Un proyecto necesario

Una de las banderas con las que Iván Duque llegó a la Presidencia de la República fue la de la prohibición del porte y consumo de la dosis mínima en el espacio público. Esa promesa de campaña llevó a la expedición del Decreto 1844 de 2018, con el que el Gobierno buscaba dar herramientas a las autoridades, con base en el Código de Policía, para decomisar las dosis mínimas en el espacio público. Con resultados cuestionables, el decreto siguió vigente hasta que la Corte Constitucional declaró inexequibles dos artículos del Código de Policía, dejando sin sustento jurídico el decomiso de la dosis mínima.

En su decisión, la Corte señaló que la prohibición incluida en los artículos 33 y 140 de la Ley 1801 de 2016 no era razonable, no tenía una relación clara con el mejoramiento de la convivencia y la tranquilidad y violaba el derecho al libre desarrollo de la personalidad. La decisión del Alto Tribunal, que sigue la línea que desde 1994 se ha seguido en materia de dosis mínima, dejó sin herramienta alguna al Gobierno para cumplir con su compromiso de alejar a los consumidores y a los jíbaros de los lugares donde hay niños y jóvenes.

Mientras todo eso sucedía, un proyecto del senador Rodrigo Lara avanzaba. La iniciativa pretende prohibir, sin criminalizar, el consumo de sustancias psicoactivas en parques, entornos escolares y escenarios deportivos y da facultades a los alcaldes para que, reconociendo porte y consumo como una manifestación de la autonomía, puedan tomar medidas para evitar que ese ejercicio de la libre personalidad no choque con los derechos de los niños y la convivencia pacífica de los ciudadanos. 

Ese proyecto, que pasó por debajo del radar durante meses, se volvió la salida ideal para llenar el vacío que dejó la decisión de la Corte de ‘tumbar‘ las prohibiciones del Código de Policía, que eran a todas luces excesivas, pero que dejó como resultado una inconveniente situación de coexistencia sin límites entre el consumo de drogas y los menores de edad.  Llama la atención que quienes hoy se oponen a la iniciativa pertenezcan al partido que ondea con mayor vehemencia la bandera de la lucha contra el consumo de drogas en lugares públicos: el Centro Democrático. 

El partido del expresidente Álvaro Uribe ha dicho que aunque el texto propuesto cierra la puerta al porte y consumo de drogas en ciertas zonas, al mismo tiempo legaliza esas conductas en las zonas del espacio público excluidas de la iniciativa. Ese argumento ignora el hecho de que desde 1994, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido el consumo de drogas como una actividad amparada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad; cualquier norma que insista en desconocer esa realidad no será aplicable, como sucedió con el decreto del presidente Duque. En ese entendido, no hay en el panorama una salida mejor a la propuesta por Cambio Radical. 

Es entendible que algunos candidatos basen sus campañas en la promesa de cerrar las puertas de colegios y  parques a los vendedores y consumidores de drogas; también es entendible que haya preocupación porque ese proyecto le quita el piso a la plataforma programática de algunos; sin embargo, las consideraciones electorales no pueden ser razón para no acompañar una iniciativa que es difícil de controvertir, teniendo en cuenta el contexto. 

La próxima semana se reanudará el último debate del proyecto en la Plenaria de la Cámara y los distintos partidos políticos tendrán la oportunidad de sentar precedente en materia de respeto de los derechos fundamentales, en el marco de la armonía de las relaciones sociales. Dejar morir la iniciativa por razones fundamentalistas - en defensa o en rechazo de los derechos de los consumidores- sólo llevará a una situación de incertidumbre que poco le conviene al país.