empleos ligados al mercado estadounidense. Además, la propia Ecopetrol podría enfrentar sanciones de la OFAC e incluso ser deslistada de la Bolsa de Nueva York. Mónica de Greiff lo dijo sin rodeos: “No es viable importar gas de Venezuela por las sanciones”.

Lo que ha hecho el Gobierno durante tres años es intentar justificar, por todos los medios posibles, una integración energética con Venezuela que no tiene viabilidad técnica, jurídica ni económica. Se han usado todas las figuras imaginables: memorandos de entendimiento, “zonas económicas”, evaluaciones de Ecopetrol, filtraciones, discursos ministeriales y promesas huecas como la de la “primera molécula”.

Y al final, la misma pregunta sigue en el aire: ¿intenta el Gobierno instalar un relato para culpar a terceros, las sanciones, la oposición y los gremios cuando estalle la crisis energética?

Hoy, a solo nueve meses de que termine este Gobierno, Colombia sigue exactamente en el mismo lugar, sin infraestructura, sin contratos nuevos, sin reservas, sin gas. Y mientras el Gobierno insiste en una molécula que nunca llega, los colombianos seguimos dependiendo de un sistema energético al borde del colapso.