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Lucia Bastidas
Lucia Bastidas - Foto: SEMANA

¡La violencia contra líderes dejó de importarle al Gobierno!

Les recuerdo que van 171 líderes asesinados en lo corrido del año y que las relacionales diplomáticas no pueden ser plataforma de lobby internacional para esconder lo que sucede en Colombia.

Por: Lucía Bastidas

Durante los primeros cuatros meses del gobierno de Gustavo Petro han ocurrido 28 masacres. Pensaron que los problemas territoriales finalizarían con el cambio de presidente. La realidad ha mostrado que no era falta de acción del ejecutivo y que la solución depende de otras variables: presencia estatal, de la fuerza pública y una acción integral de inversión social, gestión interinstitucional y control de recursos y resultados.

Lo ocurrido en el Putumayo la semana pasada fue un episodio dantesco, donde las disidencias de las Farc masacraron a 18 personas y es con ellos, precisamente, que el Gobierno ha decidido emprender caminos de diálogo a pesar de que le hicieron conejo al proceso de negociación y siguen hablando a sangre y fuego. ¿Les están dando espacio a las organizaciones criminales que arremeten contra la comunidad y sus líderes? ¿Eso es lo que llaman paz total?

El asesinato de líderes sociales no se ha detenido. Hasta noviembre de 2022 en Colombia se han registrado 171 muertes y 58 han ocurrido desde la posesión de Gustavo Petro. ¿Por qué el silencio de sectores políticos y organizaciones de derechos humanos que acusaban a los contradictores políticos de ser los agenciadores de estos actos? ¿Ahora a quién culpan?

La violencia en los territorios debe ser despolitizada, junto con los desajustes del acuerdo firmado con las Farc, han sido asesinados 36 firmantes. A sus familias se les debe garantizar verdad, justicia y reparación.

La paz total no puede ser impunidad ni debe limitarse a diálogos, fotos rimbombantes y show de medios, deben priorizar las variables económicas, sociales y la singularidad de los territorios.

Los Consejos de Seguridad deben ser una respuesta institucional que dé respuestas del trabajo articulado con la fuerza pública y fortalecer los 170 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Es hora, señor presidente, de que honre su palabra y que los Puestos de Mando Unificados por la Vida (PMUV) que usted propuso para proteger a los líderes y sus comunidades estén por encima de las negociaciones y solicitudes de los grupos ilegales. No caiga en el error de romantizar a los criminales.

Preocupa el silencio del Gobierno, de los congresistas afines y de los autodenominados defensores de derechos frente a las masacres y asesinatos que se han presentado en las diferentes regiones del país.

Callar por conveniencia política los convierte en cómplices. El discurso de defensa de derechos humanos les quedó en retórica frente al nuevo gobierno.

¿Qué está pasando? Durante la campaña presidencial reiteraban la falta de protección para líderes sociales y la escalada de violencia. ¿Ahora que están en el poder, parece que no es un tema que dé réditos políticos o era una bandera electoral? ¿Está realmente en la agenda pública la protección a la vida de los dirigentes sociales y sus familias, que reclaman protección, justicia, verdad y reparación?

El canciller Álvaro Leyva afirmó que el 50 % de los embajadores serían de carrera, para así afianzar una política exterior basada en la protección a la vida. La realidad es otra.

Están ubicando “figuras representativas” y cercanos al círculo presidencial en cargos diplomáticos que son claves para los Derechos Humanos. Por ejemplo, Jorge Rojas (exsecretario privado de la Alcaldía de Bogotá nombrado en la embajada de Bélgica), Carlos Rodríguez Mejía, quien representó a Gustavo Petro en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (para restituirlo como alcalde, además de ser representante de la Comisión Colombiana de Juristas ante la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas), en Costa Rica sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Mauricio Bustamante (exsecretario de salud en Bogotá) como embajador ante la misión de la ONU en Ginebra.

Les recuerdo que van 171 líderes asesinados en lo corrido del año y que las relacionales diplomáticas no pueden ser plataforma de lobby internacional para esconder lo que sucede en Colombia. ¡Hagan algo, por favor!