Se sabía que el gobierno de Gustavo Petro había dejado las arcas del Estado en ruinas. Lo que no teníamos claro era que la situación financiera del país es mucho peor de lo que pronosticaban los expertos. La evidencia de lo que pasa está en la presentación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2027 que acaba de hacer el Gobierno De La Espriella.
Al conocer el nuevo presupuesto, de inmediato se habló de una gran contradicción entre lo prometido por De La Espriella en campaña y lo que refleja el nuevo plan financiero. Cuando el expresidente Gustavo Petro dejó un presupuesto de 575,6 billones de pesos para 2027, el entonces candidato Abelardo De La Espriella lo calificó de excesivo y aseguró que de ganar haría una fuerte reducción del gasto público. Por considerar que el cálculo presupuestario de Petro estaba desfinanciado, el Congreso de la República lo devolvió.
Ahora el turno es para el Gobierno De La Espriella, pero el presupuesto presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, sorpresivamente es de 634,9 billones de pesos, 59,3 billones más que el presentado por Petro. Si se supone que el gasto público iba a ser menor en este Gobierno, ¿por qué entonces aparece ahora un presupuesto mayor? Y, lo más importante, ¿de dónde van a salir los recursos para financiarlo?
Ante la aparente contradicción, el ministro de Hacienda aseguró que la diferencia en el presupuesto obedece a que las cuentas presentadas por el Gobierno anterior no eran reales y se habían ocultado varias obligaciones. Haber “sincerado” las finanzas públicas, dice el minhacienda, implica que hay 60 billones de pesos en obligaciones más que se desconocían y que hay que pagar. La omisión más grande, según el Gobierno, tiene que ver con la deuda. El proyecto Petro presupuestaba 118 billones de pesos para atender el servicio de la deuda. Sin embargo, la actual administración estima que la cifra real es de 155,4 billones de pesos, es decir, 37,4 billones más que se omitieron y provienen del endeudamiento que acumuló el tren de vencimientos de corto plazo a tasas elevadas en el que se montó Petro y que deberán cubrirse en 2027.
Pero, a su vez, había un faltante de 6,5 billones de pesos, para el pago de pensiones, teniendo en cuenta que habrá 90.000 nuevos pensionados anuales a cargo de Colpensiones y que no se habían estimado. A la cuenta se suman 4,5 billones para el pago de funcionarios del Estado que no estaban contemplados. Desde la oposición se afirmó que este aumento en el pago de funcionarios significa que se está aumentando la burocracia estatal, lo que va en contravía de la promesa de recortar el Estado. Sin embargo, el ministro Gómez sostiene que la realidad es que el presupuesto anterior tenía mal calculada la planta de funcionarios, pues se contabilizaron 99.001 cargos cuando realmente son 107.927.
Como si fuera poco, el nuevo presupuesto incluye 9,6 billones de pesos para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que no se habían incluido, 2 billones para el sistema de salud y 700.000 millones correspondientes a giros a universidades públicas.
De esta forma, sacadas de debajo del tapete las obligaciones escondidas, el presupuesto se incrementa en un 10,3 por ciento.
¿Cómo se cumplirá ahora la promesa de recortar el gasto público y cubrir las obligaciones de Estado?
El Gobierno asegura que, de entrada, el nuevo presupuesto ya reduce en 17,5 billones de pesos los gastos del Estado. Lo primero que se anuncia es un recorte en las compras del Estado y la adquisición de bienes y servicios en un 13,8 por ciento, que se verá reflejado en una reducción de la contratación de servicios, suministros y otros costos administrativos, por el orden de 2,8 billones. Además, se habla de un recorte de 2,5 billones en inversión “no prioritaria”; sin embargo, al momento de escribir estas líneas no es claro qué tipo de inversión se reducirá y si esto significará menos obras, programas y proyectos públicos. Aun con ese ajuste, faltan 12 billones de pesos para cubrir el presupuesto.
Por eso, el Gobierno ha dicho que radicará una “ley de rescate fiscal”, con la que buscará reducir aún más el gasto y adoptar medidas para aumentar el ingreso. Aspira a cubrir con esta ley 40 billones de pesos del presupuesto. Además, anunció que deberá acudir a más deuda, aunque con el buen ambiente que existe con la nueva administración, se esperaría que se den con mejores condiciones que las absurdas adquiridas por el anterior mandato.
Pero, aunque el Gobierno no lo quiera decir, esta ley de rescate será una reforma tributaria.
Es imposible emprender la reconstrucción del país tras la tragedia y cubrir las obligaciones totales del Estado con la estructura de ingresos que existe hoy.
El ministro de Hacienda ha dicho que esta ley fiscal estará enfocada en “recortar el gasto y adelgazar el Estado”, y que tendrá el enfoque de no subir tarifas, sino simplificar el sistema, reducir los distintos tipos de impuestos y revisar las exenciones tributarias.
Enfrentarse al trámite de una reforma tributaria será además el verdadero primer gran pulso que tendrá que librar el Gobierno De La Espriella en el Congreso, y lo que ha pasado con las elecciones del contralor y de magistrados del Consejo Nacional Electoral muestra que, aunque se ha querido restablecer la relación entre el Centro Democrático y el gobierno, esta sigue muy resquebrajada. Una reforma tributaria será la gran prueba para lograr verdaderos consensos en el Legislativo. A nadie le gusta una tributaria, sin importar si quien la presenta es un gobierno de izquierda o de derecha. ¿Cómo logrará el Gobierno tramitarla en el Congreso?
De fondo hay una gran realidad: no hay dinero y la situación fiscal es mucho peor de lo que se creía. A veces parece que el presidente De La Espriella va a necesitar en verdad un milagro.