“La paz grande”, otra sombra alucinante

Desde el inicio del actual gobierno, Colombia ha sido testigo de una crisis de gobernabilidad de magnitud institucional, marcada por una sucesión de escándalos en el Ejecutivo que, lejos de disiparse, se han convertido en un patrón preocupante. Lo que inicialmente se presentó por sus defensores como asuntos de la vida privada del presidente ha derivado en decisiones que comprometen la seguridad nacional, la estabilidad institucional y los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Resulta aún más grave que sectores afines al proyecto político del Gobierno continúen normalizando conductas impropias por parte del jefe de Estado, justificándolas como simples episodios personales. Ello ha permitido que la discusión pública se desplace desde la esfera íntima hacia cuestionamientos sobre la capacidad del presidente para el ejercicio de sus funciones, especialmente a la luz del deterioro en su salud emocional denunciado por exfuncionarios y por mí ante los entes competentes.

La más alta dignidad del Estado parece haber quedado sometida a un drogadicto del poder, concentrada en la figura de un mal llamado liderazgo, personalista y carente de frenos institucionales. Aquello que durante meses advertimos, hoy se encuentra bajo escrutinio público: la campaña “Petro presidente” sostuvo conversaciones y negociaciones con grupos terroristas, ignorando la obligación del Estado de proteger a las víctimas.

No puede ocultarse lo evidente: la llamada “Paz Total” —presentada como una política de Estado— aparece como un instrumento cuyo resultado práctico es un esquema de beneficios, indultos de facto y escenarios de impunidad para organizaciones criminales. Todo esto a costa del sacrificio de la Fuerza Pública y de comunidades civiles que continúan padeciendo la violencia.

El reciente informe divulgado por la Unidad Investigativa de Caracol compromete severamente la legitimidad política y moral del Ejecutivo, al sugerir que la seguridad del país habría sido subordinada a acercamientos con estructuras armadas incluso antes de la posesión presidencial. De igual modo, las presuntas conexiones de altos mandos militares y de funcionarios del Departamento Nacional de Inteligencia con disidencias como las de “Calarcá” generan un deterioro alarmante en la confianza pública, abriendo el riesgo de que se consolide una estrategia de confrontación entre la Fuerza Pública y la ciudadanía, característica de proyectos políticos de corte radical.

En este escenario, la independencia de la Fiscalía General de la Nación también se encuentra en entredicho. Las denuncias sobre eventuales omisiones y actuaciones irregulares en beneficio de estructuras narcoterroristas afectan directamente la separación de poderes y el cumplimiento de los mandatos constitucionales del ente acusador.

El fracaso de la “paz total” es estrepitoso; durante meses he demandado y expuesto los decretos que nombraban a estos terroristas como “gestores de paz”, advirtiendo que estos solo traen beneficios a los terroristas, sin obligaciones concretas. Hoy los hechos lo confirman: las víctimas aumentan y muchos de esos gestores ya empuñaron nuevamente las armas.

Se hace necesario resaltar el papel de los medios de comunicación. Su labor de control democrático ha permitido revelar escándalos de enorme gravedad institucional: desde el caso de Nicolás Petro expuesto por SEMANA, pasando por las denuncias sobre Juliana Guerrero reveladas por Blu Radio, hasta los presuntos acuerdos con “Calarcá” y “Mordisco” revelados por Unidad Investigativa de Caracol. Su trabajo confirma que la prensa libre sigue siendo el último dique frente al desmoronamiento del orden constitucional y la captura de las instituciones, y revela, una vez más, que la llamada “paz grande” de Petro no es más que otra de sus alucinaciones políticas.