Fernando Ruiz Gómez  Columna Semana

Opinión

Ni tanto que celebrar

El proceso de crisis de informalidad que estamos atravesando refleja también el fracaso de la política de equidad del Gobierno actual.

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Fernando Ruiz
1 de diciembre de 2025

La última medición realizada por el DANE sobre la tasa de desempleo mostró una importante reducción —una de las más bajas de la última década— con un registro del 8,2 %, comparable a los mejores momentos del auge petrolero, cuando la economía nacional atravesó su mayor cúspide en la historia entre 2010 y 2014.

Sin embargo, en términos de informalidad laboral, otra es la historia. La tasa de informalidad laboral llegó al 56,1 % contra el 55,3 % de octubre de 2024. De los 977.000 empleos netos creados durante el último año, 651.000 correspondieron a trabajadores informales, que aumentaron en el mercado de empleo.

Pero, además, esa informalidad laboral está generando unas condiciones de desigualdad preocupantes en términos territoriales, de género y de edad. Esta situación va en contravía de la visión de futuro de un país más inclusivo e igualitario.

Mientras que en Manizales, Bogotá y Medellín la tasa de informalidad se reportó entre el 33 y el 40 %; en Cúcuta, Sincelejo y Riohacha se ubicó entre el 60 y el 70 %. El promedio de informalidad en las ciudades es del 42 %, mientras que en los centros poblados y las zonas rurales dispersas se situó en el 83,4 %. Esto lo que nos demuestra es que tenemos, en términos de formalidad, dos Colombias con una brecha urbano-rural abismal.

Pero también hay importantes brechas poblacionales. Para el trimestre julio-septiembre de 2025, la tasa de desocupación femenina fue del 10,6 % frente al 7 % de los hombres, lo que está seguramente relacionado con el hecho de que la carga de trabajo doméstico y cuidado no remunerado recae mucho más en las mujeres que en los hombres. Esto representa un oscuro panorama para ellas en un contexto de acelerado envejecimiento de la población colombiana, donde la carga del cuidado tiende no solo a crecer, sino a acelerarse.

Sin embargo, el panorama más preocupante está entre los jóvenes colombianos. Entre los 15 y 18 años están doblemente afectados, por una tasa de desempleo que duplica el promedio nacional y una altísima tasa de informalidad, particularmente en el primer empleo. Esta población enfrenta un perverso ciclo de periodos cortos y recurrentes de desempleo, empleo formal y rebusque, que se transformó en la mayor carga de inequidad en la sociedad colombiana y que ha hipotecado el futuro del país.

Aun cuando la informalidad en Colombia es un problema estructural, la reforma contenida en la Ley 1607 de 2012 ha demostrado que la demanda de trabajo formal es elástica al precio del empleo. La reducción de los costos laborales que enmarca dicha ley —al eliminar la obligación de pagar aportes parafiscales y aportes de salud a cargo del patrón— logró una reducción entre el 2,3 % y el 3 % en informalidad, de acuerdo con estudios realizados por entidades como Fedesarrollo. Esto permitió, por primera vez en décadas, que la informalidad en áreas urbanas rompiera la infame barrera del 50 %, reduciendo la informalidad laboral al 48 %.

El actual Gobierno tomó la vía de crecimiento del costo del empleo a través de ajustes sobre la inflación en los años de gobierno. Indudablemente, esto benefició a los empleados formales —en particular a los sindicalizados y de la gran industria—, pero es muy posible que termine afectando severamente a los medianos y pequeños empleadores que constituyen la gran masa del empleo en Colombia.

El proceso de crisis de informalidad que estamos atravesando refleja también el fracaso de la política de equidad del Gobierno actual. Muy en particular, la gran falla detrás de la concepción y operación de un Ministerio de la Igualdad que no ha tenido ni la más mínima capacidad para formular siquiera una política que mejore las condiciones económicas de jóvenes, mujeres y campesinos. El legado del Gobierno será no solo inexistente, sino regresivo.

Es muy urgente que este tema sea abordado en los debates de la campaña presidencial. La informalidad afecta no solo a las personas, sino también a otras políticas sociales, incluyendo las prioridades futuras de educación, el financiamiento de la salud y, por supuesto, las pensiones. Es preocupante y arcaico que la campaña electoral que se vislumbra se concentre en la trivialidad y los ataques personales. Los problemas reales del país no se han discutido frente a los colombianos, que, en esta oportunidad, no podemos equivocarnos en la definición de cuál será nuestro próximo presidente.

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