Al oído de los candidatos presidenciales

Las dos primeras encuestas publicadas después de las elecciones legislativas le dieron a Enrique Peñalosa 16 y 17 por ciento de la intención de voto. Lo señalaban como el único candidato que podría darle la batalla a Santos. Incluso, una de ellas, advirtió que ganaría en segunda vuelta. Se produjo la sensación de que algo fuerte había ocurrido en la campaña presidencial. Pero las dos encuestas siguientes volvieron a situar a Óscar Iván Zuluaga en el segundo lugar y mostraron una campaña estancada en la que ninguno de los candidatos crece significativamente y los indecisos y el voto en blanco siguen imperando.

Ni las parlamentarias, ni la escogencia de la fórmula vicepresidencial, sacudieron la campaña. Ahora todos los candidatos y los estrategas de las campañas están obligados a estrujar la imaginación para inventar algo que cautive a los indecisos y a los rebeldes, algo que responda a las crecientes demandas de cambio del electorado, algo que rompa el escepticismo. Para algunos analistas esta situación es aburridora, para mí es apasionante. Los candidatos están obligados a pensar menos en su contendor y más en la ciudadanía. El enemigo por vencer es el desencanto. Ni los jefes de las Farc y del ELN escapan a esta realidad. Para ellos también las encuestas tienen un mensaje de desconfianza enorme en su voluntad de paz y de rechazo a su participación en la política. También los guerrilleros tendrían que mirar más a la opinión que a la contraparte en la Mesa, tendrían que acelerar el ritmo de la negociación y pensar las propuestas de concertación en función de un electorado ansioso de ver avances reales hacia la firma del acuerdo final.

El reto de los candidatos es monumental. Las más recientes encuestas dicen que la seguridad ha dejado de ser la principal angustia de los electores, dicen que la salud, la educación y la paz son, en su orden, las grandes preocupaciones de la población. También los paros campesinos han señalado una gran inconformidad con las políticas agrarias. Ahí están dibujados los reclamos de los ciudadanos.

Y responder con verdad, con responsabilidad y con audacia a estas demandas no es nada fácil. Porque no se trata de agregar algo a lo que se está haciendo, no se trata de ofrecer un poco más, no se trata de actuar sobre cosas que están funcionando. No. Se trata de afrontar una crisis profunda en la salud, en la educación y en el campo. Se trata igualmente de terminar una guerra que cumple 50 años.

La salud dejó de ser un derecho para convertirse en un lucrativo negocio plagado de corrupción, asediado por fuerzas ilegales y políticos inescrupulosos. Las pruebas Pisa, que evalúan la calidad de la educación en el mundo, situaron a Colombia en el puesto 62 entre 65 países y dejaron al desnudo la grave situación de nuestro sistema educativo. El índice Gini rural que mide la concentración de la tierra y la desigualdad pasó de 0,74 a 0,88 en los últimos años, entre los más altos del mundo. Una pobreza enorme es el signo trágico del campo colombiano. Las negociaciones de La Habana han contribuido a relegar a un segundo plano la seguridad como preocupación de los colombianos y han hecho saltar a primer lugar los temas sociales. Es una victoria que la pueden cobrar por igual el gobierno y la guerrilla. Pero la guerra está viva y se puede escalar alimentada por los conflictos agrarios y mineros que palpitan en el campo si no se firma pronto un acuerdo definitivo de paz.

Ante estas realidades no caben paños de agua tibia. Los candidatos están obligados a proponer reformas profundas, a decir con claridad cómo van a recuperar la salud de las manos de los ladrones privados; en cuántos puntos del PIB van a incrementar el presupuesto de la educación y qué cambios van a realizar en el aparato educativo en abierta concertación con los estudiantes y los educadores; a decir cómo van a redistribuir la tierra y de qué manera van a forjar un nuevo modelo de producción en el campo, así esto moleste a los grandes latifundistas; a no engañar al país diciendo que se firmará una paz barata, sin reformas políticas y sociales, sin impunidad, sin concesiones a la guerrilla. Pero la subversión armada también está en la obligación de enviar un mensaje de esperanza al país mostrando avances concretos en la Mesa de negociaciones de La Habana.