Maricarmen Abascal tiene 87 años y pasó 71 de ellos en el mismo apartamento de Madrid, que nunca fue suyo. Su padre firmó el contrato de arriendo en 1956 y ella lo heredó, con una renta antigua de unos 500 euros, cuando los apartamentos reformados del edificio se arriendan hoy por más de 2.500. El nuevo dueño ganó en los tribunales y el 23 de septiembre fue desalojada en camilla, tras un operativo antidisturbios frente a cientos de manifestantes.
Su historia desató protestas en toda España y el presidente Pedro Sánchez no dejó pasar la oportunidad. Le prometió un decreto y seis días después aprobó dos, frenados desde julio. Fue una jugada audaz. Hasta entonces cuestionaban su responsabilidad, para muchos evidente, en la crisis migratoria de Ceuta. Con Maricarmen logró cambiar de tema, y el país quedó partido entre quienes aplauden los decretos y quienes solo ven oportunismo.
A casi seis mil kilómetros, Nueva York vive su propia versión de esta historia. Desde ayer, 1 de octubre, los inquilinos de cerca de un millón de apartamentos de renta estabilizada pueden renovar su contrato sin pagar un dólar más. Era la gran promesa de campaña del alcalde Zohran Mamdani, aunque los propietarios ya la demandaron. Dos ciudades, dos líderes de izquierda y un mismo empeño, que la vivienda sea un derecho que el Estado garantice en la práctica, a como dé lugar. De paso, ambos siembran una narrativa contra el mercado.
Colombia no es ajena a esta problemática. Según la OCDE, la vivienda cuesta 53 % más que en 2015, el sexto mayor aumento entre sus miembros a comienzos de 2026. Son pesos corrientes y nuestra inflación ha sido alta, pero el promedio nacional dice poco de lo que vive una familia en Chapinero o en Laureles, donde el problema es que no hay dónde vivir. La vacancia en arriendo ronda el 0,6 % en Medellín y el 1,9 % en Bogotá. Comprar tampoco es fácil, con Mi Casa Ya suspendido y 787.000 hogares por fuera de la vivienda social, según Camacol. Y hoy el Concejo de Medellín discute cómo regular más de 8.000 viviendas turísticas, entre denuncias de lobby de Airbnb.
Por eso creo que la vivienda será uno de los grandes temas de las elecciones de alcaldes y gobernadores de 2027, más que en una contienda presidencial. La razón es geográfica. En Colombia el 40 % de los hogares urbanos vive en arriendo, frente a 26 % en la región, y el arriendo se sufre en lo local. Lo que encarece o abarata un barrio se decide en el POT, las licencias, el suelo que se habilita y las reglas para la renta corta. Todo eso pasa por alcaldes y concejos, no por la Casa de Nariño.
Además, se abre un espacio. Las presidenciales de 2026 giraron en torno a la seguridad. Si el nuevo gobierno muestra resultados en orden público y logra estabilizar el sistema de salud, el segundo gran tema de esa campaña, otros malestares ocuparán el centro de la agenda pública. Pocos abarcan tantos votantes como la vivienda.
Mamdani y Sánchez, hoy los referentes más visibles de la izquierda, no hicieron de la vivienda su bandera por casualidad. Mientras la derecha pone el foco en la inmigración y la seguridad, ellos se apropiaron de un malestar que toca a casi todos. Lo siente el inquilino que cada año le teme a la renovación y lo siente el joven que no puede comprar, no alcanza a arrendar solo y termina compartiendo casa o viviendo a dos horas de su trabajo. Quien le ofrezca una salida creíble, venga de donde venga, tendrá ventaja. No me extrañaría ver en Bogotá y Medellín candidatos de izquierda prometiendo “congelar el arriendo”.
El problema es que un alcalde colombiano no puede copiar a Mamdani. La Ley 820, que es nacional, ya ata los incrementos a la inflación del año anterior, 5,10 % en 2026, y aquí no existen juntas municipales que congelen precios ni zonas tensionadas como las de Sánchez. Si la izquierda quiere tener opciones de ganar, tendrá que traducir esas ideas en lugar de importarlas, con suelo para vivienda pública en arriendo, reglas claras para la renta turística y licencias más ágiles. Prometer lo que el cargo no permite es la forma más rápida de perder credibilidad.
La derecha tampoco va a regalar el tema. De la Espriella hizo campaña con el lema “Colombia, País de Propietarios” y la meta de más de un millón de viviendas. Tiene un año para mostrar avances. Si lo logra, ganará terreno en la clase media urbana y abrirá camino a los candidatos de su naciente partido, Defensores de la Patria, que negocia fusionarse con Creemos, el movimiento de Federico Gutiérrez, quien impulsa en Medellín la regulación de la renta turística. La pelea de 2027 no será por quién tiene el tema, sino por quién cuenta mejor la historia, la del inquilino que necesita protección o la del propietario que se gana su casa con esfuerzo.
¿Falla del mercado o del Estado? Seguramente de ambos. El Estado construyó poco y regula lento, y el mercado trata como un activo lo que para otros es su casa. Lo seguro es que en nuestras ciudades la próxima elección no se jugará solo en las calles, también se definirá en la sala de cada hogar.