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Opinión

  • | 2018/12/22 15:51

    Todo por uribito

    La carta de Pacho Santos no solo es la vergüenza diplomática del año, sino que también revela un abuso del cargo que debería ser objeto de investigación por parte de la Procuraduría colombiana.

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El embajador en Washington Francisco Santos nos ha ilustrado a la perfección para qué sirve la diplomacia en este gobierno del presidente Iván Duque, luego de conocerse la carta en la que se arroga el derecho de pedirle a un juez federal norteamericano que deje salir de la prisión a Andrés Felipe Arias, pupilo entrañable del presidente eterno, durante la época de Navidad. (Ver el texto de la carta).

Ahora, desde que volvió el uribismo al poder, la diplomacia sirve para eso: para ponerla al servicio de personas específicas como Andrés Felipe Arias, quien además de ser un consentido del presidente eterno, es un prófugo de la justicia colombiana que está pedido en extradición por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la embajada en Washington que pagamos los colombianos con nuestros impuestos se está utilizando para que su embajador haga lobby en contra de las decisiones de la justicia colombiana y de sus instituciones, un hecho insólito que muestra cómo nuestro Estado de derecho empieza a funcionar como toda una republiqueta.

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Como era obvio, la carta en la que Pacho Santos le pedía a un juez federal un trato especial para Arias en Navidad fue negada de inmediato por la justicia norteamericana. En términos estrictos, se trata de una intromisión indebida en los asuntos internos de los Estados Unidos, que deja muy mal parada a la diplomacia colombiana. Sobra decir que la carta causó sorpresa en los círculos del departamento de Estado relacionados con Colombia.

En ese país, donde sí opera la división de poderes, es totalmente inusual que los embajadores les escriban cartas a los jueces federales para tratar de influir en sus decisiones. Poco le importó al embajador colombiano transgredir esas fronteras. Para eso ganaron el poder en Colombia.

La carta de Pacho Santos no solo es la vergüenza diplomática del año, sino que también revela un abuso del cargo que debería ser objeto de investigación por parte de la Procuraduría colombiana. Los embajadores no pueden meterse en decisiones judiciales internas de los países en que han sido nombrados y, sobre todo, deben respetar las decisiones de la justicia de su país y actuar acorde con ellas, no en contra.

La carta de marras es una bofetada a la Corte Suprema de Justicia colombiana porque deslegitima su pedido de extradición. Los embajadores no pueden pedir la libertad de los presos que están pedidos en extradición por la corte de su país, ni siquiera con la excusa de la Navidad.

La carta de Pacho Santos no solo es la vergüenza diplomática del año, sino que también revela un abuso del cargo que debería ser objeto de investigación por parte de la Procuraduría colombiana.

Este episodio demuestra que la diplomacia colombiana también está cambiando de pilares y que la defensa del interés nacional está siendo desplazada por una nueva agenda que se amolda muy bien a los intereses del presidente eterno, a quien se le convirtió una obsesión evitar la extradición de Uribito. Esa es la única explicación lógica para que un embajador decida utilizar su cargo para pisotear la institucionalidad del país que representa.

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Si había alguna duda de la influencia del presidente eterno en la política internacional, en especial en la embajada en Washington, esta ha quedado resuelta. Mientras el canciller Trujillo se dedica a viajar por el Japón y por Oriente Medio sin musitar sobre lo sucedido, un silencio que también deja muy mal parado al presidente Duque, el presidente eterno, que sí sabe para qué es el poder, no quiere ahorrar ninguna oportunidad para influir sobre la justicia americana y evitar que Uribito sea extraditado a Colombia. 

En ese sentido, el embajador Pacho Santos no es más que un súbdito más dentro de esa agenda trazada que tiene por objeto evitar que la justicia norteamericana conceda la extradición de Uribito y se desconozcan los fallos de la justicia colombiana. En esta cruzada está claro que ni la defensa por las instituciones ni el respeto por ellas es lo prioritario.

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