La Fuerza Pública nunca se fue. Nuestros soldados y policías siempre estuvieron ahí, cumpliendo con su deber, patrullando las calles, recorriendo las montañas, custodiando las fronteras y poniendo en riesgo su propia vida para proteger la de millones de colombianos. Lo que durante algunos años estuvo en discusión no fue su presencia, sino las condiciones en las que podían ejercer plenamente su misión constitucional.
Hoy Colombia parece entrar en una nueva etapa. La Fuerza Pública está recuperando capacidad de acción, iniciativa operacional y, sobre todo, confianza para enfrentar a las organizaciones criminales dentro del marco de la Constitución y la ley.
La búsqueda de la paz siempre debe ser un propósito nacional. Pero la paz no puede confundirse con la ausencia de operaciones contra quienes asesinan, secuestran, extorsionan, trafican drogas o pretenden imponer su propia ley en los territorios. Un Estado democrático puede dialogar cuando sea necesario, pero nunca puede renunciar a su obligación de proteger a los ciudadanos.
Los resultados recientes muestran que, cuando existen instrucciones claras, capacidad operacional y respaldo institucional, la Fuerza Pública puede golpear de manera contundente a las estructuras criminales.
De acuerdo con el balance presentado por el Gobierno, entre el 7 y el 23 de agosto se produjeron 1.574 capturas, se incautaron 12.296 kilos de cocaína, 11.232 kilos de marihuana y 114 kilos de base de coca, y fueron destruidas o inhabilitadas 162 infraestructuras destinadas a la producción de drogas. También fueron incautados más de 30.000 kilos de insumos sólidos y 47.000 galones de insumos líquidos, fundamentales para la producción de estupefacientes.
El golpe también ha llegado al patrimonio de las organizaciones criminales. En estos primeros 15 días se reportan 81 bienes ocupados, relacionados con actividades de narcotráfico, con un valor estimado de $71.886 millones, además de 10 extradiciones.
Esto es fundamental porque combatir el crimen no significa únicamente capturar personas. También significa quitarles a las organizaciones criminales el dinero, los bienes, las rutas y la infraestructura que les permiten mantenerse en funcionamiento.
A estas operaciones se suman acciones contra estructuras como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, con incautaciones de armas, explosivos y material de guerra, así como operaciones dirigidas contra integrantes y cabecillas de estas organizaciones.
La recuperación de la autoridad también tiene que llegar a las cárceles. No podemos pedirle a la Fuerza Pública que combata a las organizaciones criminales en las calles mientras algunos de sus principales cabecillas continúan impartiendo órdenes desde los centros penitenciarios. En ese sentido, el traslado de internos de alta peligrosidad desde Barranquilla hacia Bogotá es una señal importante. No se trata simplemente de mover presos de una ciudad a otra, sino de impedir que quienes están privados de la libertad sigan utilizando las cárceles como centros de operación criminal. Cada una de estas decisiones representa, además, un esfuerzo de seguridad que involucra a policías, militares y funcionarios penitenciarios que deben asumir riesgos para garantizar que estos traslados se cumplan.
A esta estrategia se suma el proyecto de construir megacárceles y avanzar en mecanismos de aislamiento para los grandes capos, incluso con la posibilidad de utilizar buques de la Armada como establecimientos penitenciarios. El propósito debe ser claro: que una persona condenada por pertenecer a una organización criminal pierda realmente su capacidad de mando. Si queremos respaldar a nuestra Fuerza Pública, también tenemos que darle un sistema penitenciario que no le devuelva por la puerta de atrás a los criminales que sus hombres y mujeres capturan en las calles. La lucha contra el crimen no termina con una captura; continúa hasta que el Estado logra impedir que ese delincuente vuelva a dirigir, financiar o fortalecer su organización.
Pero detrás de cada cifra existe una historia que no aparece en los balances. Hay un soldado que salió de madrugada, un policía que ingresó a un territorio donde los criminales tienen capacidad de intimidación, un piloto que puso su vida en riesgo y una familia que esperó en casa sin saber si su ser querido regresaría.
Por eso, como sociedad, tenemos una obligación que no debería depender de quién gobierne: reconocer, respetar y respaldar a quienes tienen la responsabilidad constitucional de protegernos.
Sin embargo, tampoco podemos caer en la ingenuidad de pensar que el problema está resuelto. Colombia todavía tiene regiones donde las organizaciones criminales pretenden imponer su propia ley, comunidades sometidas a la extorsión, cultivos ilícitos, narcotráfico, minería ilegal y estructuras armadas con capacidad para hacer daño.
Por eso, la ofensiva contra el crimen debe mantenerse, siempre dentro de la Constitución y la ley. La autoridad del Estado no puede ser intermitente. Los ciudadanos necesitan saber que las instituciones estarán presentes no solamente cuando ocurre una tragedia, sino todos los días.
Y aquí aparece una responsabilidad que tampoco podemos seguir aplazando: Colombia necesita fortalecer el marco jurídico que protege a quienes protegen al país.
No se trata de impunidad ni de otorgarles a los uniformados una licencia para actuar por fuera de la ley. Todo lo contrario. Se trata de tener reglas claras, seguridad jurídica y mecanismos que permitan distinguir entre una actuación legítima en cumplimiento del deber y una conducta que deba ser investigada y sancionada.
Quien arriesga su vida por la Nación no puede sentir que, además de enfrentarse al criminal, tendrá que enfrentar después un sistema que no le ofrece claridad sobre las consecuencias de cumplir su misión. La Fuerza Pública debe responder por sus actuaciones, como corresponde en una democracia, pero también debe contar con las garantías necesarias para ejercer legítimamente la autoridad.
Colombia necesita recuperar un principio elemental de cualquier Estado de derecho: la autoridad legítima debe tener más fuerza que quienes pretenden imponer la ley del más violento.
Este no debería ser un debate entre gobiernos, partidos o ideologías. Debería ser un propósito nacional.
Respaldar a la Fuerza Pública no significa respaldar cualquier actuación de sus integrantes. Significa reconocer que una democracia necesita instituciones fuertes, profesionales y sometidas a la ley para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
La paz que queremos para Colombia no puede ser simplemente la ausencia de confrontación. Tiene que ser la tranquilidad de caminar por las calles, trabajar en el campo, viajar por las carreteras y vivir en nuestros territorios sin que una organización criminal tenga la capacidad de decidir sobre la vida de las personas.
La verdadera paz llegará cuando el ciudadano tenga la certeza de que detrás de él existe un Estado fuerte, legítimo y dispuesto a defenderlo.
Y para lograrlo, la Fuerza Pública debe saber que Colombia está detrás de ella.