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Opinión

  • | 2019/03/23 23:00

    Un diálogo social distinto

    Si los indígenas siguen reclamando tierras cuya propiedad creen haber perdido hace siglos y los Gobiernos haciéndoles promesas incumplibles, cada año vamos a estar en las mismas.

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Cuatro cosas complican la situación en el suroccidente del país, donde protestan los indígenas desde hace ya varios días. La primera, que los actores violentos que operan en la zona sí están aprovechando las protestas para poner en jaque la seguridad. Con un agente del Esmad que fue asesinado con arma de fuego, varios heridos en los últimos días y denuncias de violación de derechos humanos de lado y lado, es imposible creer que esto es solo un asunto de habitantes de la zona

que se salieron de control. Sabiendo además que las disidencias del frente Sexto de las Farc han crecido en los últimos meses, y que el ELN y los Pelusos también operan en esta zona del país, sería ingenuo pensar que las bandas criminales no aprovecharían el desorden para alimentar la confrontación.

Lamentablemente, el repudio a estas formas de violencia por parte de las comunidades que dicen estar protestando legítimamente no ha sido suficiente y, por el contrario, el mantenimiento de las vías de hecho y la utilización de niños como escudo en la carretera han puesto de relieve la necesidad de que las autoridades indígenas se desprendan del todo de los actores armados si es que quieren garantizar la autenticidad de sus reclamaciones y su aceptación frente al público nacional.

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La segunda cosa que enrarece el ambiente es que en dos meses serán las elecciones de los representantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), lo que contamina inevitablemente esta protesta y lleva a los líderes que aspiran a ocupar esas posiciones a radicalizarse para quedar bien con su electorado. Esto, como es apenas obvio, obstaculiza la búsqueda rápida de soluciones. Si a ello se suma el apetito por los grandes recursos que siempre han tenido las comunidades indígenas del suroccidente en detrimento de las demás comunidades de otras zonas del país, ni los 10 billones enteritos que están considerados en el Plan Nacional de Desarrollo le alcanzarán al Gobierno para dejar tranquilos a unos líderes que están en plena actividad proselitista y que, para ganarse los votos de su gente, prometen ir por todo y más.

Si los indígenas siguen reclamando tierras cuya propiedad creen haber perdido hace siglos y los Gobiernos haciéndoles promesas incumplibles, cada año vamos a estar en las mismas.

El tercer elemento que complica el panorama es la ambigüedad y amplitud de las reclamaciones. Además de pedir el cumplimiento de los compromisos derivados del último acuerdo firmado con el Gobierno Santos y el pronto acatamiento de los puntos que se desprenden del acuerdo de La Habana, los indígenas vuelven a traer a colación pleitos ancestrales y reclaman propiedad sobre tierras frente a las que creen tener derecho desde hace cientos de años, lo que implicaría despejar un 80 por ciento del departamento del Cauca, como mínimo, para acceder a sus peticiones.

Pero si de generalidades hablamos, la comparecencia del presidente Iván Duque que reclaman las comunidades no es para ceñirse a una agenda con indicadores de seguimiento claros, sino para hablar y discutir temas de carácter nacional como el fracking o la reanudación de los diálogos con el ELN o los programas de sustitución de cultivos ilícitos en todo el país, lo cual resulta sencillamente absurdo.

Finalmente, el cuarto enredo que suele producirse en esta minga –y en todas las demás– no es por culpa de los indígenas, sino de la irresponsabilidad de los Gobiernos que sucesivamente, en momentos de desesperación, ofrecieron el oro y el moro para que les despejaran la Panamericana, sin tener capacidad de cumplirles y amarrando a las futuras administraciones a dichos imposibles. Por eso, si los indígenas siguen reclamando tierras cuya propiedad creen haber perdido hace siglos y los Gobiernos haciéndoles promesas incumplibles, cada año vamos a estar en las mismas.

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Sin la presión de una reelección presidencial que ya no existe y el poco interés que parece tener este Gobierno en incidir en las elecciones regionales, Duque tiene la oportunidad de introducir una lógica de negociación distinta, un diálogo social moderno que ponga límites sensatos a las querencias desbordadas y funcione con realismo a la hora de pactar una agenda que, aunque no deje satisfechos a los intransigentes, les muestre el camino a las mayorías que reclaman más acciones y menos carreta. Infortunadamente, el presidente no le ha dado prioridad a la búsqueda de operadores políticos que tengan claras estas cosas y le ayuden a desenredar tanto bochinche.

Lo cierto es que el país no aguanta más seguir montado en estas bicicletas estáticas de una protesta social que no cambia porque no cambian las maneras en las que se aborda cada paro y movilización. 

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