Acabo de regresar de tres días de conferencias con expertos de todo tipo con quienes hablamos sobre el nuevo modelo de autocracias, las tres dictaduras que actualmente hay en el continente y qué se puede hacer para devolverles la libertad. Sin embargo, en los corredores hablé con muchos expertos mexicanos y lo que me queda claro es que México está al borde del abismo.
No lo vemos, pues su economía oculta, en parte, sus problemas. Ser la duodécima economía del mundo le da mucho margen de maniobra para ocultar no solo sus problemas, sino lo que sus gobernantes hacen para terminar con la democracia y crear un régimen totalitario de partido único mucho más autoritario que el pasado histórico en el que el PRI gobernaba de manera hegemónica el país. El cáncer, hoy moribundo, que Cuba fue para Latinoamérica se traslada a México, que ya comienza a vender su modelo totalitario como una democracia moderna. Lo más grave es que muchos de los líderes populistas de la región, y también del mundo, van a querer imponer esa pseudodemocracia autoritaria, más parecida al modelo chino de partido único, no solo en nuestro continente, sino a lo largo y ancho del mundo. En Colombia, Gustavo Petro, Iván Cepeda y sus áulicos se retuercen de felicidad, pues ya ven el camino a seguir si logran regresar al poder. Quedamos advertidos de lo que se nos viene.
Lo primero que hizo Amlo fue acabar con la independencia del Poder Judicial. Nada nuevo. Esa es la primera medida de todos los populistas, con una excepción: parece una reforma democrática, pues los jueces se eligen. Adivinen quién tiene el más grande poder electoral en este país: Morena, el partido de gobierno, con su socio, los narcos. Como si esto no bastara, el modelo de gobierno del sistema judicial queda en manos del Ejecutivo, lo que garantiza una sumisión de los jueces con quien esté en la presidencia.
Allí no para la destrucción de la democracia en México. Hay dos medidas más que muestran por dónde el camino a la autocracia se consolida y el presidente se convierte en un dictador, o, en el caso de México, dictadora. El objetivo es acabar con la libertad de expresión, por un lado, y someter el sistema electoral a la voluntad del Poder Ejecutivo, por el otro.
Para acabar con la libertad de prensa, no basta con la persecución y estigmatización de los periodistas que antes hacía Amlo y hoy hace Claudia Sheinbaum. Hay que ir más allá y para ello se inventan la ley de audiencias, donde el que hable o escriba cualquier cosa tiene que dejar en claro qué es una opinión y qué es un hecho. Algunos piensan que en este mundo de desinformación eso está bien y hace vendible esta ley. La pregunta de fondo es quién decide qué es un hecho o qué es una opinión y si el castigo es económico o el cierre. ¿Adivinan? El Gobierno. Espero que les quede claro que en México la libertad de opinión y expresión va a morir.
Como si esto fuera poco, hay otra ley que le permite al Gobierno cancelar elecciones regionales o nacionales si ve interferencia extranjera en el proceso electoral. Adivinen quién decide si hubo interferencia. El Gobierno. Un editorial del New York Times puede ser interferencia electoral, así que la decisión soberana del pueblo ahora dependerá de lo que opine el gobernante de turno.
El tercer elemento de esta ecuación es el inmenso poder de los narcos, que hoy son parte estructural del partido de gobierno, Morena. Los abrazos y no balazos de Amlo fueron la legitimación de la inclusión de este poder criminal como parte del partido de gobierno. No se trata de mirar para otro lado. No. Alcaldes, gobernadores y funcionarios públicos forman parte de la organización criminal. No es una alianza, es una fusión.
En Colombia, Gustavo Petro trató de hacer lo mismo con su paz total, que en las elecciones presidenciales pasadas pudo agregar cerca de medio millón de votos al candidato del Pacto Histórico, según estudios serios que se han hecho por parte de académicos. Lo grave es lo que viene, pues, como pasó en México, los narcos consolidan su poder en gobernaciones y alcaldías, y por ello hay que mirar con mucho detalle lo que va a pasar en las elecciones del próximo año en Colombia.
Nos guste o no, el presidente Donald Trump destapó esta sociedad criminal-política y los jueces americanos han hecho su trabajo: hoy tienen acusados a distintos dirigentes políticos de Morena por narcotráfico. En gran parte de México, gobernadores y alcaldes llegan al poder con el visto bueno de los narcos. Es más, para ser elegido ya tienen que formar parte de la organización criminal. No es sino ver la cantidad de candidatos asesinados por las organizaciones criminales para darse cuenta del poder de los narcos en el nivel regional. Y también le ayudan al Gobierno nacional en muchos temas, como el del índice de homicidios, que ha bajado, algo de lo que se ufana el Gobierno, pero el de desapariciones ha subido. Como no hay cuerpo, no hay delito, y ya van 130.000 desaparecidos en este país, mientras Claudia Sheinbaum, sí, una mujer y una mamá, le da la espalda a esta problemática. Este solo tema da para otra columna.
Colombia debe aprender de lo que está pasando en México. Santa Marta, lo que pasó allí, es un síntoma y una radiografía de que esto también está comenzando en Colombia.