Escapularios y camándulas contra la educación sexual

En el remoto año 1990, presenciar el parto de una vaca conmocionó a un grupo de niños de tercero de primaria de la vereda “El Frutillo” en Ventaquemada, Boyacá. Acudieron en busca de explicaciones a su maestra, Lucila Díaz Díaz, quien se aventuró a impartirles una improvisada clase de educación sexual, a juicio de algunos padres y de sus superiores “…de forma más que inadecuada y grotesca, creando en ellos una idea tergiversada de los elementos que conforman este tema".

La maestra fue excluida del escalafón y expulsada de su cargo pero su caso adquirió importancia y notoriedad porque, tras un proceso judicial, dio origen a la sentencia  T 440 de 1992 mediante la cual la Corte Constitucional obligó al gobierno a impartir educación sexual en todas las escuelas y colegios de Colombia.  

“El respeto del derecho de los padres a educar no significa el derecho a eximir a los niños de dicha educación (sexual), por la simple necesidad de mantener a ultranza las propias convicciones religiosas o filosóficas” dice la sentencia de los magistrados Eduardo Cifuentes, José Gregorio Hernández  y Alejandro Martínez.   

En cumplimiento de la misma el Ministerio de Educación puso en marcha en 1993 el Proyecto Nacional de Educación Sexual. Bajo la dirección del prestigioso siquiatra Pedro Guerrero, un grupo de reconocidos expertos –Cecilia Cardenal, Luis Carlos Restrepo, Germán Ortiz Umaña, entre otros- produjeron el estado del arte en la materia, un programa de contenidos  y un conjunto de publicaciones para cada grado escolar.

En un país tan martirizado por la violencia lo concibieron acertadamente como una pedagogía de los afectos, desde los ejes persona, pareja, familia y sociedad, que aportaba en forma complementaria los contenidos de la educación en la sexualidad, de acuerdo con la edad de los estudiantes. Conscientes de la realidad del país sometieron la obra a la revisión de la Iglesia que la aprobó y recomendó, no obstante lo cual grupos ultraconservadores se propusieron combatirla y detenerla. Lo consiguieron en el gobierno siguiente cuando un senador católico condicionó el apoyo a la absolución del entonces presidente Ernesto Samper en el Congreso, al cierre del programa, lo cual le fue concedido. Algunos años más tarde, Juan Manuel Galán, como Viceministro de la Juventud, intentó revivirlo pero de nuevo presiones originadas desde el catolicismo lo clausuraron.          

Más de 20 años después,  el reciente debate entre el Procurador Alejandro Ordóñez y la Ministra de Educación Gina Parody en torno de la educación sexual en preescolar y primaria –que culminó con  otra decisión de la Corte Constitucional-  obedece a la misma dinámica: sectores ultraconservadores de la religión católica enfrentan y tratan de limitar al Estado y algunas organizaciones privadas en la acción de impartir educación sexual en todos los niveles en escuelas y colegios.

Sería simple si el tema se limitara al respeto debido a las diversas convicciones religiosas o ideológicas y no involucrara, como involucra, tantas vidas humanas.  En nuestro país, como en el resto de Latinoamérica, hay medios de comunicación incitadores y una cultura del melodrama que acelera los procesos de la vida sexoafectiva de muchos menores, respecto de generaciones anteriores. Pero sobre todo hay agresiones y explotación sexual de menores por delincuentes, organizaciones criminales y grupos armados ilegales que encuentran en la miseria, la violencia y la indefensión, grandes facilitadores de sus actividades. Todo esto explica que Colombia enfrente una de las más graves problemáticas en la materia a nivel regional y mundial.

La tasa del embarazo en adolescentes en nuestro país es de 19.5%, lo cual equivale a decir que una de cada cinco adolescentes entre los 15 y los 19 años es madre o está embarazada.

Entre los años 2008 y 2013 nacieron en Colombia, cada año, en promedio, 159.656 niñas y niños de madres que tenían entre 10 y 19 años de edad. 4% de ellas tenían apenas entre 10 y 14 años.  El índice de embarazos de las niñas de menor edad es el doble en regiones donde actúan grupos armados, en las cuales, paradójicamente, las denuncias por abuso sexual son 10 veces menores que en las que no están.

La mitad de los nacimientos que ocurren en Colombia resultan de embarazos no deseados.  Uno de cada cinco niños crece sin saber quién es su papá. Cada año se practican más de 400.000 abortos inducidos,  99.92% en la clandestinidad.

Según el Ministerio de Salud, cada hora 10 colombianos son diagnosticados con una enfermedad de transmisión sexual: sífilis, gonorrea, chancro blando, herpes genital y Sida. 73% de la población más vulnerable a esas enfermedades tiene entre 15 y 34 años de edad. Bogotá DC, Antioquia, Valle,  Atlántico y Cauca concentran la problemática más grave.

Frente a un panorama como este, que afecta a todos los niños, en especial a los más pobres, no parece admisible ni éticamente correcto poner más escapularios y camándulas a la educación sexual, ni satanizar o vetar programas masivos en la materia en escuelas y colegios de todas nuestras zonas rurales y urbanas, que incluyan además, pedagogía en el uso de métodos anticonceptivos y de protección modernos, seguros y de calidad. Padres, colegios y maestros tienen en ese un claro deber de acción conjunta, ojalá coordinada, que no admite interferencias ni cortapisas desde la religión.  Ante la sagrada defensa de la vida lo inmoral sería perpetuar –por perjuicios, radicalismos o por indecisión- la victimización de tantos niños y niñas que reclaman y necesitan un apoyo fundamental que sus mayores, el Estado y la sociedad, aún no logran darles.

@germanmanga