Reclutamiento de menores: un drama del que hoy nadie quiere hablar

La muerte de 15 menores de edad en combates con el Ejército ha puesto sobre la mesa una realidad: en Colombia el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por grupos ilegales viene en aumento, pero muchos fingen que nada está ocurriendo.

Esta dolorosa verdad estalló con el bombardeo de un campamento en el Guaviare hace una semana. Ocho menores fueron dados de baja cuando el Ejército bombardeó un campamento de las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco. La confirmación de la muerte de menores en filas de las disidencias generó opiniones contradictorias, pues mientras en gobiernos anteriores la muerte de niños y adolescentes en filas guerrilleras fue objeto de la más fuerte censura por distintos sectores políticos, esta vez una gran mayoría se sostuvo en la validez de estas acciones, empezando por el mismo Gobierno.

En 2019, el entonces senador Roy Barreras promovió una moción de censura contra el ministro de Defensa de Iván Duque, Guillermo Botero, después de que se conociera la muerte de siete menores en un bombardeo ocurrido el 29 de agosto de ese año en Puerto Rico, Caquetá. Estos menores estaban en un campamento de disidentes de la Farc y su muerte generó una ola de críticas que llevó a que el ministro Botero tuviera que renunciar.

Pero no fue solo Roy. Ante los distintos bombardeos que cobraron la vida de varios menores de edad, senadores como el hoy ministro Antonio Sanguino se opusieron tajantemente a estos bombardeos, pues la muerte de un niño, decían, no podía tener ninguna justificación. “El intento del presidente Iván Duque de justificar el bombardeo en el que murieron cuatro menores en Chocó demuestra su desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario, que obliga al Estado de (sic) proteger y rescatar a los menores víctimas de reclutamiento forzado”, decía Sanguino en octubre de 2021. “¡Que el ministro Diego Molano renuncie por bombardeo a niños en el Guaviare!”, sentenciaba Sanguino en sus redes.

Y, por supuesto, también lo hacía el entonces senador Gustavo Petro, que calificaba estos hechos como “crímenes de guerra”.

Pero hoy, como presidente, Petro no solo justifica los bombardeos en los que mueren menores, sino que asegura que continuarán, y sus acérrimos contradictores, como Antonio Sanguino y miembros de su Gobierno que antes repudiaban este tipo de ataques, hoy guardan silencio frente a estas muertes.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró en entrevista radial: “Las normas dicen que niños van de 0 a 12, y de 12 a 18 son adolescentes. Aquí no han muerto niños o niñas, son adolescentes… Cualquier persona que se involucre en las hostilidades es un blanco legítimo”, aseguró.

Y el presidente insistió: “Decir que se paren los bombardeos en acciones ofensivas de los narcos es invitarlos a reclutar más niños”.

Con este cambio abierto de posición política, hay un peligro inminente de que se silencie la realidad de que los grupos armados ilegales están reclutando cada vez más menores y que el Estado colombiano no ha hecho absolutamente nada para frenarlo.

La única funcionaria que constantemente ha pedido atención a este incremento evidente es la defensora del Pueblo, Iris Marín. Aunque las cifras reales son imposibles de establecer, la Defensoría alertó que entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2024, 409 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas del reclutamiento forzado, lo que ya significaba un aumento significativo respecto a los 342 casos registrados en 2023.

Este reclutamiento se está dando de manera crítica en el Cauca, con 325 casos, seguido por Putumayo, Valle, Huila, Arauca, Nariño y Norte de Santander.

Es el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc el que más recluta, pero también lo hacen el Ejército Gaitanista (Clan del Golfo), la Segunda Marquetalia, el ELN y las demás bandas criminales que se multiplican en nuestro país.

Sin embargo, estas cifras distan mucho de la realidad y la radiografía real es aún más crítica, pues las familias no denuncian por miedo y porque, en el fondo, es denunciar que sus propios hijos ahora forman parte de una organización criminal.

Indepaz denunció hace más de un año cómo las redes sociales se han convertido en el campo de seducción de los grupos ilegales a los jóvenes más vulnerables, a quienes prometen lo que la sociedad les niega: un futuro. Por eso, ante las falsas promesas de un salario y un desarrollo, se unen a las filas. En otros casos, se los llevan a la fuerza. Son los indígenas y población afro las presas más fáciles de los criminales, con más del 40 por ciento de los casos.

A pesar de la gravedad de lo que ocurre, hoy las voces que advierten sobre este creciente fenómeno no tienen eco. Los congresistas de la bancada de Gobierno, que antes citaban debates para defender los derechos de los niños y pedían acciones contundentes del Estado, permanecen mudos, al igual que muchos de los defensores de derechos humanos. El afán de no contradecir a un Gobierno del que son afines, y de no reconocer que la política de “paz total” fracasó (y por ello crece la presencia armada en el país y, con ella, el reclutamiento forzado), han hecho que hoy no exista un pedido de medidas efectivas para frenar el reclutamiento forzado de menores.

Otra vez Colombia está viviendo el drama de ver a sus niños en los grupos armados ilegales, pero, a diferencia de épocas anteriores, hoy muy pocos exigen al Gobierno su protección y la preservación de su vida por encima de cualquier consideración.

Eso pasa cuando los principios se ajustan a las conveniencias particulares y a los gobernantes de turno.