Colombia lleva décadas hablando de descentralización mientras mantiene intacto un ritual contrario a ella. Alcaldes y gobernadores son elegidos por voto popular, responden ante comunidades concretas y cargan con urgencias visibles, pero buena parte de sus soluciones siguen dependiendo de viajes a Bogotá, citas inciertas, ventanillas lentas y padrinos políticos. El resultado ha sido un Estado que proclama autonomía en la Constitución, aunque conserva reflejos centralistas en la práctica.
Por eso, los primeros guiños regionales del presidente electo, Abelardo De La Espriella, merecen atención. Reunirse con mandatarios locales, iniciar empalmes territoriales, mirar hacia la frontera, prometer mayor presencia fuera de la Casa de Nariño y plantear una relación directa con alcaldes y gobernadores son señales correctas. No resuelven por sí solas los problemas estructurales del país, pero abren una oportunidad política que sería un error desperdiciar.
Esa oportunidad consiste en convertir los gestos en instituciones. La relación directa entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales no debe entenderse como un atajo personalista ni como una forma de saltarse al Congreso. Al contrario, puede ser el punto de partida para ordenar una discusión que lleva años aplazada. Colombia necesita una Ley de Competencias seria, articulada con la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), para definir con claridad quién hace qué, con qué recursos, bajo cuáles estándares y ante quién responde.
El debate no puede reducirse a entregar más dinero. Más recursos sin responsabilidades precisas pueden terminar multiplicando confusiones, duplicidades y excusas. Tampoco basta con transferir funciones sin capacidades reales, porque eso equivale a descentralizar problemas, no soluciones. La verdadera autonomía exige financiación suficiente, asistencia técnica, reglas verificables, información pública y mecanismos de evaluación que permitan saber si una competencia fue asumida de manera responsable.
Ahí está el valor de este momento. Si el nuevo Gobierno quiere romper la intermediación política que durante años convirtió muchos proyectos regionales en favores negociados, debe impulsar una arquitectura transparente. Los alcaldes no deberían necesitar un congresista para que les revisen una obra de agua potable. Los gobernadores no tendrían que mendigar atención para una vía estratégica. Las comunidades no pueden seguir esperando que una necesidad básica encuentre patrocinador en Bogotá antes de volverse prioridad nacional.
Eso no significa debilitar al Congreso: significa ubicarlo donde corresponde. Su papel no es actuar como peaje obligado entre los territorios y el Ejecutivo, sino legislar, deliberar, representar intereses legítimos y ejercer control político. Precisamente por eso, la Ley de Competencias debe convertirse en una prioridad de la agenda nacional. No para quitarle relevancia al Legislativo, sino para que la descentralización deje de depender del lobby, la cercanía o la presión coyuntural.
La reforma al SGP abre una discusión de fondo. Si el país va a modificar la manera como distribuye recursos hacia departamentos, municipios y distritos, también debe revisar las obligaciones que acompañan esa transferencia. Salud, educación, agua potable, infraestructura, seguridad, gestión del riesgo y desarrollo productivo no pueden seguir atrapados en zonas grises donde todos intervienen, nadie coordina y al final pocos responden.
El punto tiene, además, un fundamento constitucional preciso. El SGP está previsto en los artículos 356 y 357 de la Constitución, desarrollado principalmente por la Ley 715 de 2001 y ajustado por la Ley 1176 de 2007 para sectores como agua potable y saneamiento básico. Tras el Acto Legislativo 03 de 2024, que reabrió la arquitectura de transferencias territoriales, la norma sobre competencias dejó de ser un complemento deseable y pasó a ser condición de coherencia institucional. Si los giros aumentan sin una distribución nítida de funciones, el modelo puede financiar desorden; si las obligaciones crecen sin plata suficiente, la autonomía se vuelve retórica. Por eso, SGP y régimen competencial deben tramitarse como una sola conversación sobre poder territorial, sostenibilidad fiscal y responsabilidad pública.
La descentralización tampoco puede ser homogénea. No todos los municipios tienen las mismas capacidades fiscales, técnicas ni administrativas. Una capital departamental no enfrenta los mismos desafíos que una población rural dispersa. Un territorio fronterizo exige respuestas distintas a las de una ciudad intermedia. Por lo tanto, la ley debe combinar autonomía con gradualidad, acompañamiento y criterios diferenciales. Descentralizar no es abandonar a los más débiles, sino acercar el Estado con mayor inteligencia.
De La Espriella ha enviado un mensaje político importante al mirar hacia las regiones desde el comienzo. Esa voluntad puede marcar el tono de su Gobierno. El desafío es convertirla en una transformación perdurable. Una relación más directa con alcaldes y gobernadores puede mejorar la gestión durante los próximos cuatro años; una Ley de Competencias bien articulada con el SGP puede convertir esa apertura en una regla de Estado. La autonomía territorial debe descansar en instituciones estables. Sin intermediarios, sí, pero sobre todo con reglas.