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Opinión

  • | 2019/06/18 09:02

    Líderes Sociales: el vidrio roto de la paz

    La espiral de asesinatos y amenazas a líderes sociales no se detiene en Colombia. Pero comienza a despuntar una conciencia pública de lo que ello significa para el país.

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En una misma semana se pusieron en marcha tres procesos convergentes: la activación del arte con la instalación en la Plaza de Bolívar de  la obra Quebrantos de la escultora Doris Salcedo; la intervención de la institucionalidad a través del primer Diálogo con Líderes Sociales para la No Repetición, convocado por la Comisión de la Verdad; y el lanzamiento de la campaña Defendamos la Vida  de la Unión Europea, tendiente a visibilizar y apoyar los procesos territoriales de consolidación de paz y velar por la protección no solo individual sino comunitaria de los liderazgos sociales.

 Cuando se mata un líder no se mata una persona, se mata un proceso. Es la alegoría del vidrio roto que propone Doris Salcedo:
 "La vida es frágil como el cristal. Si se rompe no se puede recomponer, nos  advierte la artista al caracterizar su " poema fúnebre" en la Plaza de Bolívar. Los centenares o miles de muertos en toda la geografía nacional, son representados por nombres que se imprimen para el recuerdo sobre el suelo de la plaza y el vidrio quebradizo.

 Esta fue la liturgia pública que sirvió de preámbulo al otro episodio de la semana, el encuentro propiciado por la Comisión de Esclarecimiento, que tomó la forma de reflexión, interpretación y búsqueda de sentido de lo que (nos) está pasando, en la voz de los propios líderes. De esa primera conversación, surgieron algunas claridades.

La primera, que esto no es de hoy, que es un asunto de larga duración, que trasciende gobiernos. Aproximación objetiva que impide que el debate tome el giro de interminables recriminaciones partidistas, aunque el agravamiento reciente sea innegable. Se trata de una crisis estructural de democracia y de participación. Un déficit de democracia que se expresa en exclusiones y muertes, y que solo se resuelve, arguyeron muchos, con cambios de fondo en las estructuras participativas del Estado.

En segundo lugar, el tema remite a un asunto inherente al régimen político. El procurador general de la nación, partícipe del evento, argumentó que la criminalización de la protesta y su encuadramiento como prolongación de la subversión, sirvió por décadas, en la era del Frente Nacional, para justificar toda forma de arbitrariedad, como el hostigamiento judicial, o peor aún el asesinato de simples disidentes. Visión frentenacionalista que se instaló como parte del orden natural de la política. Con los años, "el humo de la guerra no nos dejó ver la necesidad de reformas sociales", sentenció. Otro argumento para llevar el tema más allá de los cuatrienios presidenciales.

Un tercer rasgo  del problema: el muy heterogéneo universo de víctimas. Entre ellas se encuentra a líderes sociales, de derechos humanos, ambientalistas, erradicadores de coca y desmovilizados excombatientes. Pero no obstante esta diversidad, hay perfiles generales y dinámicas definidas. Ante todo, su sistematicidad, reconocida hoy por los propios aparatos investigativos del país; así como es aceptada una alarmante ineficacia en el esclarecimiento de las autorías intelectuales y los promotores de la matanza; todo ello acompañado de una palpable tolerancia social, política, y a menudo institucional, de los crímenes.

 Con distintas lógicas de acción, los líderes se convierten en obstáculo a los viejos y nuevos señores de la guerra, porque el objetivo de estos últimos ya no es cómo cambiar el país, sino cómo hacer parte del negocio, aclaró el alcalde indígena de Toribío, Alcibíades Escue. La criminalidad organizada es, por tanto, el aparato coercitivo dominante de cada vez más territorios que, por negligencia o convivencia, el aparato estatal, no ha podido o querido desvertebrar.

 Cuarta reflexión: frente a esta crisis humanitaria, sobresale el fracaso de la justicia. En mi calidad de testigo del evento convocado por la Comisión, una de las cosas que más me impactó fue la confesión del fiscal: "Asesinar en Colombia es fácil", dijo, porque no hay castigo pronto y efectivo. Esta sola frase, con un proceso de paz en curso, debería sobrecogernos como nación. Su gravedad se aprecia cuando se la contrapone a la que se denuncia desde la otra orilla, la social, en palabras de Leyner Palacios, líder de Bojayá y el Pacífico colombiano: cuando a uno le preguntan, usted qué hace, y responde,  “soy líder social”, le replican, "entonces vaya comprando ataúd o seguro de vida". Impunidad  estatal e impotencia social sumadas? Dos dimensiones de esta catástrofe político-social, sin salidas a la vista.

El déficit de autoridad se pone en evidencia en la gestión de otra tarea consustancialmente institucional. Se reveló cómo, ante la inoperancia de los dispositivos de protección, las comunidades afro, indígenas y cimarronas, están recurriendo a la formación de guardias comunitarias, ancladas en sus territorios. Entretanto, el Estado oficia como observador mudo de la pérdida de monopolio de sus funciones constitutivas.

Quinta y última reflexión, en esta ola de asesinatos está comprometido nuestro modelo de desarrollo. Asesinatos, amenazas, extorsiones y desplazamientos son la respuesta criminal a la iniciativa ciudadana y a las luchas comunitarias contra los proyectos minero-energéticos del país, tema recurrente y puesto en la mesa por representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes que ven sus territorios ancestrales agujereados de muerte.

 Colombia es pues ese vidrio roto, esa constelación de fragmentos, en cuyo mapa se escriben nombres de cada vez más muertos. Un largo duelo colectivo. Y una certeza: de aquí no saldremos mientras en nuestra estrecha democracia se vea a los líderes, no como ciudadanos titulares de derechos y de proyectos político-culturales legítimos, sino como amenaza, a veces por los ilegales, otras por el mismo Estado, e incluso por amplios sectores de la sociedad.

Romper la vida y los tejidos comunitarios es el designio de los criminales. Consciente de ello, la obra monumental en la Plaza entraña también, en palabras de la escultora, una invitación al rechazo colectivo y a "romper el silencio”.

En medio de la soledad que agobia tras presenciar los testimonios, se escucha el clamor de la líder afrodescendiente del Chocó Julitza Mosquera: "Los líderes sociales defienden a la comunidad,  pero ¿quién defiende a los líderes sociales?".

Como sea, esta movilización que presenciamos hoy, desde distintos lugares de la sociedad, es determinante para el futuro inmediato, porque como ha dicho alguien, estamos en un momento en el que se puede todavía ganar la guerra, pero perder la paz.

 

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