Masacrando la formalidad

El mercado laboral colombiano enfrenta un desafío histórico que incide directamente en las condiciones de desarrollo y capacidad de sostenimiento económico del Estado. Construir una cultura laboral equilibrada sigue siendo un desafío estructural que exige decisiones técnicas y responsables, no discursos ideológicos.

Durante décadas, el país ha estado sometido a una narrativa polarizante que, bajo la premisa distorsionada de “igualdad”, ha confrontado de manera sistemática a empleadores y trabajadores. Ese discurso ha distorsionado la figura del empresario, reduciéndolo a un opresor y desconociendo su papel esencial en la productividad y la generación de empleo.

La función gubernamental, conforme a los principios constitucionales, debe ejercerse bajo criterios de neutralidad y orientación al interés general. No obstante, la actual cabeza del Ejecutivo ha demostrado una profunda carencia de sensatez, promoviendo discursos que amplifican la conflictividad social y profundizan las brechas socioeconómicas existentes. La estigmatización de quienes generan empleo se ha convertido en un rasgo recurrente del actual desgobierno, desconociendo que los empleadores —al igual que los trabajadores— contribuyen a la construcción del país, y que incluso asumen mayores cargas derivadas del cumplimiento de obligaciones legales, tributarias y regulatorias inherentes a la actividad empresarial.

En este contexto, el debate anual sobre el salario mínimo se ha transformado en un escenario proclive a la confrontación ideológica, donde desde la Casa de Nariño se insiste en una retórica de antagonismo que señala a los empresarios como explotadores, ignorando la complejidad técnica y económica que reviste este proceso.

La informalidad laboral, que alcanza un 56,8 % de la población ocupada, exhibe con crudeza la fragilidad estructural del mercado laboral colombiano. Este fenómeno implica la exclusión de millones de trabajadores del sistema de seguridad social, exponiéndolos a riesgos que serían mitigables mediante la formalización del empleo. Aun así, el Gobierno insiste en un diagnóstico simplista que no resuelve la informalidad: la agrava.

Se ha optado, desde el discurso presidencial, por privilegiar la popularidad retórica por encima del rigor técnico, afirmando que la mejora en la calidad de vida depende exclusivamente del aumento del salario mínimo. Esta afirmación desconoce los efectos fiscales, macroeconómicos y de sostenibilidad empresarial que implica un incremento desproporcionado y carente de análisis técnico integral.

A ello se suma una evidente desvalorización del papel de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), actores que constituyen el 99,5 % del tejido empresarial y generan cerca del 79 % del empleo formal en el país. Su desconocimiento en el discurso resulta no solo injustificado, sino también contrario a cualquier política pública orientada al desarrollo productivo.

La discusión resulta inequitativa cuando se reduce la prosperidad del trabajador al monto del salario mínimo, omitiendo que la calidad de vida depende de factores estructurales como la estabilidad laboral, la cobertura en salud, las garantías pensionales y la sostenibilidad del aparato productivo. El enfoque populista del incremento salarial desvinculado de criterios técnicos afecta de manera crítica a las mipymes, obligándolas a asumir cargas financieras insostenibles que pueden derivar en cierres empresariales, aumento del desempleo o intensificación de la informalidad.

Lo he advertido reiteradamente: el proceso de desarticulación institucional y económica del país se ha venido ejecutando de manera sistemática. En esta fase, el señalamiento y sacrificio del empresario se ha convertido en el eje central de una estrategia gubernamental que, paradójicamente, termina exponiendo aún más al trabajador. La persistencia de la informalidad laboral —un fenómeno riesgoso, excluyente y estructuralmente regresivo— evidencia que, año tras año, las decisiones adoptadas no buscan fortalecer la formalidad, sino destruirla. Ese es el verdadero riesgo: un gobierno que, en nombre de la igualdad, está masacrando la formalidad.

Por razones de transparencia y respeto a este espacio, he decidido hacer una pausa en mis columnas. Espero retomar más adelante, con el mismo compromiso con el país y con el debate público.