El presidente del Congreso pidió separar al registrador Nacional, Alexander Vega, de las próximas elecciones presidenciales y en su lugar nombrar un registrador ad-hoc, que garantice la transparencia y credibilidad de los resultados electorales.
El registrador Vega no acudió a la citación de control político en el Senado, en su lugar envió a un registrador delegado para explicar las irregularidades en las pasadas elecciones del 13 marzo.
De acuerdo con una reforma constitucional de 2003, el registrador Nacional es escogido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante concurso de méritos, para un periodo de cuatro años.
Alexander Vega fue elegido en octubre de 2019, luego de superar con el puntaje más alto el respectivo concurso de méritos. Posteriormente, fue galardonado como mejor servidor público en la estrategia de vinculación de jóvenes al Estado colombiano, por el Presidente de la República.
Según la Ley 1134 de 2007, en caso de vacancia absoluta, temporal o terminación del periodo del registrador Nacional, los presidentes de las corporaciones judiciales que lo eligen podrán encargar a un interino por un periodo no mayor a la duración del concurso de méritos.
De otro lado, el Consejo Nacional Electoral puede remover al registrador por cualquiera de las causales establecidas en la ley, función analizada por la sentencia C-230A de 2008, que exige el trámite del correspondiente proceso disciplinario o de cualquier otro proceso judicial que culmine con destitución y que excluye por inconstitucional la causal de remoción de “parcialidad política”, ya que no es suficientemente determinada.
Así las cosas, no es posible separar al registrador Vega de las próximas elecciones presidenciales, como tampoco nombrar un registrador ad-hoc, sin que se adelante el correspondiente proceso disciplinario o judicial que culmine con destitución del cargo, en cuyo caso los presidentes de las corporaciones judiciales encargarán a un interino por un periodo no mayor a la duración del concurso de méritos.
El registrador Nacional no ha ofrecido, como debiera, las explicaciones oportunas y suficientes que permitan entender y corregir las irregularidades de las pasadas elecciones legislativas, así como tampoco ha contribuido a construir una mayor credibilidad de su gestión como organizador y garante de las próximas elecciones presidenciales.
Sin embargo, la solución no es generar incertidumbre o inestabilidad en la Registraduría Nacional, con propuestas peregrinas de separar a quien dirige la organización a menos de 2 meses de las elecciones.
La organización electoral ha demostrado en el pasado su capacidad profesional y técnica para adelantar las elecciones, en este caso, se trata de identificar y corregir los errores, de que se ofrezcan garantías y posibilidades de observación de todo el proceso electoral y de prevenir actos de corrupción en cualquiera de sus etapas.
No sobra mencionar que la Procuraduría General de la Nación es la autoridad competente para adelantar los procesos disciplinarios contra el registrador Nacional y que los puede adelantar de oficio respecto de las irregularidades surgidas el pasado 13 de marzo.
En las actuales circunstancias de confrontación política, no conviene arrojar más sombras de duda sobre la Registraduría ni presagiar fraudes históricos, lo que corresponde es fortalecer las instituciones, aumentar su credibilidad y tramitar cualquier reclamación o insatisfacción por los procedimientos legales.