Recuerdo bien que si había un tema que obsesionaba a Germán Vargas Lleras, no solo dentro de lo que fue su propuesta de campaña a la Presidencia, sino en cualquier intervención donde coincidía con empresarios, era el impuesto al patrimonio. Se los decía con total claridad y lo repetía hasta el cansancio en cada escenario. El impuesto al patrimonio nunca representó justicia social, sino que constituyó un empujón directo y la disculpa perfecta para que los inversionistas abandonaran el territorio nacional. Se trataba de un gravamen antitécnico y claramente confiscatorio que no cobraba sobre los ingresos o la riqueza que se generaba en el presente, sino sobre lo que ya se había construido con años de sudor, riesgo y trabajo acumulado.
Vargas advertía de forma insistente que, si se continuaba por ese camino, los colombianos con grandes patrimonios se verían obligados a renunciar a su residencia fiscal. El tiempo le dio la razón: las estadísticas señalan que más de 65.000 colombianos han cambiado su domicilio tributario en los últimos años.
En el segmento de más altos ingresos, el impacto fue directo. Entre 2021 y 2024, el número de contribuyentes con patrimonios superiores a 11.000 millones de pesos cayó un 28 %, lo que significó la salida de 1.257 declarantes de este rango (817 en una primera etapa y 440 después). La dimensión del desplome se evidencia al comparar el histórico general: mientras que en 2006 existían más de 4.200 personas naturales pagando el impuesto al patrimonio, para 2025 la cifra se redujo a tan solo 275 declarantes, lo que representa una caída superior al 93 % en el padrón de este tributo.
Asimismo, en la franja de patrimonios sobre los 12.000 millones, el valor total reportado se redujo en un 36 %. Al permanecer más de 183 días fuera del país y perder la residencia fiscal, estos contribuyentes no solo dejaron de pagar el impuesto al patrimonio, sino que el Estado perdió el recaudo sobre su renta.
El Estado colombiano terminó quedándose únicamente con el discurso político mientras perdía el dinero real. Aquella estrategia fiscal jamás representó un acto de verdadero progresismo, sino una muestra de miopía económica pura y dura. Persiguieron un fantasma ideológico y terminaron ahuyentando al contribuyente. Repitieron el eslogan populista de exigir que pagaran los ricos y el resultado final fue que el país se quedó sin los ricos que pagaban impuestos. Si algo corresponde reconocerle a Vargas Lleras es que no improvisó en ningún momento. Diagnosticó el problema con precisión matemática y el tiempo terminó dándole la razón absoluta.
Hoy, uno de los dirigentes que siempre coincidió con esa postura es el actual presidente Abelardo De La Espriella. Lo sostuvo con firmeza desde el primer día al ratificar que el impuesto al patrimonio se elimina de manera definitiva. La premisa del nuevo Gobierno es que no se puede continuar castigando al ciudadano que invierte, arriesga y genera riqueza para la nación. A pesar de la inmensa tragedia que actualmente vivimos los colombianos, el presidente ha mantenido intacto su compromiso asumido en campaña. Ni siquiera bajo la emergencia económica y social decretada por el devastador terremoto del 10 de agosto, ha querido revivir ese tributo.
No habrá bajo esta administración cacería fiscal disfrazada de solidaridad social ni decretos redactados a última hora para cobrarles a quienes se marcharon. Ese capítulo oscuro se cerró para siempre. Por esa misma razón, en muy pocos días de gestión, el presidente se ha ganado la plena confianza del sector empresarial, despertando un deseo genuino de solidaridad para apoyar la reconstrucción nacional.
Toda esta nueva realidad nos lleva a formular una pregunta directa y sin ningún tipo de rodeos: ¿cuál es ahora la justificación para aquellos que cambiaron su residencia fiscal y prometieron no volver jamás? La respuesta es sencilla y es que ya no existe ninguna. Se acabaron las excusas. Quien mudó su domicilio tributario ya no puede sostener que el Estado colombiano lo persigue. El pretexto original desapareció, pero hoy enfrentamos una realidad mucho más urgente que cualquier debate sobre tributos. Tenemos un país profundamente golpeado que requiere ayuda inmediata.
El terremoto del 10 de agosto no se detuvo a preguntar quién tenía residencia en el extranjero y quién se quedó. La tragedia destruyó viviendas, escuelas y la vida de miles de familias que nunca tuvieron la opción de marcharse. La reconstrucción demanda recursos reales y los cálculos apuntan a 30 billones de pesos. Eso no se soluciona con discursos ni fotos de solidaridad, se arregla con inversión, empleo y personas dispuestas a poner el hombro de verdad.
La advertencia de Vargas Lleras ya es cosa del pasado. Hoy el llamado es a la responsabilidad social y a la grandeza humana. Por eso, el regreso de ustedes, los empresarios, es clave y su aporte no puede ser simbólico. Si recuperan su residencia, el país reactivará el recaudo por renta, el IVA y el capital productivo que tanto necesitamos. El retorno de sus patrimonios significa billones al año para levantar nuevamente al Eje Cafetero, el Valle del Cauca, el Pacífico, el Chocó y el centro del país.
No les estamos pidiendo limosna, los estamos invitando por amor a la patria. Vuelvan para invertir donde hace falta y ayudar a levantar lo que se cayó. Quien de verdad quiere a esta tierra no puede ser un espectador lejano cuando la casa de todos está en ruinas. Demuestren que el éxito no se queda mirando desde afuera. Con todo el afecto patrio que sentimos hoy, los estamos esperando.