En pocos días iniciaremos el último mes de campaña, etapa decisiva donde los colombianos definiremos las dos candidaturas que, según proyectan las cuestionadas encuestas, pasarán a la segunda vuelta de junio. Estos sondeos, influenciados por la reciente legislación y el uso estratégico en redes sociales, sugieren que ningún aspirante alcanzará la mayoría necesaria en primera vuelta. Ante este escenario, es imperativo analizar al puntero: Iván Cepeda Castro.
Cepeda representa la continuidad del Gobierno de Gustavo Petro, una gestión señalada por altos índices de corrupción y una política de paz total que, en la práctica, ha cedido control territorial a grupos armados. Como líder del Pacto Histórico, Cepeda defiende un modelo que, de consolidarse en la Presidencia, pondría en riesgo la democracia colombiana, amenazando con derivar en un régimen autoritario similar a los de Cuba o Nicaragua.
Es evidente que la columna vertebral de la paz total de Gustavo Petro e Iván Cepeda es su relación prioritaria con el ELN. Cabe recordar que, al asumir la Presidencia, la primera decisión de Petro fue retomar los diálogos con este grupo, bajo la promesa, incumplida, de una negociación en tres meses.
Tanto Petro como Cepeda han otorgado un reconocimiento político excepcional al ELN, omitiendo sistemáticamente su carácter criminal. Por ello, a pesar del estancamiento de las mesas, la continuidad de este proyecto en cabeza de Cepeda resulta vital para sus intereses.
Al analizar el plan de gobierno de Iván Cepeda, ‘El poder de la verdad 2026-2030′, las coincidencias con la propuesta de “acuerdo nacional” del ELN son alarmantes. Ambas partes plantean un diálogo nacional con “participación protagónica” como eje de la campaña de 2026, con el fin de legitimar lo que denominan una “Constituyente Popular”.
Mientras el ELN exige este proceso para avanzar en la negociación, Cepeda y Petro ya recolectan firmas en sus manifestaciones para cumplir los requisitos de una asamblea constituyente. En conclusión: lo que el ELN exige, Cepeda lo formaliza en su programa de gobierno.
¿Es coincidencia o es un plan trazado? Al revisar el programa de Iván Cepeda y las exigencias del ELN en la mesa de negociación, la respuesta es clara. En economía, ambos buscan desmantelar el modelo actual bajo el nombre de “revolución” o “nuevo diseño”. En narcotráfico, ambos proponen dejar la solución en manos de las “comunidades”, debilitando la acción de la Fuerza Pública.
Esta ‘coincidencia total’ tiene una explicación lógica: Iván Cepeda ha sido el puente y el principal negociador de este Gobierno con dicha guerrilla. Los preacuerdos que él mismo firmó en nombre de Petro son, palabra por palabra, los que hoy presenta como su plan de gobierno 2026-2030. Lo que estamos viendo es la institucionalización de las exigencias del ELN en una candidatura presidencial.
Los colombianos debemos reflexionar profundamente sobre la amenaza que representaría la elección de Iván Cepeda para nuestra democracia. Su ascenso al poder pondría al país en una ruta peligrosa, similar a las experiencias autoritarias de Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Esta preocupación se fundamenta en su estrecha alianza con Gustavo Petro y su cuestionable rol en la paz total, donde ha priorizado diálogos con el ELN y las disidencias de las Farc. A esto se suma un activismo en derechos humanos que parece selectivo: ferviente para proteger a los victimarios, pero silencioso o relativista ante el dolor de las miles de víctimas de estas organizaciones.
Un Gobierno de Cepeda garantizaría mayor inseguridad, un modelo económico estatista y una erosión institucional que comprometería la separación de poderes, amenazando la existencia misma de instituciones como el Consejo de Estado y la independencia de los organismos de control.
En conclusión y sin dilaciones: votar por Iván Cepeda es beneficiar directamente al ELN y a los demás actores de la paz total, priorizando los derechos de los victimarios sobre los de las víctimas. Su talante estatista y confrontacional pone en jaque una democracia de más de 200 años y amenaza nuestras libertades fundamentales al profundizar la polarización.
A este riesgo se suma su evidente falta de experiencia ejecutiva para administrar el país en uno de los momentos más críticos de seguridad y economía de las últimas décadas. Los únicos responsables de evitar este desastre somos nosotros.
Nuestra única arma es la cédula de ciudadanía; usémosla con conciencia este 31 de mayo y el 21 de junio para impedir que este proyecto acabe con Colombia.