El primer caso es la suspensión del TransMilenio en la séptima, o como lo llamó ahora la alcaldesa, el Corredor Verde. Los primeros diseños y estudios del proyecto se hicieron en 2006, que luego fueron actualizados y complementados en 2016, cuando fueron llevados a fase 3. La licitación del proyecto fue suspendida en 2019, tres días antes de la adjudicación, por un juez que afirmó que la obra era inviable por lo que él había revisado en Google Earth. Por más macondiano que suene, realmente fue así.
Aunque el Distrito ya había invertido más de 29 mil millones en estudios con algunas de las firmas de ingeniería más prestigiosas del país, y comprado predios por más de 500 mil millones para ejecutar el proyecto, pesó más el veto de un juez que poco sabía de ingeniería.
Sin embargo, el proyecto continuó en la siguiente alcaldía: pasó de ser TM Séptima al Corredor Verde. A mediados de 2023, 4 años después, se abrió nuevamente la licitación para la construcción del sistema de transporte masivo. Sin embargo, el mes pasado se volvió a suspender el proyecto gracias a una acción popular presentada por dos candidatos en las elecciones del 29 de octubre y que fue ratificado por un juez administrativo de Bogotá. Si bien argumentan que no estaban listos los estudios de geotecnia y una armonización incorrecta con los promotores del plan parcial El Pedregal, la conclusión de todo es que un proyecto de 2,3 billones de pesos, que crearía 20.000 empleos y renovaría la vía, queda frenado nuevamente.
El segundo caso es el famoso plebiscito del municipio de Cajamarca, que suspendió, de manera indefinida, la explotación de la mina La Colosa, que pudo haber sido la mina de oro a cielo abierto más grande de Suramérica. El proyecto, cuya concesión le pertenece a Anglo Gold Ashanti, fue acabado por una consulta popular que adelantó el municipio de apenas 22.000 personas, de las cuales votaron un poco más de 6.000 ciudadanos.
Un proyecto que iba traer una inversión de más de mil millones de dólares pagaría en regalías unos 160 mil millones de pesos COP anualmente, impuesto de renta anual de 720 mil millones de pesos, generaría 2.500 empleos directos y más de 7.000 indirectos, y que Fedesarrollo pronosticaba que agregaría 2 puntos adicionales al PIB regional, fue víctima de una campaña de desprestigio y sepultado en las urnas. Vale la pena recordar dos cosas: el proyecto ya contaba con todas las licencias ambientales y que en Colombia el subsuelo es competencia del Gobierno nacional, no de entidades regionales.
El tercer caso es la suspensión, indefinida, del proyecto eólico de Enel en La Guajira, llamado Windpeshi. Un proyecto que tendría una capacidad instalada de 205 megavatios, que generaría empleo en la región y sería una fuente generación de energía limpia, fue saboteado y frenado por las comunidades a través de la famosa consulta previa. La consulta previa es el mecanismo que tienen los grupos étnicos de poder decidir sobre medidas o proyectos que se vayan a realizar en sus territorios.
Si bien ya se ha escrito mucho sobre las graves implicaciones que tiene el abuso de esta herramienta jurídica que ha bloqueado y encarecido cientos de proyectos, es otra versión de los dos casos anteriores: grandes proyectos con un alto grado de avance, que son obstaculizados por la justicia u otras instancias de la institucionalidad que tenemos. Para dimensionar el problema de la manera como se está abusando de la licencia previa, vale la pena recordar estas cifras: en 2019 en Colombia, donde la población indígena representa un 3,5 %, se registraron 10.278 consultas. En Perú, que tiene el mismo mecanismo y una población indígena del 14 %, se registraron apenas 92 de estas.
Estos son tres casos, pero los ejemplos son cientos, y aun miles, que muestran uno de los problemas más grandes del país: se prioriza la participación ciudadana sobre el tecnicismo. Si bien la democracia es un sistema político valioso, en estos escenarios se está extralimitando: en la ejecución de proyectos de importancia nacional es necesario confiar y depender de los conceptos y recomendaciones de personas y grupos con el conocimiento suficiente, aunque existan casos en que algunas mayorías estén en desacuerdo.
Los proyectos más importantes para la economía y el progreso están bajo el yugo de un centenar de mecanismos jurídicos que imposibilitan un desarrollo acelerado del país. Estas situaciones plantean una dicotomía inevitable entre participación ciudadana y progreso que ha mostrado ser dañina. Si algún día queremos llegar a ser un país desarrollado, de lo cual creo que no estamos muy lejos, tenemos que empezar a comportarnos como uno: brindando una mayor seguridad jurídica a los macroproyectos y favoreciendo los estudios técnicos antes que a grupos de tuiteros.
Se tiene que limitar la cantidad de instancias que puedan intervenir, como también los momentos de intervención (en fases de estructuración tal vez, no cuando ya estén en proceso de licitación, y menos aún adjudicados), en que se pueda incidir en la ejecución de macroproyectos que son catalizadores de progreso. Ahora bien, asegurarse que las entidades que puedan interponerse a estos proyectos sean competentes y técnicas.
La solución al problema claramente es compleja, pero es una problemática que se tiene que exponer y que necesita soluciones urgentes. Ciertamente, sería un escenario más favorable al que estamos ahora, donde tenemos abogados creyéndose ingenieros y plebiscitos organizados desde un salón comunal.