Home

Opinión

Artículo

opinión

Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo.

La fuerza de la magistratura moral

En el mundo actual, a pesar del creciente reconocimiento de los derechos de última generación, persisten quienes se resisten a aceptar que los derechos puedan tener prioridad sobre las obligaciones o considerarse igualmente importantes.

Por: Carlos Camargo Assis

Las Defensorías del Pueblo en nuestro continente han ganado relevancia y legitimidad gracias a su constante trabajo junto a las comunidades en defensa de los derechos. Esta persistencia ha disipado el escepticismo de quienes inicialmente veían esta institución como un saludo a la bandera sin mayores repercusiones.

En el centro de nuestra labor se encuentra el concepto inamovible de la dignidad humana, que impide que alguien sea tratado sin tener en cuenta sus derechos como parte de la comunidad humana, sin importar su ubicación o circunstancias.

Sin embargo, el escepticismo no ha desaparecido por completo. En el mundo actual, a pesar del creciente reconocimiento de los derechos de última generación, persisten quienes se resisten a aceptar que los derechos puedan tener prioridad sobre las obligaciones o considerarse igualmente importantes.

A los Defensores del Pueblo, como guardianes de la visión del ombudsman de nuestro tiempo, les corresponde demostrar la necesidad de esta prioridad, especialmente cuando las expresiones del poder vulneran derechos fundamentales en entornos complejos y hostiles.

Es paradójico que la legitimidad de las defensorías de derechos haya crecido en medio de diversas y crueles formas de violencia. Las declaraciones de derechos universales coexisten con genocidios, y la apelación a la no violencia compite con la exaltación de la fuerza como medio de acción.

En este contexto, las defensorías han encontrado formas de intervención que, a pesar de la falta de autoridad jurisdiccional, pueden movilizar, contrastar, disuadir o reprimir. Nuestra fuerza reside en la capacidad de anticiparnos a graves problemas que generan crisis humanitarias, convirtiéndonos en la voz que lanza alertas tempranas en busca de una reacción oportuna de la sociedad.

También nos hemos convertido en voceros de los derechos e intereses genuinos de poblaciones expuestas a arbitrariedades y desafueros, así como en intérpretes de necesidades vitales ligadas a garantías individuales y colectivas.

La Defensoría representa a los desarraigados, desplazados, migrantes, discriminados e ignorados. Nuestra voz se alza con la jerarquía de la magistratura moral para movilizar a la opinión en favor de los derechos fundamentales, la dignidad humana y los intereses colectivos.

Esta magistratura es una fuente de insumos para la formulación y corrección de políticas públicas, tanto crítica como constructiva. Describimos hechos en el campo de los derechos humanos sin atenuantes, lo que puede llevar a denuncias de carácter social que, si son atendidas por autoridades jurisdiccionales, pueden tener consecuencias penales, disciplinarias o fiscales. También incorporamos criterios razonados y científicos para respaldar recomendaciones que buscan transformar realidades sociales injustas y el comportamiento de actores estatales o privados que las perpetúan.

La magistratura moral ejerce un poder de persuasión social gracias a su legitimidad institucional y autoridad. Esto se refleja en el impacto institucional de las recomendaciones y la evidencia presentada.

La fuerza persuasiva de la voz del defensor radica en la certeza pública de que buscamos la defensa de la persona humana y su dignidad, y esta es nuestra legitimidad. Esta magistratura moral nace en comunidades vulnerables o en riesgo y llega a los despachos de quienes toman decisiones y a la opinión pública, especialmente cuando las Instituciones Defensoras de Derechos Humanos son fuente valiosa para los pronunciamientos de la Corte Interamericana y su jurisprudencia.

El trabajo por la vigencia de los derechos continúa, y nuevos desafíos surgen con las realidades climáticas, económicas y tecnológicas. Esto nos obliga a colaborar para identificar, reconocer y proclamar nuevos derechos, una tarea que a menudo se ha delegado a cortes y tribunales constitucionales.

Las propias cortes han abierto el espacio al reconocer que los derechos no son estáticos. La Corte Constitucional colombiana ha definido derechos sustanciales como aquellos que se relacionan con la realización de la dignidad humana, pueden traducirse en derechos subjetivos y cuentan con consensos en derecho internacional y jurisprudencia.

La búsqueda de nuevos y más elevados estándares internacionales para la protección y promoción de los derechos humanos es un imperativo constante que asumimos con el mismo compromiso a diario, para que los derechos se conviertan en una realidad efectiva en la vida cotidiana de las personas.

En el ejercicio de la magistratura moral, las Defensorías del Pueblo, con imparcialidad, objetividad y en representación de la pluralidad de la sociedad, somos portavoces de las voces silenciadas y, al mismo tiempo, actores clave en la toma de decisiones que afectan el bienestar de individuos y comunidades. Esta es una responsabilidad que debe ser asumida sin ninguna interferencia, con plena autonomía e independencia.