Presión a la fuerza pública vs. el vandalismo

¿Se avizora una crisis en las fuerzas militares y en la Policía Nacional? El remezón de más de 50 generales, desde que el presidente Gustavo Petro tomó posesión; la renuncia de 23 oficiales de la Policía, y con los anuncios del nuevo gobierno, se ve afectada la moral de la tropa y los deja maniatados para actuar ante los ataques y defender a la mayoría de los ciudadanos que actúan en el marco de la ley, e incluso que critican el vandalismo y las vías de hecho. La pasividad institucional ante las tomas de tierras que se presentan en el país evidencia una fuerza pública más de acompañamiento y cero capacidades de respuesta ante el vandalismo que va en crecimiento en las ciudades y que cada vez es más radical y agresivo.

Recordemos los anuncios y actuaciones de Gustavo Petro en campaña, cuando bajo el discurso de la “seguridad humana”, precepto impulsado desde 1995 por Naciones Unidas, daba luces sobre la disminución de un papel activo en la seguridad nacional, dejando de lado el bienestar común de las mayorías que no han delinquido y que reclaman actuaciones contundentes contra la delincuencia. Incluso en el discurso de posesión cuando le pidió a la Fiscalía General de la Nación que los 110 detenidos por actuaciones en contra de la infraestructura, vandalismo, afectaciones en bienes públicos y privados y daños en el transporte público, bloqueos que dejaron muertos, quedaran en libertad con la excusa de que son presos políticos. ¡Impunidad!

En este paquete de medidas, preocupa el instructivo expedido por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional que establece los lineamientos procedimentales en escenarios de manifestaciones. Donde los agentes de la fuerza pública deben ahora soportar expresiones “ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas o excéntricas” porque prima el derecho a la protesta sobre la honra y el buen nombre.

Tendrán que acompañar las protestas de manera discreta y no podrán estar apostados en bienes estratégicos. La actuación en estos escenarios pasa de ser preventiva a reactiva, es decir, la intervención será cuando ya estén ocurriendo hechos violentos contra personas e infraestructuras.

Aún no es clara la metodología o los criterios para medir el nivel de agresividad o violencia en las marchas, ¿será que en los PMU habrá un termómetro de violencia?, o ¿tendrán un semáforo? ¿Qué les va a indicar el nivel de agresividad? ¿Quién será el responsable de medirlo?

Los procedimientos están orientados a proteger a los vándalos que se escudan dentro de una movilización pacífica para destruir, pero nada se habla de amparar a los ciudadanos que no son parte de la manifestación. Una experiencia para tener en cuenta son los meses de zozobra que vivieron vecinos de los portales de las Américas, Suba y Usme, quienes vieron afectada su tranquilidad durante meses, sin poder dormir, caminando durante horas, pagando extorsiones, daños en sus residencias y que no tuvieron defensores de sus derechos. Aún hoy hay secuelas físicas y psicológicas de lo que soportaron durante meses, sin recibir nunca una ayuda.

En la práctica me temo que veremos actuaciones como las del pasado 25 de septiembre cuando un grupo de manifestantes proaborto escudadas en la bandera del feminismo, que no nos representa a todas las mujeres, quemaron las puertas de la Catedral Primada, atentando no solo contra un monumento nacional, sino que es una afrenta contra millones de católicos que vivimos en Colombia.

La narrativa de odio contra la policía oculta el hecho que en el marco de las protestas desde 2019 hasta la fecha han resultado heridos más de mil agentes. Habrá quienes basen sus argumentos en las manzanas podridas, pero lo cierto es que la institución viene trabajando en reformas que impactan positivamente el comportamiento de los agentes. Lo que no es permisible es que ahora los dejan maniatados para defender el bien común y a unas mayorías silenciosas que quieren ser aplastadas, por unas minorías destructivas y escandalosas.

También queda sobre la mesa un tema de suma importancia, es saber quién debe ordenar la intervención sobre lo que está ocurriendo, ¿es aquel que está viviendo los hechos? ¿Qué procedimiento seguir? El trámite de que el comandante informe al PMU y esperar órdenes solo retrasa la capacidad de reacción. No es correcto un solo instructivo para todos los procedimientos porque no es algo simétrico, las circunstancias son diferentes en cada contexto.

Diferente sería si se trabaja de forma preventiva, dando instrucción antes de empezar el servicio o durante la intervención sobre el respeto de los derechos humanos, el uso adecuado de la fuerza, la manera de intervenir con las armas menos letales. No es posible restringir ese derecho a evitar que los agredan o proteger la vida de terceros, es una obligación de los policías, es más, el ataque al funcionario no solo es golpeándolo.

No es posible restringir ese derecho a evitar que los agredan o proteger la vida de terceros, es una obligación de los policías. Ministro, escuchemos a la policía, y asista al terreno cuando los vándalos estén actuando, seguro cambiará su percepción.