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Salud Hernández. - Foto: Juan Carlos Sierra

Los ganaderos tienen derecho a defenderse

Si este Gobierno avala a la violenta primera línea, así como a las Guardias Indígenas, Cimarronas y Campesinas, ¿impedirá a los ganaderos defender lo suyo sin armas, solo con la ley y la fuerza de la unidad?

Por: Salud Hernández-Mora

¿Nunca se cansarán de estigmatizar a un sector que detestan? ¿O será que su ignorancia les impide ver la realidad?

Insinuar que el derecho de los ganaderos a defenderse de los invasores de fincas puede derivar en la vuelta del paramilitarismo, demuestra que nunca padecieron a las AUC e ignoran su estructura.

Quien crea a estas alturas que con vacunas a ganaderos podían mantener los poderosos bloques de las AUC, evidencia el absoluto desconocimiento del conflicto armado. Comandantes paramilitares y guerrilleros reconocían que sin los dineros de la coca resultaba imposible sostener a sus ejércitos. Las vacunas eran plata de bolsillo.

Solo las guerrillas agregaron el lucrativo negocio del secuestro, con ganaderos y comerciantes como objetivos prioritarios. Durante años, Bogotá despreció sus sufrimientos con una hiriente indiferencia. A los gobiernos les valía cinco tanto si los finqueros permanecían cautivos durante meses y años, como si solo recobraban la libertad pagando altas sumas de dinero. Era problema de ellos.

De ahí que cuando surgieron las Accu (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá), germen de las AUC, mucha gente de la otra Colombia los percibió como su tabla de salvación. Con el tiempo, se dieron cuenta de que solo era otro monstruo sanguinario que no les garantizaba la ansiada tranquilidad sino, más bien, todo lo contrario.

Fue Uribe el primer presidente que paró bolas a ganaderos y agricultores, que obligó a las Fuerzas Militares a proteger a la Colombia rural. Con él, pudieron trabajar de nuevo en sus fincas, que antes solo gestionaban a distancia, pese a pagar vacunas, en ocasiones, de cifras desorbitadas.

Ni decir de los ganaderos que paracos y guerrillas arruinaron. Fueron miles los secuestrados, desplazados y asesinados, pero eso no lo enseñará Fecode en los colegios con la cartilla sesgada de la Comisión de la Verdad.  

A pesar de un pasado cargado de tragedias, el Gobierno Petro, siempre presto a reconocer los derechos de otras comunidades afectadas por el conflicto armado, parece empeñado en castigarlos por el pecado de adorar la ganadería y el campo.

De pronto en Palacio Nariño y en los cenáculos cachacos de la “izquierda caviar” desconocen que solo hay 1.952 grandes ganaderos frente a más de medio millón con menos de 50 cabezas de ganado. También, que es un negocio de márgenes estrechos, dada la multiplicidad de variables comerciales y climáticas impredecibles.

Tampoco recuerdan que acabaron el mercado venezolano por falta de pagos y que la corrupción institucional se alía con las mafias de ganaderos, mataderos y comerciantes, que de todo hay en los gremios, para apropiarse de una buena tajada del negocio de la carne. Es la razón de que el robo de ganado siga en aumento, delito que para las autoridades se volvió paisaje.

En la escala del combate a la delincuencia, llevarse reses cuenta menos que robar una bicicleta o un celular. Los gobiernos celebraron consejos de seguridad para acabar con esos tipos de hurto, pero rara vez estudian la manera de zanjar el abigeato. Y con el robo de cada animal pierden mínimo entre 1 y 8 millones.

“Que se jodan esos paracos”, dirán los estudiantes de universidades privadas que se volvieron petristas y replicarán los círculos mamertos por ese odio visceral hacia los ganaderos que les inculcaron.

Y desde que Petro ganó las elecciones los volvieron un enemigo a batir. La ministra de Agricultura se dedicó a amenazar con impuestos impagables; el de la Dian, al mejor estilo guerrillero, advirtió que les cobraría 15.000 pesos por res. Y con otros miembros de la nueva administración formaron un coro antiganadero que sumió al sector en el desconcierto y la zozobra. Todo ello unido al evidente empeño del presidente en debilitar al Ejército y la Policía, que deben protegerlos.

Sintieron que quedaban desamparados de nuevo, abandonados a su suerte. Que Bogotá no solo los desdeña, sino que los ataca. La respuesta miedosa de muchos ha sido agachar la cabeza, creyendo que no hacer ruido, pasar desapercibido, es la mejor estrategia.

Otros, sin embargo, obraron el milagro que muchos anhelaban desde hacía rato: unirse para defender sus derechos.

Lo sucedido en la hacienda La Oka, de Curumaní, Cesar, les mostró el camino. Decenas de ganaderos, acompañados de policía y autoridades civiles, sacaron a unos violentos invasores profesionales.

El ejemplo sirvió para promover los grupos de “reacción solidaria inmediata”, que propone Fedegán. Su única arma será la presión gremial para expulsar a los que violan su derecho a la propiedad. Las acciones legales, aunque necesarias, suelen quedarse en un saludo a la bandera.

Si este Gobierno avala a la violenta primera línea, así como a las Guardias Indígenas, Cimarronas y Campesinas, ¿impedirá a los ganaderos defender lo suyo sin armas, solo con la ley y la fuerza de la unidad?